Lo último que se vio del colombiano Samuel Salazar, el 26 de julio, fue su cuerpo forzado a entrar a un vehículo manejado por actores armados en la frontera de Venezuela con Colombia, en el municipio Capacho Nuevo, zona del estado Táchira, a las 4:00 p. m. El secuestro del reverendo y defensor de derechos humanos encendió las alarmas de seguridad y las preguntas de su comunidad sobre su paradero y bienestar.
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El secuestro fue rechazado por el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y el Foro Internacional de Víctimas, que emitieron un comunicado en el que condenaron el hecho. Ambas organizaciones destacaron que Salazar se desempeña como consejero de paz para las Américas y es delegado de la sociedad civil en temas relacionados con las migraciones.
“Hacemos un llamado respetuoso y urgente a las autoridades competentes de Colombia y Venezuela para que adelanten las acciones necesarias que permitan establecer su paradero, esclarecer las circunstancias de su desaparición y garantizar el pleno respeto por su vida, integridad y derechos”, afirmaron en el comunicado.
Las autoridades colombianas no se han manifestado sobre el caso, pero este encendió las alertas del gobierno local venezolano de Táchira, encabezado por el gobernador Freddy Bernal, quien en mayo de este año habría afirmado que en la zona no se presentaban secuestros o casos de extorsión desde hace cuatro años.
La crisis de seguridad y de presencia de grupos al margen de la ley no es nueva en la frontera, pero sí parece estar siendo cada vez más presente en territorios donde no se veían estos actos hace años, especialmente dirigidos a servidores públicos por los derechos humanos como Salazar. A esto se le suma el cambio de gobierno en Colombia, donde asumirá el nuevo presidente Abelardo de La Espriella el próximo 7 de agosto para enfrentar estas amenazas crecientes en las comunidades fronterizas.
Según explicó la periodista especializada en temas militares y de frontera Sebastiana Barráez, el secuestro del reverendo Salazar difícilmente pudo haberse producido sin el conocimiento o la complacencia de las autoridades que ejercen control sobre el estado Táchira. En su análisis, señala que el gobernador Freddy Bernal mantiene una fuerte influencia sobre la seguridad en esa zona fronteriza y sobre distintos actores armados que operan allí.
Barráez sostiene que, desde hace varios años, los enfrentamientos entre grupos paramilitares colombianos y las guerrillas disminuyeron porque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) consolidó su control territorial. Sin embargo, afirma que ese dominio no se estableció de forma independiente, sino bajo la supervisión y el conocimiento de Bernal. Por ello, concluye que un secuestro de esta magnitud difícilmente habría ocurrido sin que quienes controlan la frontera estuvieran al tanto de lo sucedido.
El crimen organizado y la supuesta complicidad que existe con el régimen venezolano exponen a los colombianos de la frontera a situaciones peligrosas que el nuevo gobierno de De La Espriella tendrá que atender.
“Aunque Abelardo de la Espriella ha dicho que no mantendrá relaciones con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, es prematuro anticipar cómo evolucionará esa decisión, porque la frontera entre Colombia y Venezuela tiene una dinámica propia, marcada por vínculos históricos, sociales y la presencia de grupos armados, que muchas veces trasciende las decisiones de Bogotá y Caracas”, afirmó Barráez.
Por su parte, Txomin Las Heras, investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y presidente de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, considera que la transición política en Venezuela y el cambio de gobierno en Colombia podrían traducirse en una mayor coordinación en materia de seguridad. A su juicio, la influencia de Estados Unidos sobre el gobierno venezolano y la llegada de Abelardo de la Espriella, quien ha hecho de la lucha contra los grupos armados una de sus principales banderas, favorecerían una alineación con las políticas regionales de seguridad impulsadas por Washington, lo que podría aumentar la presión sobre organizaciones como el ELN y las disidencias de las FARC.
Durante los últimos años, el ELN encontró en Venezuela un entorno que le permitió ampliar su presencia, fortalecer su estructura y operar con mayor libertad. Esto fue posible por la permisividad de las autoridades venezolanas de entonces, según la periodista, y el respaldo político de aliados internacionales del proyecto bolivariano, entre ellos Cuba, Rusia, China e Irán. Esto podría tener un impacto significativo en la seguridad de la frontera, pues, según Las Heras, los grupos armados comenzarían a enfrentar una mayor presión tanto desde Colombia como desde Venezuela. Aunque todavía es incierto cómo actuará el nuevo gobierno venezolano frente a estas organizaciones, el investigador considera que la influencia de Estados Unidos buscará desmantelar el respaldo y los espacios de operación de los que estos grupos han gozado durante años en territorio venezolano.
Cualquier colaboración entre Colombia y Venezuela para combatir a los grupos armados irregulares dependerá de la reconstrucción de la confianza entre ambos gobiernos. Sin embargo, los expertos avisan que ese proceso no será fácil ni rápido. Requerirá tiempo y un esfuerzo sostenido para poder desarrollar políticas coordinadas en materia de seguridad.
Por ahora, ni el gobierno venezolano ni el de Colombia se han manifestado frente al secuestro del connacional y, por ende, no se ha dado más información de los pasos a seguir por parte de las autoridades.
“Se trata de un proceso gradual que exige construir confianza mutua, por lo que es prematuro esperar resultados importantes en el corto plazo. Aunque podría comenzar a generarse un nuevo clima de cooperación entre ambos países en asuntos de seguridad, los avances concretos tomarán tiempo”, concluyó Las Heras.
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Por Laura Henao Arévalo
