Desde enero, y tras dos audiencias contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York, persistía la duda sobre si la justicia estadounidense permitiría al gobierno venezolano pagar por la defensa del depuesto líder. La duda se despejó a finales de la semana pasada, cuando se autorizó. Fue una movida del Departamento del Tesoro, que flexibilizó las sanciones sobre Caracas para permitir la transacción, y que podría beneficiar a Maduro. El líder chavista podrá trabajar en su defensa de forma más sólida de cara a un proceso que se prevé largo y complicado.
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“Si tiene garantizado el pago de sus abogados privados, en ese caso creo que el juicio podrá desarrollarse con normalidad, sin que sus abogados puedan aducir que no se le están dando las garantías”, explica Txomín Las Heras, analista e investigador del Observatorio sobre Venezuela de la Universidad del Rosario. La defensa de Maduro había venido alegando que el bloqueo económico atentaba contra la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza al acusado el libre derecho de contar con un abogado de su elección.
Dicho de otra forma, permitir costearle el abogado saca casi por completo del escenario la posibilidad de que se pida la nulidad del juicio por falta de garantías. Ahora, es una posibilidad con condiciones, como que el dinero que se use no provenga de las recientes ventas petroleras realizadas bajo los nuevos acuerdos económicos entre Estados Unidos y Venezuela, con la nueva administración de Delcy Rodríguez.
Ella anunció a fines de enero que, gracias a estas ventas, habían recibido los primeros USD 300 millones, una cifra que hacia marzo es probable que haya aumentado, sobre todo teniendo en cuenta que la noticia de la primera transacción fue por USD 500 millones. Ese dinero y la reciente reinserción del Banco Central de Venezuela al sistema internacional (también gracias al alivio de sanciones del Tesoro) permiten a Caracas aflojar la soga y recuperar en algo una economía que antes del 3 de enero sumaba cada vez más aprietos.
Antes de eso, las ventas de petróleo estaban prácticamente bloqueadas por el asedio de Estados Unidos, que incluyó la captura de un petrolero fantasma en un marco que complicaba las ya volátiles redes piratas de crudo. Y mientras todo eso ocurría, en el interior, la situación seguía (y sigue) igual: desde 2022 el salario mínimo venezolano permanece congelado en unos 130 bolívares, que al cambio de hoy no alcanzan siquiera los USD 0,50. ¿Cómo se justifica el gasto millonario en la defensa de Maduro con este panorama económico interno? Estamos hablando de una economía que recién está sentando las bases para recuperarse.
“Eso es muy difícil de explicar. Sin duda, van a tener un serio problema comunicacional para decirlo. Pero en todo caso, eso, como muchas cosas que están ocurriendo en este país, responde más a la dinámica de esa especie de soberanía menguada que a la dinámica política interna. Imagino, por una parte, que, siendo herederos de todo el pasado político reciente, ellos no tienen mayor dificultad en hacérselo entender a su militancia, pero sí mucha dificultad para hacérselo entender al resto de los venezolanos”, analiza Bruno Gallo, político venezolano y diputado de la Asamblea Nacional. Dicho de otra forma, la decisión recae más en una protección del sistema judicial estadounidense que en una insistencia de Caracas en que así ocurra.
Lo cierto es que, mientras todo esto pasaba, Rodríguez rechazó el intento de atentado contra Donald Trump en Washington, el sábado, durante la gala de corresponsales de la Casa Blanca. Ya antes se ha referido a esa administración como un gobierno amigo. A todas luces, una contradicción si se tiene en cuenta que en las calles de Caracas la propaganda sigue exigiendo la liberación de la otrora primera pareja de Venezuela. “Es el gobierno que efectuó hace muy pocos meses una intervención militar y se llevó detenido a Maduro. Entonces, es una situación que por los momentos es muy contradictoria, y pareciera que el gobierno de Delcy Rodríguez más bien está dejando, de alguna forma, de lado a Maduro, buscando una estabilización de su gobierno y un fortalecimiento del mismo”, recalca Las Heras.
Destrabar el juicio con la autorización para pagar la defensa, de entrada, ya hace que avance sin contratiempos. De momento se desconoce cuándo será la próxima audiencia, pero ya hay detalles para tener en cuenta. El otrora jefe de inteligencia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, Hugo “Pollo” Carvajal, envió recientemente una carta ofreciéndose como testigo en el caso en cuestión. En una misiva a Trump dijo que Maduro habría planeado inundar de droga a Estados Unidos y atentar contra la democracia de ese país. Es incierto si aparecerá como testigo estrella, pero de sumarse al juicio, claramente lo alargaría aún más y, mientras tanto, en Venezuela están “comenzando a abrir las puertas y comenzando a dar algunas señales de democratización”, afirma Gallo.
En resumen, lo que empezó como una garantía del proceso, termina operando como una jugada que fortalece el caso de Washington, mientras en Caracas el poder se sigue reorganizando sin Maduro.
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Por Hugo Santiago Caro
