El Parlamento de Venezuela aprobó el viernes una ley de arrendamientos que busca aumentar la oferta de inmuebles en alquiler para atender a miles de personas que perdieron sus viviendas tras el potente doble terremoto del 24 de junio.
La aprobación de esta norma ocurre tras décadas de incertidumbre entre propietarios de casas y departamentos por invasiones de inmuebles y falta de seguridad jurídica para recuperarlos.
Los dos sismos que sacudieron el norte de Venezuela han dejado más de 5.500 fallecidos y cientos de edificaciones afectadas. En Caracas y el golpeado estado costero La Guaira se concentran más de 23.800 damnificados que viven ahora en campamentos.
La Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Viviendas se aprobó por unanimidad, dijo el jefe parlamentario Jorge Rodríguez durante la sesión, celebrada en una base militar en Caracas después que los terremotos afectaran el palacio Legislativo.
La norma aún debe ser promulgada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El gobierno de Rodríguez impulsó el proyecto debido a que “miles de hogares quedaron bajo los escombros, que miles de familias quedaron sin un hogar digno y que esta ley responde directamente a esa necesidad”, indicó la parlamentaria oficialista América Pérez.
“Las víctimas no pueden esperar más y hay que generarle las condiciones que están contenidas en esta ley donde se le da seguridad jurídica tanto al arrendador como al arrendatario”, indicó por su parte el diputado oficialista Pedro Carreño.
La norma pone fin a una ley restrictiva que en dos décadas de chavismo desincentivó el alquiler con vacíos que dieron paso a ocupaciones ilegales.
Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta, había dicho que una nueva ley buscaría “que las personas no sientan ningún tipo de temor de alquilar sus viviendas”.
“Hay un número de hasta 200.000 viviendas en Venezuela que no están siendo alquiladas porque la gente las resguarda” ante una norma “muy regresiva”, señaló en una rueda de prensa.
Según balances oficiales, los terremotos dejaron 190 edificios colapsados y otros 856 con daños, en su mayoría en La Guaira, donde la víspera arrancó la demolición de estructuras.
La presidenta Rodríguez prometió entregar 4.000 viviendas para diciembre a los afectados, y sobrepasar las 10.000 el próximo año. Para ello, dijo, sumará al mercado secundario.
Rodríguez gobierna bajo presión de Washington tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero.
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