La amnistía a los presos políticos venezolanos anunciada hace poco más de un mes por el gobierno de Delcy Rodríguez para mostrar el nuevo momento político que estaría viviendo Venezuela, tras la intervención militar de Estados Unidos el 3 de enero que conllevó la detención de Nicolás Maduro para ser juzgado en Nueva York, ha entrado en una etapa de controversias sobre los verdaderos alcances de esta.
El anuncio fue muy bien recibido por todos los sectores del país como una medida que significaba no solo un acto de justicia, sino un gesto de distensión política y el augurio de una deseada transición a la democracia. Sin embargo, una vez puesta en marcha ha recibido importantes críticas por parte de los familiares de los detenidos políticos, entidades internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Las familias de los presos que desde hace años vienen adelantando una ardua lucha por su liberación a través de movilizaciones ante los centros carcelarios, organismos públicos e internacionales, han señalado que la expectativa generada por la Ley de Amnistía aprobada el 19 de febrero se ha transformado en escepticismo y el Comité para la Liberación de los Presos Políticos (Clippve), donde están agrupadas, apunta que el flujo de liberaciones parece haberse estancado tras los primeros anuncios oficiales de comienzos del año.
Precisamente, el número de presos liberados se mantiene en medio de una gran confusión con cifras muy disímiles entre las que ha anunciado el gobierno, que no ha ofrecido listas con nombres y apellidos que puedan ser corroboradas, y las que manejan las organizaciones de derechos humanos.
Las autoridades han hablado de alrededor de 8.084 personas beneficiadas por la Ley de Amnistía, lo que incluye no solo excarcelados sino también ciudadanos que padecían otras medidas privativas de su libertad por procesos judiciales abiertos contra ellos como casa por cárcel, prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales, etc. Esta cifra busca nutrir el relato gubernamental de una amnistía amplia, con gran cantidad de personas favorecidas, aunque también delata la profundidad de la represión ejercida durante los últimos 27 años.
Sin embargo, las organizaciones venezolanas defensoras de los derechos humanos que han seguido de cerca durante años la situación de las personas encarceladas por motivos políticos, como Foro Penal o Justicia, Encuentro y Perdón, entre otras, cifran las excarcelaciones efectivas en alrededor de 600 personas y, tomando en cuenta que en sus registros tenían un promedio de mil detenidos políticos antes de que se promulgara la Ley de Amnistía, todavía calculan que hay alrededor de otras 600 personas que permanecen presas.
Estas ONG han reconocido que sus listas de presos políticos sufrían de subregistros debido a que muchos familiares se abstuvieron de denunciar las detenciones y recurrir a ellos por temor a sufrir represalias por parte de los organismos represores que pudieran afectar aún más la situación de sus parientes detenidos o incluso la de ellos mismos, pues no han sido pocas las denuncias sobre presiones, amedrentamientos e incluso detenciones de familiares para lograr su silencio o, incluso, forzar que los perseguidos políticos se entreguen cuando están en la 33clandestinidad o el exilio.
Dudas entre ONG y analistas
Un informe de las organizaciones Justicia, Encuentro y Perdón y Alerta Venezuela, dado a conocer el 20 de marzo bajo el título El balance de la arbitrariedad (2014-2026): la amnistía como espejismo y la revelación de la verdad silenciada de los presos políticos en Venezuela, afirma que la Ley de Amnistía “ha sido un instrumento de gestión política de carácter discrecional” que “permite al Estado administrar la libertad de los detenidos con el objetivo de mitigar la presión diplomática y obtener legitimidad internacional, mientras mantiene intactas las estructuras coercitivas que originaron las detenciones”.
El informe explica que la selectividad es el eje operativo de esta normativa, pues “el Estado no reconoce la inocencia de los sujetos ni la arbitrariedad de los procesos, sino que ejerce una facultad para seleccionar beneficiarios, lo que deriva en una estabilización deliberada del censo de prisioneros”.
Las organizaciones autoras del documento advierten que se observa que el censo de prisioneros políticos ha alcanzado lo que llaman una meseta técnica. Las 677 salidas de la cárcel verificadas durante el primer trimestre del año han sido neutralizadas estadísticamente por el afloramiento de casos de “vieja data” que permanecían bajo un subregistro masivo más algunos nuevos arrestos selectivos que llevan a que al 16 de marzo de 2026 todavía haya 689 personas privadas de libertad por motivos políticos, lo que revela a su juicio “una dinámica de sustitución sistémica”.
Por su parte, Luis Toty Medina Gil, consultor de la firma Poliestrategia, señaló al portal venezolano Efecto Cocuyo que “la forma en que se está aplicando la amnistía, de forma selectiva, dosificada y con exclusiones, no responde a una lógica de justicia transicional, sino de control político. No es una amnistía para cerrar el conflicto, sino para administrarlo”.
A juicio del analista, “el régimen interino, incluso bajo la actual presión y tutelaje de USA, “está utilizando la amnistía como un instrumento de gobernabilidad interna con tres objetivos claros”. El primero, regular la tensión política: “libera lo suficiente para descomprimir, pero no la totalidad como para perder control”; segundo, mantener capacidad de negociación, puesto que “cada preso político sigue siendo una ficha intercambiable en el tablero”; y, en tercer lugar, evitar una apertura desordenada: “no se trata de desmontar el sistema, sino de adaptarlo”.
Naciones Unidas atenta
La situación sobre el desarrollo de la amnistía en Venezuela también ha sido abordada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien en ocasión de la actualización oral sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos el pasado 16 de marzo dijo que existe “opacidad y dudas” y pidió al gobierno venezolano hacer más transparente el proceso de liberación de los presos políticos, según informó el diario El País de Madrid.
Así mismo, la integrante de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, María Eloísa Quintero, declaró el 12 de marzo, también ante el Consejo de Derechos Humanos, que “corresponde a las autoridades proporcionar información detallada sobre el número y la identidad de las personas detenidas y de aquellas que han sido liberadas”.
En el informe presentado por Quintero junto con el experto Alex Neve también se afirma que la Ley de Amnistía se aprobó “sin un proceso de consulta pública inclusivo” y que “carece de mecanismos esenciales para garantizar la verdad, la rendición de cuentas y la reparación”. Igualmente, se señala que existen “serias preocupaciones” sobre que, debido a limitaciones en su alcance y aplicación, la ley no beneficie a un gran número de personas que han sido o continúan detenidas por motivos políticos.
*Txomin Las Heras Leizaola es presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano y trabajó como investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
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Por Txomin Las Heras*
