La Fiscalía federal de Nueva York pidió rechazar la solicitud de libertad provisional de Cilia Flores al considerar que existe «un riesgo extremo de fuga» y peligro para la comunidad. Los fiscales sostienen que la pena mínima de 40 años que enfrenta, los recursos económicos a los que tendría acceso y sus presuntos vínculos con personas aún en Venezuela hacen insuficiente el régimen de arresto domiciliario propuesto por su defensa.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó la noche del 23 de septiembre su oposición a que Flores abandone el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y espere el juicio en una residencia privada.
Flores y Nicolás Maduro, su esposo y coacusado, se han declarado inocentes. Las afirmaciones sobre narcotráfico, corrupción y violencia corresponden a las acusaciones de los fiscales y todavía deben ser probadas en juicio.
Según el escrito, dos de los tres cargos que enfrenta Flores activan bajo la legislación federal una presunción favorable a la detención preventiva y contemplan penas máximas de hasta cadena perpetua.
Los fiscales sostienen además que la evidencia contra Flores es «sólida» y anticipan que presentarán a varios testigos cooperantes que habrían participado o tenido conocimiento de actividades de narcotráfico y violencia atribuidas a ella, Maduro y otros integrantes de la presunta conspiración.
Entre las conductas que la Fiscalía atribuye a Flores están haber recibido sobornos para facilitar operaciones de narcotráfico, obtener cocaína procedente de supuestas incautaciones y ordenar secuestros, golpizas y asesinatos contra personas que intentaban obstaculizar esas actividades.
Riesgo de fuga y para testigos
La defensa propuso que Flores permanezca bajo arresto domiciliario con vigilancia armada las 24 horas, monitoreo por GPS, llamadas intervenidas, visitas restringidas y un custodio externo. Para los fiscales, esas condiciones revelan precisamente otro elemento de riesgo: Flores «aparentemente tiene acceso a considerables recursos financieros» para pagar una residencia, seguridad privada y sistemas permanentes de vigilancia.
La Fiscalía también cuestionó que su vínculo con Maduro reduzca el riesgo de fuga. La defensa alegó que su «única conexión actual y verdaderamente significativa con Estados Unidos» es su esposo y que desea acompañarlo durante el proceso, pero los fiscales sostienen que las propias restricciones propuestas impedirían una «presencia constante» junto a él.
La Fiscalía argumenta igualmente que una eventual excarcelación podría permitir que Flores se comunique con presuntos coconspiradores que permanecen en Venezuela. «Si se le concediera la libertad provisional, la acusada representaría un peligro mayor no solo para Estados Unidos, sino también para Venezuela», sostiene el documento.
Los fiscales alegan que podría intentar dirigir acciones de intimidación contra testigos o víctimas ubicados en Venezuela o en otros países. Parte de los supuestos integrantes de la conspiración, agrega el escrito, continúa en libertad y tendría capacidad para ejercer violencia o presión sobre testigos.
La discusión médica
La defensa también fundamentó su petición en la condición cardíaca de Flores y señaló que pudo haber sufrido un infarto leve en julio, por lo que necesitaría procedimientos invasivos y una recuperación fuera del centro de detención.
La Fiscalía respondió que Flores ha recibido «una atención excelente» y que el Buró Federal de Prisiones puede atender su condición y cumplir cualquier régimen de recuperación indicado por los especialistas.
Los fiscales entregaron al tribunal informes médicos actualizados hasta el 21 de septiembre bajo sello para proteger la privacidad de Flores.
La defensa tiene hasta el 30 de septiembre para responder al escrito de la Fiscalía. El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó para el 8 de octubre una audiencia sobre la solicitud de libertad provisional.
El proceso contra Maduro y Flores continúa en fase previa al juicio, cuyo inicio está programado para el 1 de junio de 2027.
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