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El Centro Carter, que desplegó una misión de observación electoral en Venezuela para las presidenciales del 28 de julio de 2024, publicó el informe final de su evaluación y allí estableció que los comicios “no cumplieron estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticos”. Además de la falta de transparencia al anunciar los resultados y de “la aparente falsificación” de ellos, la institución con sede en Washington aclaró que “las autoridades venezolanas siguen siendo incapaces de cumplir varios objetivos fundamentales para una elección” en democracia.
Según el criterio de la entidad, que desplegó observadores en las ciudades de Caracas, Valencia, Barinas y Maracaibo, el país carece de un “marco legal neutral” y de un “organismo electoral imparcial”, así como tampoco tiene libertad para que los candidatos lleven a cabo sus campañas, mucho menos para que los medios de comunicación informen al respecto. A falta de una competencia libre y justa, el organismo insistió en recomendar que “las autoridades demuestren respeto por la voluntad de los ciudadanos venezolanos, permitiendo una revisión transparente e independiente de los resultados”.
El texto del informe final menciona que, a pesar de que el Acuerdo de Barbados, firmado por el oficialismo y la oposición, estableció compromisos para mejorar las condiciones electorales, lo que sucedió hace poco más de seis meses reflejó un claro sesgo a favor del régimen de Nicolás Maduro. Eso se hizo evidente en el proceso de inscripción de candidatos, en la prohibición del voto a la mayoría de los venezolanos en el exterior y en las condiciones desiguales de la campaña.
El Centro Carter determinó, en consecuencia, que no hubo competencia libre y justa, ni oportunidades plenas y equitativas para observar el proceso, y tampoco mecanismos imparciales y efectivos para resolver las disputas. La imposibilidad de verificar los resultados de forma independiente constituyó, a su parecer, “una grave violación de los principios electorales y del derecho venezolano”.
Recordando que el Consejo Nacional Electoral, de tinte chavista, dio por ganador a Maduro con el 51,2 % de los votos, la institución que llevó a cabo la observación electoral respaldó las actas publicadas por la oposición, pues las considera confiables, y aseguró que son suficientes para confirmar un resultado irreversible a favor de su candidato, Edmundo González Urrutia.
Entre las varias recomendaciones que hizo, el Centro Carter le pidió al Gobierno venezolano organizar un registro de votantes integral para los migrantes, sin restricciones innecesarias basadas en el estatus migratorio, y eliminar la facultad del contralor general de inhabilitar a ciudadanos para ser candidatos como sanción administrativa o supletoria, de modo que los derechos políticos solo se suspendan por decisión judicial.
A la par, abogó por enmendar, derogar o retirar leyes, proyectos de ley y reglamentos que pretendan restringir indebidamente la libertad de expresión y asociación, incluida la Ley contra el Fascismo y el Neofascismo y la Ley para el Control, Regularización, Funcionamiento y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines.
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