Hace un par de años, el colombiano Germán Enrique Rubio Salas, el nombre real de quien hoy se da a conocer como Álvaro Enrique Pulido, no se había tomado las amenazas de su captura en serio. Según contó el periodista Gerardo Reyes, Marshall Billingslea, subsecretario de financiamiento del terrorismo del Departamento del Tesoro durante el primer gobierno de Donald Trump, le había enviado una gorra en cuyas viseras escribió: “I see you soon” (“Nos vemos pronto”, en inglés). No fue el único en recibir una.
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Su socio principal, el empresario Alex Saab, acusado de ser un testaferro del régimen, también recibió una de ellas, al igual que otros funcionarios del chavismo. Pero mientras el resto miraba el “regalo” de EE. UU. con preocupación, Álvaro Pulido posaba en público con su gorra, pensándose un intocable, según recuerdan hoy reporteros locales.
“Esta gente vivió durante más de una década protegido por ese poder, haciendo negocios de toda clase. Y es evidente que en determinado momento pierden la noción de la realidad y creen que de forma permanente tendrán esa suerte. En el caso de ambos, es muy emblemático eso porque sabían desde 2019 que la justicia estadounidense los venía buscando, pero seguro creyeron que todo ese poder que tenían les permitía escapar de esa amenaza”, señala Roberto Deniz, reconocido periodista de investigación y editor principal de Armando.info, el portal más importante en el seguimiento del caso Saab.
A pesar de su confianza en el sistema que lo protegía, en 2023, Pulido fue arrestado en medio de una operación contra la corrupción liderada por la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien el pasado domingo, ahora como presidenta encargada, le dio el golpe final y autorizó su deportación a Estados Unidos. Fue, en palabras de Deniz, “uno de los primeros sacrificados”.
Rodríguez nunca quiso tener nada que ver con Saab y Pulido, según cuenta Deniz. Su relación era una convivencia forzosa por conveniencia que iba a terminar tan pronto como los intereses de la hoy gobernante cambiaran. Y estos empezaron a hacerlo con mayor fuerza ese año.
“Es muy cómico porque lo apresaron mientras gritaban que liberaran a Saab. La estructura de poder político en Venezuela es casi mafiosa. Y quienes entran tampoco la tienen fácil en salir porque salen solo cuando caen en desgracia o pierden poder”, dice Deniz.
Los analistas y expertos en este entramado judicial coinciden en que esa “purga anticorrupción” que ejecutaron los Rodríguez -Delcy y su hermano, Jorge- nunca fue una cruzada de justicia, sino una estrategia quirúrgica propia para barrer a la competencia del círculo de Maduro, entre los que estaban Saab y Pulido, y atrincherarse en el poder al estilo de una escena de una película mafiosa.
“Es muy cínico” que hoy Rodriguez quiera desentenderse de ellos dos, agrega el experto, pues fue ella precisamente, al controlar las asignaciones presupuestarias, las autorizaciones de divisas y las exoneraciones de aranceles, la que avaló los decretos y resoluciones que permitieron que las empresas de maletín de Saab y Pulido monopolizaran la importación de alimentos para el programa CLAP, a pesar de las constantes denuncias que habían.
¿De qué se acusa a Pulido?
El martes, en el tribunal federal del Distrito Sur de Florida, Pulido escuchó la lectura formal de sus ocho cargos criminales por conspiración para lavado de dinero. La Fiscalía estadounidense ratificó que el empresario lideró un esquema transnacional que llegó a blanquear más de USD 2,000 millones. Las autoridades judiciales determinaron que Pulido utilizó el sistema bancario de los Estados Unidos para canalizar sobornos dirigidos a altos cargos chavistas, una maniobra ejecutada con el fin de asegurar contratos exclusivos y masivos con sobreprecios en detrimento de la población vulnerable.
El historial criminal de Pulido, sin embargo, comenzó mucho antes de su desembarco en Venezuela. A finales de la década de 1990, bajo su nombre real, estuvo vinculado a las redes del narcotráfico en Bogotá, formando parte del denominado Cartel del Dorado. Esto le costó detenciones en Colombia y condenas por tráfico de estupefacientes en Italia. Luego, tras evadir la justicia, compró ilegalmente la identidad del verdadero Álvaro Pulido para borrar su expediente criminal. Con este nombre, y un historial “limpio”, se mudó a Venezuela en 2006 y formó su alianza con Saab.
Juntos, Saab y Pulido, explotaron las urgencias del país mediante el desvío de recursos públicos destinados a programas de construcción de viviendas y, posteriormente, a través de la sobrefacturación en la importación de alimentos para el programa de seguridad alimentaria CLAP.
Ahora, que Pulido se enfrente ahora a la justicia estadounidense puede ser leído como un terremoto que deja réplicas en toda la región. Primero en Venezuela. Con la extradición de Pulido ya son dos las caídas de alto perfil dentro del círculo financiero e íntimo que sostuvo a Nicolás Maduro que han sido deportadas a Estados Unidos.
