La primera ronda de las negociaciones en Venezuela entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y parte de la oposición democrática concluyó el pasado 12 de agosto con un resultado mejor del esperado que, de llegar a cristalizarse, podría marcar el inicio de una transición democrática que a todas luces no será fácil ni inminente.
Por primera vez desde que el 3 de enero fuerzas militares de los Estados Unidos detuvieron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, para ser juzgados en Nueva York, el gobierno de Washington, que ejerce una estricta tutela tanto sobre las autoridades venezolanas como sobre la oposición democrática, alentó la celebración de conversaciones de carácter político entre ambos sectores.
Se trata de un hecho resaltante pues en la hoja de ruta anunciada hace seis meses por el Departamento de Estado para Venezuela, hasta el momento, solo se habían conocido medidas relacionadas con la estabilización del país y su recuperación económica, pero no iniciativas dirigidas a la apertura democrática, bandera esta que han enarbolado como una prioridad los opositores y que tiene gran respaldo popular como pudo constatarse en el triunfo de Edmundo González Urrutia en la elecciones que desconoció el chavismo en julio de 2024.
Las negociaciones comenzaron el 6 de agosto en medio de gran escepticismo y no con poco ruido debido a que Washington impuso que el lado opositor estuviese representado únicamente por miembros de la comisión delegada de la Asamblea Nacional elegida en 2015, comicios que la oposición democrática ganó por amplia mayoría y que cuenta con el reconocimiento del gobierno norteamericano.
El equipo negociador opositor está integrado principalmente por integrantes de los partidos Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP), agrupados junto a otras organizaciones en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), quienes en el pasado tuvieron grandes diferencias con María Corina Machado pero que en los últimos tiempos fueron alineándose con ella. Habrá que ver las consecuencias que estas nuevas circunstancias tendrán sobre la unidad opositora.
Donal Trump desdeñó así, una vez más, a la líder opositora María Corina Machado quien, a pesar de ser hoy en día la dirigente política opositora que cuenta con mayor apoyo de la población venezolana, no tiene las simpatías del mandatario estadounidense. El inquilino de la Casa Blanca la calificó en enero como “una buena mujer, pero no tiene la fuerza ni el respeto de la gente o el apoyo para dirigir Venezuela”.
Las condiciones impuestas por Washington amagaron con crear una profunda división en las filas opositoras y, por lo tanto, poner el peligro este nuevo proceso de negociación, algo que por los momentos la propia Machado se ha encargado de evitar al señalar que a pesar de no haber sido consultada no se convertirá en un obstáculo si se alcanzan objetivos democratizadores.
Las declaraciones de Machado ponen en evidencia el control que Estados Unidos ejerce sobre la oposición venezolana -recordemos que tampoco se le ha permitido a la dirigente opositora regresar a Venezuela-, dominio que por cierto Trump también despliega sin mayores escrúpulos sobre el gobierno de Delcy Rodríguez que ha venido cumpliendo uno a uno los deseos norteamericanos.
Un buen ejemplo de esto son las declaraciones ofrecidas en julio por el presidente del parlamento venezolano y hermano de la presidenta interina, Jorge Rodríguez, tras el doblete sísmico acecido en Venezuela, quien insistió en que la emergencia que se está viviendo desplazaba cualquier discusión política y aseveró que “lo que no tenemos es cabeza para estarnos preocupando por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o por el Consejo Nacional Electoral (CNE)”. Menos de un mes después estaba sentado frente a la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, acordando precisamente los pasos para la conformación de la nueva máxima instancia judicial venezolana.
La colaboración mostrada por Delcy Rodríguez con las autoridades estadounidenses, en contravía del discurso antimperialista adoptado históricamente por el chavismo, también parece haber comenzado a hacer mella en sus propias filas, pues ya se están comenzando a escuchar voces disidentes que podrían debilitar las posiciones fuertes y unitarias que en anteriores procesos de negociación ha tenido la llamada revolución bolivariana.
Los acuerdos alcanzados en la primera etapa de las negociaciones en torno al Tribunal Supremo de Justicia son, sin duda alguna, los de mayor trascendencia pues el TSJ, máxima representación del poder judicial que en teoría debería de ser independiente, pero está cooptado por el poder Ejecutivo, se convirtió en una de las principales herramientas del chavismo para perpetuarse en el poder.
Vale la pena citar algunas de la decisiones tomadas en el pasado por el TSJ como, por ejemplo, la validación en 2009 del referéndum constitucional para la reelección indefinida de los cargos de elección popular; la validación en 2015 de la decisión de despojar a la oposición del control de la dos terceras partes del parlamento; la validación en 2016 de las decisiones del Consejo Nacional Electoral de no convocar el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro; la intervención de los partidos políticos de oposición y aquellos que se separaron de la coalición chavista y, finalmente, la validación de los resultados fraudulentos de las elecciones presidenciales de 2024.
Parece, por lo tanto, un buen comienzo que se hayan iniciado las conversaciones con un acuerdo para concertar un nuevo TSJ más independiente que le quite base de sustentación al régimen gobernante y garantice decisiones judiciales más acordes a derecho y no motivadas políticamente.
Mientras tanto, Washington seguirá manejando con mano de hierro el ritmo de las negociaciones y favorecerá acuerdos en línea con sus intereses geoestratégicos que, no olvidemos, están contemplados en su hoja de ruta que hasta la fecha ha priorizado la estabilidad en Venezuela y la recuperación económica del país como proveedor de petróleo. Nuevas pistas surgirán en la segunda ronda de las conversaciones prevista para septiembre.
*Txomin Las Heras Leizaola es investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
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Por Txomin Las Heras Leizaola*
