A las afueras de los tribunales federales de Manhattan en Nueva York, a donde llegó el miércoles Nicolás Maduro para enfrentar su tercera audiencia en un caso relacionado con delitos de narcotráfico y corrupción, se podía ver la herida abierta de Venezuela. De un lado se escuchaban tambores y se ondeaban pancartas pidiendo por la “libertad para el presidente de Venezuela”, mientras que del otro se afianzaba un pequeño grupo exigiendo justicia.
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“Es insólito ver a personas en Nueva York gritando ‘Free Maduro’ en la puerta de la Corte del Distrito Sur. Pero lo más conmovedor de hoy fue escuchar a un venezolano levantando la voz frente a ellos con una sola palabra: justicia”, resumió la periodista venezolana Maibort Petit, presente en el lugar.
La audiencia solo tardó 20 minutos y concluyó con Alvin Hellerstein, el juez que lleva el caso contra Maduro, fijando el inicio del juicio contra el exlíder chavista para el 1 de junio de 2027. Pero hay condiciones en juego que hacen que esa fecha quede en el aire, para la decepción de quienes exigían justicia a las afueras del tribunal.
La primera, la que menos ruido ha tenido en esta fase, pero que igual vale la pena considerar, es la del propio juez Hellerstein, un magistrado de 92 años que quedó a cargo del caso más enrevesado del gobierno de Donald Trump. Hellerstein es un juez respetado por su independencia con fallos importantes, incluso contra el presidente. Fue uno de los magistrados que condenó el intento de Trump de usar la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar migrantes y rechazó mover su caso por el pago de sobornos de una corte estatal a una federal. Sin embargo, su edad ha sido tema de cuestión.
Los abogados de Charlie Javice, fundadora de la startup Frank, condenada por defraudar a JPMorgan, alegaron el pasado noviembre que Hellerstein pareció quedarse dormido en el estrado durante el testimonio denso del juicio contra su cliente. Por esto mismo, el analista legal Jeffrey Toobin escribió una columna pidiendo que Hellerstein se apartara del caso Maduro por su edad y esos lapsos.
Si Hellerstein muere, se retira o queda incapacitado durante el proceso, el caso se reasigna a otro juez del Distrito Sur de Nueva York, normalmente por sorteo aleatorio. El nuevo juez hereda el expediente, pero en la práctica eso significa demoras, pues tiene que familiarizarse con un caso monstruosamente complejo.
Pero luego viene la condición más dura para el caso: la contradicción de la justicia estadounidense. El pasado 11 de julio, el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, le envió una carta al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate, en la que se pide garantizar la inmunidad judicial de Delcy Rodríguez al ser reconocida como jefa de Estado de Venezuela. En mayo, cabe destacar, ya se había ordenado discretamente el cese de las investigaciones de la DEA contra Rodríguez.
Para el abogado venezolano Nizar El Fakih, quien ha estado en las audiencias contra Maduro, este reconocimiento de Rodríguez deja en una posición más “precaria” a Maduro, según le explicó a TalCual, porque llena el vacío de poder que antes había en este caso. “EE. UU. no puede reconocer simultáneamente a Maduro como presidente”, señala.
Pero para la defensa de Maduro, que sostiene que su cliente gozaba de inmunidad en el momento que fue capturado, esto es oro. Si Washington reconoce a Rodríguez como jefa de Estado legítima de Venezuela, y por eso pide blindarla ante los tribunales, está reconociendo la línea de sucesión que emana del mismo poder que Maduro encabezaba hasta enero. ¿Cómo sostener que el hombre del que deriva su cargo no gozaba de esa misma protección cuando fue capturado?
Para el profesor de derecho de Georgetown Steve Vladeck, la inmunidad de un jefe de Estado depende del reconocimiento diplomático, y ese reconocimiento es precisamente lo que el gobierno de Trump activó para proteger a Rodríguez, lo que según su análisis refuerza la postura del acusado. Este será uno de los argumentos que la defensa de Maduro presentará el próximo 2 de septiembre durante su primera ronda de mociones para desestimar el caso.
El otro argumento de la defensa es la legalidad misma de la operación que trajo a Maduro hasta Manhattan. El propio Maduro lo planteó desde su primera comparecencia cuando se declaró ante el tribunal como “secuestrado” por Estados Unidos. Su abogado ya adelantó que impugnará la captura como una detención ilegal, ejecutada por fuerzas especiales en territorio venezolano sin cobertura de un tratado bilateral. El Fakih dijo por su lado que la jurisprudencia estadounidense, plasmada en la doctrina Ker-Frisbie y consolidada en el caso “Estados Unidos v. Alvarez-Machain”, “ha establecido reiteradamente que la forma en que una persona llega a un tribunal no exime de responsabilidad penal por los delitos que se le imputan”, citando como ejemplo el caso del expresidente panameño Manuel Antonio Noriega, quien llegó a EE. UU. tras una invasión militar.
Pero la misma corte de apelaciones que supervisa al Distrito Sur de Nueva York reconoció que si el gobierno actuó con un trato “cruel, inhumano y escandaloso” al capturar al acusado, eso sí puede violar el debido proceso y anular la jurisdicción. En el caso Noriega, la justicia no descartó que esa excepción existiera; simplemente concluyó que a él no lo habían maltratado personalmente. Es decir, la puerta que Fakih dice está cerrada en el caso Maduro no lo está del todo. Es una vía estrecha y casi nunca prospera, pero le da a la defensa un argumento que no es solo ruido.
Después de este paso de presentación de mociones, la fiscalía tiene hasta noviembre para entregar a la defensa la mayor parte de las pruebas clasificadas del caso. Con ese material en mano, los abogados de Maduro podrán presentar una segunda ronda de mociones hasta el 11 de enero de 2027. Solo después de resolver todos esos recursos llegaría, en teoría, el juicio oral fijado para junio de 2027, más de año y medio después de la captura en Caracas.
Para la defensa de Maduro, ganar tiempo no es un efecto secundario, es la estrategia. Cada mes que el caso permanece en fase de mociones es un mes sin condena, y un mes más para que el terreno político se siga moviendo a su favor. Mientras el reloj corre en Manhattan, quienes esperan afuera de la corte siguen sin la única respuesta que buscan: si alguna vez habrá condena, o si el caso terminará, como tantos otros capítulos de la crisis venezolana, resuelto tras bambalinas.
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