“El interés de la justicia en Estados Unidos es abultar el caso contra Maduro”, dice Deniz, quien agrega que ambos tienen mucha información sobre la corrupción del régimen venezolano y saben muy bien quiénes son los operadores de los Rodríguez. Con la declaración de culpabilidad de Saab, Pulido “no tiene manera de defenderse”, remata el experto.
“Pero si hay alguien que debería procesarlos es el sistema judicial venezolano, porque es allí donde hicieron el daño porque usaron fondos públicos venezolanos”, dice Deniz. Sin embargo, la lógica de la actual cúpula de Miraflores no tiene fijado como propósito la justicia, en sus palabras, sino “lavarse las manos” y, a medida que unos van cayendo en desgracia, sacrificar a las fichas que quedan del régimen de Maduro.
La lista de figurs que Delcy tiene disponibles para “sacrificar” todavía es larga. Según Bloomberg, Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y antiguo zar de la economía chavista, y Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, estarían en la mira de la justicia estadounidense, especialmente en los casos que llevan desde hace años.
El Aissami fue el artífice del desfalco de miles de millones de dólares mediante cargamentos opacos de crudo y criptoactivos en PDVSA, una red en la que el propio Pulido participaba activamente. Por su parte, Moreno operaba como el garrote judicial que garantizaba la impunidad total de estos esquemas y extorsionaba a empresarios a cambio de favores legales. Ambos terminaron tras las rejas cuando la cúpula de los Rodríguez reconfiguró sus lealtades de cara al nuevo panorama político.
También hay nombres como Carlos Lizcano o Ramón Carretero. Lizcano es un operador de absoluta confianza de la dupla Saab-Pulido, encargado directo de manejar las redes logísticas de las tiendas CLAP (Salva Foods) en Venezuela y señalado por la justicia de EE. UU. como pieza clave en la distribución del dinero de los sobornos. Carretero, por su parte, ha operado históricamente como un poderoso intermediario financiero para comercializar el crudo de PDVSA, trabajando en sociedad directa con Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores y Maduro. Lizcano está preso, mientras que Carretero sigue prófugo.
La constelación de operadores financieros de Maduro se complementa con Raúl Gorrín, un empresario venezolano que, cuenta Deniz, tiene una acusación en Estados Unidos por lavado de dinero. Fue detenido junto con Saab.
“El tema es que en Venezuela la Constitución prohíbe la extradición de nacionales. Hasta ahora han enviado a Saab y Pulido porque son colombianos”, dice Deniz, quien advierte que Delcy Rodríguez podría inventarse una figura para enviar al resto de fichas a EE. UU.
Entre tanto, mientras sacrifica a los peones de Maduro, Delcy ha reacomodado sus propios alfiles en las posiciones clave del tablero. El cambio en la Fiscalía lo explica bien. Tras la renuncia de Tarek William Saab, hombre de confianza de Maduro, el cargo quedó en manos de Larry Devoe, un jurista de su confianza que controlará, en buena medida, a quién se persigue en Venezuela y a quién no. Y, por supuesto, el caso de Alejandro Betancourt, empresario con años de señalamientos por contratos eléctricos y por presunto lavado de fondos de PDVSA, pero a quien se le han concedido contratos sin licitaciones a través de su empresa North American Blue Energy Partners (NABEP).
El caso Pulido en la región
Pero las réplicas del caso Pulido no solo se sentirán en Caracas, con el círculo de Maduro temiendo por su futuro, sino también en Ecuador. La comparecencia de Pulido en Miami revive de inmediato los fantasmas del caso Foglocons (Fondo Global de Construcción), una de las mayores estafas financieras perpetradas en territorio ecuatoriano. A través de esta empresa, Saab y Pulido instrumentalizaron el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), un mecanismo cambiario artificial creado bajo el ala del bloque del ALBA, donde además de Venezuela figuraban economías como Cuba, Bolivia y Nicaragua.
Foglocons utilizó este sistema para declarar exportaciones ficticias de materiales de construcción desde Ecuador hacia Venezuela. La firma declaraba ventas masivas con sobreprecios astronómicos de productos que, en la práctica, jamás salían de los puertos o consistían en contenedores vacíos.
El esquema sirvió para que el Banco Central del Ecuador entregara dólares legítimos a cambio de las devaluadas unidades SUCRE venezolanas, desangrando las reservas monetarias de Ecuador y lavando cientos de millones de dólares de origen ilícito. El pasado 17 de septiembre, la Asamblea ecuatoriana aprobó con 84 votos un informe actualizado sobre el caso SUCRE y lo remitió a la Fiscalía, Contraloría y otros organismos. Aunque el arresto de Pulido no reabre su causa penal, sí podría avivar la presión para hacerlo.
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