El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, definió en tres fases el plan para consolidar el cambio en Venezuela: estabilización, recuperación y transición, como parte del proceso de tutelaje que ejerce el gobierno de Donald Trump sobre el régimen chavista en cabeza de Delcy Rodríguez tras la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Pero en medio de la tragedia por los terremotos del 24 de junio, cada vez son más las voces que reclaman a las autoridades norteamericanas acelerar el retorno a la democracia para que unas autoridades legítimas se pongan al frente de la recuperación socioeconómica y la reconstrucción material de Venezuela.
El gobierno de Delcy Rodríguez no es legítimo ni legal a pesar de las maromas del Tribunal Supremo de Justicia. El chavismo se mantiene en el poder porque afirma que le puede garantizar al señor Trump que Venezuela no va a devenir en el caos y anarquía mientras ellos conserven el control del aparato represor. No obstante, la tragedia y la incapacidad de las autoridades del régimen en el manejo de la crisis cuestionan su capacidad en el mediano y largo plazo. Venezuela no se va a recuperar en manos del régimen que llevó a el país a la Emergencia Humanitaria Compleja, por eso la transición política se hace más importante y el Estado colombiano está llamado a jugar un papel en la recuperación de la democracia.
No habrá un gobierno legítimo en Venezuela sin la participación política de la diáspora y Colombia es el mayor receptor de los migrantes venezolanos, 2.844.488 están en el territorio nacional según los datos oficiales de Migración Colombia a mayo de 2026. De ellos 2.031.836 son mayores de edad y 1.350.241 gozan de regularización, en otras palabras, están plena y legalmente identificados por el Estado colombiano. Pero la gran mayoría de los venezolanos en Colombia no puede participar en las elecciones porque la instrumentalización del marco legal por parte del régimen chavista no se los permite.
En momentos que se retoman las negociaciones para la transición en Venezuela entre el oficialismo chavista y la Asamblea Nacional de 2015-2020 con el beneplácito de las autoridades de la administración Trump, es importante incluir en la agenda la participación política de los venezolanos en el exterior. El Estado colombiano puede apoyar el proceso en compañía de agencias multilaterales y ONG internacionales para facilitar la participación de los venezolanos, lo cual no es una tarea menor, pero puede ser un ejemplo para replicar en otros países como Perú, Chile o donde está radicada la comunidad venezolana.
No sería democrático que se impidiera participar a la población de Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela después de Caracas, hoy en Colombia hay más venezolanos que en Maracaibo, y plenamente identificados por las instituciones del Estado colombiano más que toda la población de Barquisimeto, la cuarta ciudad del hermano país. El Permiso por Protección Temporal (el PPT) del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) no solo es el instrumento que le dio acceso a los venezolanos a la regularización en Colombia también puede llegar a ser un instrumento para que recuperen sus derechos políticos en Venezuela.
El Estado colombiano debe ser un actor activo en la arquitectura de la participación política de la diáspora venezolana en dirección a la recuperación de la democracia. Sólo unas elecciones libres, justas, con acompañamiento internacional y que permitan la participación de la diáspora revestirán de legitimidad a las autoridades que liderarán el proceso de reconstrucción de Venezuela.
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