Dos debates después y a falta de la proclamación en la gaceta oficial, la tan discutida ley de amnistía general parece estar a punto de ser una realidad en Venezuela. Sin embargo, y a pesar de que han sucedido hechos importantes, como el regreso a las calles de Guanipa después de casi una semana recapturado, las dudas sobre la amnistía solamente crecen y los expertos jurídicos y de derechos humanos cuestionan la efectividad e infalibilidad de una ley tramitada en tiempo récord, en menos de dos meses desde la caída de Nicolás Maduro.
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Ahora el debate no se cerró: se desplazó hacia sus límites y efectos reales. Claro, las dudas y el debate son los mismos desde que se conoció el proyecto. Sin embargo, fue después de pasar la primera aprobación en la Asamblea Nacional que se enredó. Originalmente el aval que recibió este jueves estaba planeado para ocho días atrás, el 12 de febrero, pero la discusión parlamentaria retrasó todo. El hecho de que cambiaran detalles no hizo que fuera más confiable para quienes hacen veeduría sobre su cumplimiento.
Alí Daniels, jurista, defensor de DD. HH. y miembro de Acceso a la Justicia, afirma que tan pronto sea publicada en la gaceta oficial, debería entrar en vigor de inmediato, pero aún así las limitaciones que tiene la ley son, cuanto menos, problemáticas. “Por ejemplo, hay dudas sobre cómo se va a operar respecto a las personas que están exiliadas, porque, aunque la ley establece que esas personas pueden pedir ser incluidas en la amnistía a través de un apoderado, la norma dice que, para otorgarse la amnistía, la persona tiene que hacer acto de presencia en el tribunal. Queda la duda de si el tribunal se va a pronunciar antes de eso”, explica. En términos prácticos, no existe claridad sobre el proceder. Si un juez acepta que un abogado presente la solicitud de amnistía, no existe certeza sobre si aplica de inmediato o si el exiliado tendría que presentarse ante el tribunal. De esta interpretación que hace Daniels solo salen más y más dudas que, hasta el momento, no tienen respuesta concreta. En pocas palabras, la ley existe, pero su efecto real está en disputa.
La amnistía, en la práctica, anula todas las causas por las que los beneficiados fueron apresados desde 1999 hasta enero de este año. Allí entran todavía más bemoles: desde las exclusiones estructurales, como ciertos casos de militares, otros expedientes que no entran en los criterios establecidos y el concepto de una amnistía general o parcial. “Estamos hablando de al menos 181 presos militares detenidos, pero además estamos hablando de varias decenas de civiles vinculados a esas causas militares. Entonces, si consideramos que hay más de 800 presos políticos y que entre un 25 % y un 30 % están excluidos de la aplicación de la ley, ya vemos cómo, desde un inicio, una idea de amnistía cuyo propósito es beneficiar a los presos políticos, tristemente no cumple con esa finalidad”, continua Daniels.
El jurista enumera una lista todavía más grande de grises que matizan la esperanza con la que venden, desde el chavismo, la oportunidad de que esto sea una oportunidad de reconciliación para Venezuela. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que este capítulo abra una posibilidad de un cambio estructural, afirma tajante: “No, todavía no. No sabemos cómo se va a aplicar la ley”. Entre otras, porque afirma que el mismo sistema judicial que los encarceló, sigue completamente intacto.
La ley también opera hacia afuera
Tras exponer las debilidades de la ley, surge una duda central: la reconciliación parece proyectarse más hacia afuera —en la imagen que quiere mostrar el nuevo Estado venezolano— que hacia adentro, entre quienes deberían beneficiarse de ella. Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, lo plantea en términos de una ley que en la práctica pretende enviar señales al sistema internacional y promover abiertamente una narrativa de “desescalamiento”.
Indica también que, incluso en esta discusión, no se puede perder de foco que Estados Unidos tiene una gran influencia sobre el régimen de Delcy Rodríguez y que cualquier movimiento que ocurra ahora en cuanto a derechos humanos o normalización comercial tiene mucho que ver con los intereses de Washington. Para él, no es descabellado entonces que promover ese desescalamiento del régimen permita acondicionar un retorno migratorio masivo.
“Más que un propósito político en camino a la democracia, ahí hay un propósito político de desescalar al régimen para justificar la expulsión de ciudadanos venezolanos que deben ser protegidos en el sistema internacional y sobre los cuales hay responsabilidad de los Estados Unidos, en la medida en que están en su país como refugiados por la dinámica del régimen. Hablar de una ley de amnistía en un contexto autoritario, en un contexto controlado por el régimen, es bastante particular”, afirma.
Por ahora la cuestión es de observar y augurar que las bases de la amnistía no colapsen a la hora de la aplicación. Existen indicios como la liberación nuevamente de Guanipa, pero las garantías, que en su propio caso fueron frágiles, son el primer paso para determinar si una vez entre en vigencia, la amnistía será la puerta para un espacio político en Venezuela en el que no se coarten las libertades de las voces disidentes.
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Por Hugo Santiago Caro
