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“La orden a Migración es clara: que empiecen los operativos coordinados con la Policía en Barranquilla para dar contra los ‘inmigrantes ilegales’. Primero, quienes estén cometiendo delitos. Segundo, quienes permanezcan en el país sin regularizar su situación migratoria”. Con esas palabras, y con menos de 20 días en el poder, el presidente colombiano Abelardo De la Espriella dio un duro golpe a casi una década en materia de política migratoria para Colombia, una hoja de ruta que había sido ampliamente alabada en todo el mundo.
La decisión, que rompe con el consenso que sostuvieron los tres gobiernos anteriores frente a la diáspora venezolana, ubica así a Colombia dentro de la ola de gobiernos de ultraderecha que en la región han hecho de la mano dura migratoria una bandera de gestión.
“Es una mala señal. Partiendo únicamente desde el uso de las palabras, al hacer referencia a los migrantes tanto en campaña como en esta primera declaración ya como presidente en ejercicio como ilegales, no es cuestión de un error: es una posición deliberada del presidente en el cual pues se asume un poco el discurso de un sector de la derecha latinoamericana que ha decidido encontrar en la narrativa antiinmigrante uno de sus nichos”, señaló Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y Profesor de la Universidad de La Sabana.
Desde 2015, cuando comenzó el éxodo de más de 7,8 millones de venezolanos, Colombia construyó una arquitectura jurídica de regularización que se convirtió en referencia global, sostenida indistintamente por gobiernos de centro, derecha e izquierda. Rodríguez advierte que el discurso oficial confunde irregularidad migratoria con criminalidad, una asociación que la evidencia no respalda y que, según él, reactiva un estigma del que Colombia se había mantenido al margen en gran medida.
“Se repite nuevamente lo de Claudia López cuando una persona con un cargo alto tiene que dirigirse respecto a la dinámica y al abordaje del tema migratorio, termina generando unas dinámicas muy fuertes de xenofobia”, añadió Rodríguez.
¿A quiénes va a afectar?
El gobierno no ha aclarado cómo se ejecutarían las operaciones contra la población migrante. Sin embargo, el impacto potencial de la medida es mayúsculo. De los 2,8 millones de venezolanos que viven en el país, 848.000 se encuentran en situación irregular -no ilegal, pues ningún ser humano está en condición de ‘ilegal’ como dice el mandatario-, según Migración Colombia, y 193.000 de ellos son menores de edad. “Eso es más que la población de Bucaramanga”, dice el experto. Muchos de estos migrantes estaban a la espera de mecanismos que permitieran su regularización.
Aunque el mandatario evitó nombrar directamente a Venezuela, esa comunidad representa cerca del 90 % del total de la población migrante y es, en la práctica, el destinatario principal del anuncio.
“El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que desarrolló el presidente Duque fundamentalmente logró poder tener nombre y apellido, identificación plena a los ciudadanos venezolanos que se encontraban en nuestro territorio… sin lugar a duda el mejor efecto que logró el Estatuto fue la plena identificación de los venezolanos en materia de seguridad. Queda pendiente algo que debería ser resuelto por este gobierno: regularizar esos 847.894 venezolanos, pero por otro lado también tiene que trabajar en dirección al proceso de transición que van a tener los venezolanos”, añade Rodríguez.
A diferencia de Argentina o Chile, Colombia comparte con Venezuela 2.219 kilómetros de frontera activa y una relación diplomática tensa con el gobierno de Delcy Rodríguez, lo que complica trasladar sin matices las fórmulas de deportación masiva ensayadas por Javier Milei o José Antonio Kast.
Rodríguez insiste en que buena parte de la población migrante ha sido también víctima de estructuras ilegales que operan en esa zona, no su origen. Además, ha destacado su gran aporte a la economía local. Según estimaciones, la población venezolana aporta cerca de USD 3.000 millones anuales a la economía colombiana en consumo, impuestos y emprendimiento, una cifra que cualquier operativo masivo pondría en riesgo.
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