El lunes último se cumplieron nueve meses de las elecciones presidenciales venezolanas en las que Nicolás Maduro se autoproclamó presidente por tercer periodo consecutivo, con el respaldo de las principales instituciones del país. Mientras esto se conmemoraba en Venezuela, en Colombia, específicamente en el centro de Bogotá, un grupo de alrededor de 30 personas se reunió en la Plaza de Bolívar, frente a las instalaciones del Congreso de la República, para realizar un plantón exigiendo al gobierno colombiano la liberación de cerca de 12 ciudadanos que estarían presos en Venezuela.
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Se trata de sus familias, que llegaron a la capital desde diferentes puntos del país —Pueblo Bello (César), Boyacá, los Llanos Orientales, entre otras regiones— para gritar con megáfonos y parlantes consignas como “Ser migrante no es un delito” y “Libertad para nuestros familiares detenidos en Venezuela”. La mayoría de estas historias repite un patrón: colombianos en territorio venezolano en los últimos nueve meses que fueron interceptados por la Guardia Bolivariana para una inspección y cuyo paradero es, hasta este martes, desconocido.
“Llevaba cinco años sin ver a su mamá y fue detenido en el puente José Antonio Páez cuando iba a verla. No sabemos por qué fue detenido; solo sabemos que le revisaron el celular. Él prestó servicio militar aquí en Colombia, pero eso no es un delito; a él lo culpan de ser espía y lo único que hizo fue ir a visitar a su mamá”, cuenta una familiar de Danner Gonzalo Barajas. Este caso es muy similar al de Kevin Saavedra, quien fue interceptado en la estación Dos Caminos del metro de Caracas y, por llevar entre sus documentos la libreta militar, fue retenido. “Hoy cumple seis meses preso y no sé nada de él: si está bien, cuál es su paradero”, añade su familia.
Existe un patrón en estos dos casos: como prestaron servicio militar, se les acusa de espionaje y de ser enviados a matar a Nicolás Maduro. “En octubre vimos en los medios la noticia de que tildaban a Arley de ser un terrorista, un paramilitar, un reclutador que iba a derrocar a Maduro. Él es boyacense, campesino, trabajó en Bogotá vendiendo obleas; es un trabajador. No sabemos por qué está retenido, si está vivo, muerto o dónde está. He radicado solicitudes ante la Presidencia para que nos ayuden, pero no se pronuncian sobre este asunto; no hemos recibido ayuda humanitaria”, relata un familiar de Arley Danilo Espitia, detenido junto a una mujer venezolana en septiembre.
Al momento de esta declaración, el familiar de Espitia sostenía uno de los múltiples documentos que afirma haber radicado en la Presidencia de la República pidiendo ayuda. También asegura haber acudido a la “línea azul” de la Cancillería, pero sin respuesta. David Ortega, periodista de este diario, reveló en marzo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio la razón a la familia y le otorgó medidas cautelares al joven al considerar que “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
Al ser formalmente consultado para esta historia, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió: “Desde la Cancillería y nuestra embajada en Venezuela seguimos adelantando acciones tendientes a la ubicación y posible liberación de los connacionales”. Sin embargo, en marzo el embajador en Venezuela, Milton Rengifo, dijo que han hecho todas las gestiones pertinentes ante las autoridades venezolanas y ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pero sin ningún resultado ni prueba de vida o posibilidad de contacto con sus familiares.
En la misma historia, El Espectador reveló que han elevado más de 20 notas verbales y una nota diplomática ante las autoridades venezolanas. Los familiares de Carlos Alberto Cañas, empresario llanero, exigieron que, más allá de las labores de Cancillería, se dé una respuesta del más alto nivel. “Desde el 1 de noviembre, sin ningún caso judicial, fue acusado de ser espía y terrorista —según nos han contado—, porque no existe ningún proceso ni fundamento. La Cancillería ha enviado comunicados a Venezuela, pero no han querido responder. Es momento de exigir al presidente de la República: debe haber presión del Gobierno”, afirmó Jaime Cañas.
Este recordó que en enero fueron liberados seis ciudadanos estadounidenses con intervención del gobierno de Estados Unidos, que envió una delegación a Caracas para negociar su liberación. Por su parte, el presidente Gustavo Petro escribió en X el 15 de enero: “Es importante para la paz en las Américas que Venezuela libere todas las personas detenidas en el marco de las elecciones y las poselecciones, incluidos los 12 colombianos en su territorio. Que las Américas sean tierra de libertad sin presos políticos”.
¿Son presos políticos?
Si bien ninguno de los detenidos está privado de la libertad por objeto de conciencia, el hecho de que todos hayan sido arrestados desde la fecha de las elecciones hasta hoy —y que la mayoría haya sido calificada por el régimen madurista como mercenario o terrorista con supuestos planes de asesinar a Nicolás Maduro— los inserta en una dinámica política instrumentalizada por las autoridades venezolanas.
En octubre, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que ya son 19 “mercenarios” extranjeros los detenidos en el último mes por su presunta vinculación con planes para derrocar al presidente. En esa ocasión mencionó a Arley Danilo y a Manuel Alejandro Tique Chaves, presunto “reclutador de paramilitares”.
Su familia desmiente enfáticamente el señalamiento, insistiendo en que es un trabajador humanitario. “Él es colaborador del Consejo Danés para Refugiados. Fue comisionado para capacitar a sus brigadistas allá y fue detenido el 14 de septiembre de 2024 en el paso de Guasdualito; desde entonces no sabemos de él. Hasta el 17 de octubre, cuando un comunicado de Diosdado Cabello lo llamó mercenario, no hubo información. Mi hermano no trabaja con paramilitares, es un trabajador humanitario. Exigimos su libertad e información”, declaró su hermana a El Espectador.
Según la ONG Foro Penal, los colombianos presos, cuya cifra oscila entre 12 y 14, elevan a 29 el número de presos políticos extranjeros en Venezuela y suman un total de 890 detenidos. Al finalizar el plantón, un representante de cada familia fue recibido en la Defensoría del Pueblo para tomar nota de sus denuncias.
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Por Hugo Santiago Caro
