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Ligia Bolívar, una de las defensoras de derechos humanos venezolanas más reconocidas en la región y coordinadora de Alerta Venezuela, quedó en condición migratoria irregular en Colombia luego de que la Cancillería inadmitiera la renovación de su visa de migrante (tipo M), que mantenía vigente desde hace cuatro años.
La decisión, comunicada esta semana, pone en riesgo su trabajo, su acceso al sistema de salud y su tratamiento oncológico.
“Me inadmitieron la visa supuestamente por falta de interés, como si yo hubiese desistido del trámite, cuando llevo un mes tocando puertas por todos lados”, contó Bolívar a El Espectador.
Buen día presidente @petrogustavo
— Ligia Bolivar (@ligiabolivar) November 1, 2025
¿Recuerda lo que le dije sobre las inadmisiones?
Bueno, tras 4 años con visa de M, ayer me tocó a mí. Desde hoy estoy en condición irregular, con riesgo de perder trabajo y EPS y, por tanto, tratamiento oncológico. https://t.co/8O5jr9yEOJ
La activista explicó que el 14 de septiembre alertó a la Defensoría del Pueblo sobre el silencio de las autoridades, pese a que había respondido oportunamente un requerimiento administrativo. Sin embargo, la Cancillería alegó que no dio respuesta y que debía renunciar a su visa actual y solicitar otra bajo una categoría diferente.
“Tengo cuatro años con el mismo tipo de visa y el mismo contrato. Nada ha cambiado. Pero, por discrecionalidad de un funcionario, ahora me piden aplicar a un tipo de visa cuyos requisitos no puedo cumplir”, dijo.
Esa discrecionalidad, asegura, genera un escenario de “inseguridad jurídica”, porque introduce incertidumbre en trámites que deberían ser predecibles para quienes cumplen con la ley.
Bolívar cree que su caso refleja un problema más amplio. En los últimos meses, organizaciones de migrantes han denunciado un aumento en los casos de inadmisión de visas y demoras injustificadas, especialmente entre líderes sociales y activistas venezolanos.
“Esto no solo me afecta a mí. Significa que muchos que no tienen visibilidad o respaldo institucional quedan completamente en el aire”, afirmó.
El episodio ocurre en medio de una creciente preocupación por la seguridad y el estatus legal de activistas venezolanos en Colombia. Hace unas semanas, el activista Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche fueron víctimas de un atentado sicarial en el norte de Bogotá. Ambos sobrevivieron, pero el ataque evidenció el riesgo que enfrentan quienes trabajan en temas políticos y de derechos humanos.
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Bolívar, quien cumpliría cinco años viviendo en Colombia de manera continua en 2026, teme que la interrupción de su estatus migratorio afecte también la posibilidad de solicitar la residencia, un derecho que se adquiere tras cinco años de permanencia continua.
“Esto puede interpretarse como una interrupción y hacerme perder ese derecho”, dijo.
A pesar de la incertidumbre, mantiene la esperanza de que la Cancillería revise su caso. La Superintendencia de Salud, por su lado, ya manifestó su interés en garantizar la continuidad de su tratamiento oncológico.
“Agradezco la respuesta rápida de la Superintendencia, pero esto no debería depender de la buena voluntad de una entidad o de si uno tiene reconocimiento público. Es un asunto de derechos”, concluyó.
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