Esta semana, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, asistieron a su segunda audiencia en Nueva York en completo silencio. Vestidos con sus uniformes de prisión, escucharon cómo sus abogados y los fiscales estadounidenses debatían la financiación de su defensa, que aún permanece indefinida.
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Los abogados de la pareja venezolana argumentaron que el caso debía desestimarse, ya que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impidió que el gobierno venezolano pagara sus honorarios legales debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela.
Sin embargo, el juez Alvin Hellerstein hizo una anotación llamativa sobre esas sanciones. Aunque no desestimó el caso por la falta de claridad en la financiación de los abogados de Maduro, cuestionó la legitimidad de las medidas económicas vigentes contra Venezuela. Lo hizo considerando que el gobierno de EE. UU. negocia actualmente y reconoce la presidencia interina de Delcy Rodríguez, y argumentando que, con Maduro ya preso en Nueva York, no representa una amenaza nacional como se alegaba anteriormente.
En la narrativa del Departamento de Justicia y del fiscal adjunto Kyle Wirshba, las sanciones a Venezuela son una herramienta legítima de política exterior y seguridad nacional, que EE. UU. debe poder usar para presionar al régimen de Maduro sin que la defensa del acusado socave su efecto. La fiscalía insiste en que Maduro y Cilia Flores están “saqueando la riqueza de Venezuela” y que permitirles usar fondos estatales para pagar la defensa minaría el objetivo de las sanciones.
“Los cargos de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y Cilia Flores se utilizan porque están claramente tipificados en la ley estadounidense, lo que facilita juzgarlos en esa jurisdicción. Además, esta estrategia evita debates sobre su inmunidad como jefe de Estado y permite tratar el caso como un proceso penal ordinario, aumentando sus posibilidades de éxito”, afirmó Txomin Las Heras Leizaola, presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
En la prensa norteamericana y en relatos oficiosos, el caso se presenta como un hito de la lucha contra el narcotráfico y la impunidad de líderes autoritarios, con énfasis en la capacidad de EE. UU. de “traer” a un presidente frente a un tribunal federal. Al mismo tiempo, la reacción del juez genera un contrapunto: muestra que dentro del propio sistema judicial hay vacilación sobre hasta qué punto las sanciones pueden condicionar principios constitucionales como el derecho a la defensa, y también cuestiona el sentido de estas al tener a Maduro tras las rejas en su control.
Según Alejandro Bohórquez-Keeney, docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado, la estrategia del presidente estadounidense se ha justificado sobre todo en torno a la seguridad nacional para Estados Unidos, más que como una lógica de justicia internacional. A diferencia de gobiernos anteriores, su enfoque deja de lado una mirada global y se concentra de manera mucho más explícita en los intereses directos de EE. UU.
Actualmente, se mantiene un paquete de sanciones amplio contra Venezuela centrado en el sector petrolero, el sistema financiero y altos funcionarios del régimen, aunque con algunos alivios recientes y una prórroga de la “declaración de emergencia” que las fundamenta. EE. UU. renovó en febrero de 2026 la emergencia nacional declarada contra Venezuela, que considera que el país sigue representando una “amenaza inusual y extraordinaria” a su seguridad y política exterior. Sobre esta base, persisten bloqueos a muchas transacciones con el Estado venezolano y con entidades estatales clave, así como restricciones al acceso de Venezuela a financieras internacionales y mercados de deuda.
A pesar de lo anterior, Rodríguez ha defendido retomar y ampliar la venta de petróleo a EE. UU., destacando que es un mercado clave para Venezuela y que los ingresos se usan para importar insumos, medicinas y mejorar infraestructuras, especialmente el sistema eléctrico.
Hellerstein advirtió que si se demuestra que las sanciones contra Venezuela se aplican de forma arbitraria para afectar directamente a Nicolás Maduro podría considerar descartar el caso, lo cual es precisamente lo que busca la defensa. Tras esa observación, la fiscalía señaló que, en ese escenario, el gobierno de EE. UU. podría valorar incluso levantar parcial o totalmente las sanciones; un movimiento que, de concretarse, constituiría un golpe político y simbólico importante tanto para el régimen venezolano como para la estrategia de presión internacional. “Si Donald Trump quitara las sanciones, probablemente se presentaría como el responsable directo, proyectándose como un gran pacificador y negociador, y afirmando que ‘salvó’ a Venezuela de la crisis y del narcotráfico”, explicó Bohórquez-Keeney. “En ese contexto, el mantenimiento de las sanciones responde a la necesidad de asegurar que Venezuela se alinee con los intereses de Estados Unidos. No se trata de una medida automática que desaparece con la salida de Maduro, sino de un mecanismo de presión que se mantiene hasta que exista una garantía clara de alineación política y estratégica”, afirmó Bohorquez. Para Las Heras Leizaola, la narrativa de Estados Unidos frente al juicio de Nicolás Maduro tiende a despolitizar el caso de manera significativa, al centrarlo en delitos como el narcotráfico en lugar de aspectos vinculados a la crisis democrática venezolana. Al enfocarse en estos cargos —que forman parte de la acusación formal en tribunales estadounidenses— se deja en segundo plano el debate sobre temas como el fraude electoral o las violaciones masivas de derechos humanos.
“Esto, en cierta medida, desvía la atención de la lucha democrática impulsada por amplios sectores de la sociedad venezolana por elecciones libres y la reinstitucionalización del país. Desde esa perspectiva, el énfasis en delitos como el narcoterrorismo puede verse de forma crítica, ya que reorienta el foco del problema hacia un ámbito penal y no político”, añadió. El proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores sigue en una fase inicial, con muchas dudas sobre su desarrollo; tras su captura, Maduro se declaró inocente en su primera audiencia en Nueva York y se describió como un “prisionero de guerra”, mientras el caso aún tiene un largo camino por delante para definir su rumbo.
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Por Laura Henao Arévalo
