La acusación sustitutiva, o superseding indictment, en inglés, que presentó el gobierno de Estados Unidos en el caso contra Nicolás Maduro luego de su captura ha despertado muchas preguntas del público general. Lo que más ha llamado la atención es la relegación del Cartel de los Soles como eje central de la acusación, una “organización terrorista” que el líder chavista habría dirigido, según el primer archivo del caso.
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Esto ha llevado a muchas personas a apuntar que el gobierno estadounidense ha reculado y ha desconocido la existencia de dicho cartel, dilapidando su propio caso contra Maduro. Sin embargo, según analistas, la sustitución de la acusación fue una decisión política y jurídica calculada para ayudar a los fiscales a ganar el juicio de manera más rápida, y no significa que se desconozca la existencia de dicha organización. Esto es lo que sabemos.
¿Qué fue lo que pasó?
El Departamento de Justicia reemplazó la acusación original contra Maduro, que data de 2020, por una versión más extensa y narrativa que reorganiza a los acusados, incorpora episodios nuevos y refuerza la idea de que Maduro no lideraba una organización como el “Cartel de los soles”, sino que más detalladamente permitió una conspiración de narcotráfico de larga data desde su posición en el gobierno.
Según el documento, Maduro y su esposa, Cilia Flores, así como su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, y otros coacusados participaron de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, y posesión y uso de armas ilegales, principalmente ametralladoras, para proteger la red criminal.
El documento también detalla el papel de otros actores clave. Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín, exministros del Interior, están acusados de colaborar con redes de narcotráfico colombiano, mientras que el líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, figura como enlace criminal.
En total, los seis acusados enfrentan cuatro cargos federales, que incluyen alianzas con organizaciones que EE. UU. designó como terroristas en febrero de 2025, entre ellas las disidencias de las FARC, el ELN, el Tren de Aragua y los carteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas.
¿Cómo lo hicieron? Según la acusación, los implicados habrían abusado de instituciones estatales venezolanas, proporcionando cobertura policial, apoyo logístico y salvoconductos diplomáticos para el traslado de cargamentos de cocaína con destino final a Estados Unidos. Antes de llegar a la presidencia, Maduro habría facilitado pasaportes y protección oficial a narcotraficantes.
Ya en el poder, permitió que el tráfico “floreciera” en beneficio propio, de su círculo político y de su familia, sostienen los fiscales. Ahora, aunque esta acusación enumera hechos, rutas y actores, no expone públicamente las pruebas específicas, algo habitual en causas de narcotráfico internacional.
La exfiscal federal Sarah Krissoff explicó a la BBC que gran parte del material probatorio suele ser confidencial o clasificado, y anticipó que partes del proceso podrían desarrollarse a puerta cerrada. Aun así, subrayó que los fiscales parten con ventaja: el caso contra Maduro se habría construido durante más de una década.
¿Por qué ya no aparece el cartel de los soles como antes?
No es que Estados Unidos se haya “echado para atrás”, sino que está afinando la acusación. Al acusar a Maduro como líder de una organización criminal formal, esto obligaba a probar que el cartel existe como entidad estructurada, que tiene jerarquía definida y que Maduro la dirigía. Es decir, se abrían flancos enormes para la defensa que podía señalar la inexistencia jurídica del cartel, vaguedad, o incluso politización. El caso, por esta ruta, demandaba pruebas muy detalladas.
Ahora, no es que se retiraran las palabras “cartel de los soles” o se haya desconocido su existencia. De hecho, se pueden encontrar los términos “cartel de los soles” en el documento. Lo que pasó fue que se modificó la forma en que se presenta la acusación. Antes se decía que Maduro era la “cabeza” de dicha organización de manera jerárquica. Ahora, se acentúa en la idea de que esta funcionaba como un “sistema de clientelismo” dentro del Estado venezolano del que Maduro fue partícipe y facilitó una gran cantidad de delitos.
Al presentar el esquema como clientelismo, se facilita entonces probar responsabilidad individual de Maduro y Flores y se evita tener que demostrar una cadena de mando criminal formal, puntos más difíciles para la fiscalía. Al redefinirlo, no tienen que probar una “empresa criminal” clásica, solo conductas concretas como protección a criminales, facilitación, sobornos o tráfico.
Las paradojas legales
Este mismo movimiento genera una paradoja legal que la defensa de Maduro puede explotar. Al reforzar la tesis de que Maduro actuó desde el aparato estatal, la acusación facilita uno de los argumentos más peligrosos para la fiscalía: que los hechos imputados fueron actos oficiales.
Tal como han advertido analistas legales citados por NBC y The Hill, el corazón de la acusación, que es el uso del ejército, fuerzas policiales, pasaportes diplomáticos y política exterior para facilitar el narcotráfico, puede ser reinterpretado por la defensa como ejercicio de poder soberano.
Aquí entra en juego la ironía central del caso: la fiscalía necesita mostrar que Maduro no fue un criminal privado. Necesita probar que convirtió al Estado venezolano en una organización criminal. Sin embargo, al hacerlo, abre la puerta a que Maduro invoque inmunidad, ya sea como jefe de Estado extranjero o, de manera más novedosa, usando la lógica del fallo del caso Trump contra los Estados Unidos: si ciertas conductas son “oficiales”, no pueden ser perseguidas penalmente. Este fue un recurso que ya utilizó el mismo Trump.
El cambio de acusación también complica otro frente: la narrativa de legitimidad. El nuevo texto insiste en que Maduro es un gobernante “de facto” e “ilegítimo”, pero al mismo tiempo describe conductas que se remontan a períodos en los que Estados Unidos sí reconocía su autoridad, e incluso a su etapa como canciller. Eso permite a la defensa fragmentar el caso en el tiempo y argumentar que, al menos parcialmente, Maduro gozaba de protecciones propias de un funcionario extranjero reconocido.
Esto es algo que ya leyó bien la defensa de Maduro, y por eso sus primeras palabras en la sala fueron: “soy un prisionero de guerra” y resaltó que era un “el presidente de Venezuela”. Esto busca encuadrar su caso dentro del derecho internacional humanitario y no dentro del derecho estadounidense. Bajo la Convención de Ginebra, un prisionero de guerra no podría ser juzgadas por tribunales civiles (como en el que está siendo juzgado Maduro en Nueva York).
En pocas palabras, el nuevo texto fortalece el caso en el plano factual para la fiscalía, pero lo debilita en el plano conceptual. Aclara qué habría hecho Maduro, pero vuelve más borrosa la línea entre criminal común y actor soberano. Y en un proceso que inevitablemente terminará discutiendo inmunidad, esa ambigüedad no es menor, pues posiblemente llegaría a la Corte Suprema.
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