Que políticos pidan que Estados Unidos bombardee o intervenga militarmente en su propio país no es nuevo. Manuel Antonio de Varona Loredo debe ser uno de los casos más recordados. El expresidente del Senado cubano y ex primer ministro fue uno de los exiliados que buscó una solución armada externa para el conflicto político de su país, en un plan que desembocó en la operación en la Playa Girón.
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Ahmad Chalabi, líder del Congreso Nacional Iraquí (INC), fue el principal impulsor de la intervención en Irak desde el exilio. Sus acciones fueron determinantes para construir el caso de la guerra, pues suministró a la CIA y al Pentágono “informantes” que aseguraban que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva (ADM) y vínculos con Al-Qaeda. Gran parte de esta información, incluido el testimonio del famoso desertor Rafid Ahmed Alwan al-Janabi, o “Curveball”, resultó ser falsa o manipulada.
Y Mahmud Jibril, primer ministro de facto del Consejo Nacional de Transición (CNT) de Libia, cabildeó activamente en París, Londres y Washington para una intervención que condujera a la caída de Muamar el Gadafi. Los civiles, por otro lado, también han mostrado un deseo de una intervención militar en los casos citados, así como en Yugoslavia o Siria, motivados por la impotencia de no poder cambiar sus regímenes por propia cuenta y desconectados moralmente de las implicaciones que esto contraería.
El caso venezolano, en el que figuras como María Corina Machado pidieron abiertamente una intervención, sigue un patrón preocupante y peligroso. Si en algo coincidieron Chalabi y Jibril luego de que EE. UU. interviniera en sus países respectivamente, es que había sido un error. Chalabi, por ejemplo, nunca logró legitimidad interna y el país entró en una prolongada inestabilidad. En 2006, admitió haber sido ingenuo al creer que EE. UU. permitiría a los iraquíes (específicamente a su grupo) tomar el control del país inmediatamente después de la caída del régimen.
“El mayor error fue la ocupación. Claro que Estados Unidos debería haber liberado Irak, pero nunca debería haberlo ocupado ni intentado gobernar este país como si fuera una colonia”, dijo en una entrevista con Middle East Forum.
Por eso resulta inquietante que la visión de Machado, que comparten miles de venezolanos, se haya instalado en el plano local en Colombia, donde políticos y civiles piden que ocurra algo similar contra el gobierno de Gustavo Petro, como es el caso de los congresistas Lina Garrido (quien terminó retractándose) o Jota Pe Hernández.
Cabe resaltar, para quienes apoyan esta idea, cómo Colombia no es Venezuela, ni mucho menos Irak o Libia, por lo que pedir una operación militar en el país resulta cuando menos descabellado. En primer lugar, está el tipo de régimen político. A diferencia de Venezuela, un régimen autoritario con elecciones cuestionadas y concentración de las tres ramas del poder en un partido y persecución a la oposición, Colombia, con todos sus defectos, sigue siendo una democracia funcional. Hemos tenido alternancia en el poder, elecciones competitivas, separación institucional e incluso, más que en Venezuela, con una relativa prensa libre.
Las Fuerzas Armadas venezolanas, por otro lado, están altamente politizadas y ligadas al régimen. Las colombianas son institucionales, con control civil y cooperación internacional. Estas mismas fuerzas se han convertido en un aliado estratégico de EE. UU. desde hace décadas (Plan Colombia, cooperación militar, inteligencia, lucha antidrogas). Una intervención externa contra un aliado sería contradictoria y políticamente explosiva.
Venezuela, finalmente, ha sido declarada oficialmente por EE. UU. como un Estado asociado al narcotráfico y a organizaciones criminales, con sanciones, recompensas y acusaciones formales contra su cúpula. La acusación central es que el Estado mismo participa o protege redes criminales (como el Cartel de los Soles, una acusación sobre la que Washington está recalculando). En Colombia, el problema es distinto: el Estado combate a grupos armados y narcotraficantes, aunque con fallas, corrupción local y zonas fuera de control. No es un “narco-Estado”, sino un Estado con conflicto armado persistente.
Luego vienen las diferencias entre Petro y Nicolás Maduro. Este último tenía una orden de captura federal de EE. UU. por narcoterrorismo desde 2020. Aunque EE. UU. ha impuesto sanciones técnicas a la red de apoyo de Petro, no existe una acusación judicial formal contra él. Además, a diferencia de Maduro, Petro es reconocido como el presidente constitucional legítimo de Colombia por la ONU, la OEA y el propio gobierno de EE. UU. hasta la fecha, por lo que una operación contra Colombia causaría un enorme problema para las relaciones diplomáticas de Washington.
Por último, la mayor diferencia entre un caso y otro llega precisamente gracias a la oposición. Contrario a la venezolana, la mayoría de la oposición colombiana defiende que el cambio de gobierno debe ser electoral el 7 de agosto de 2026, rechazando la vía militar externa. Algunos haciendo maromas para de todas maneras mantener el apoyo de Trump, como es el caso de Juan Carlos Pinzón, otros señalando que esto le daría un rédito político a la izquierda, como Vicky Dávila, y otros rechazándola abiertamente, como Luis Carlos Reyes
“Celebrar la intervención militar arbitraria e ilegal de EE. UU. en los asuntos internos de otro país, en contravención de la Carta de las Naciones Unidas, ayuda a EE. UU. a justificar con igual ligereza una intervención en Colombia. No hay peor momento para tibiezas como esta”, escribió.
Sea por la razón que sea, mientras la oposición colombiana mantenga el rechazo a la idea de una intervención, esta será la primera condición por la que una acción de este tipo es diferente a los demás casos, todos ellos con un desenlace desafortunado para sus países.
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