“No es un perdón, jamás he debido estar preso”: Williams Dávila sobre amnistía en Venezuela

Tras el anuncio de resultados presidenciales de 2024 por parte del Consejo Nacional Electoral, Williams Dávila (exgobernador del estado de Mérida y exdiputado nacional) salió a las calles junto a María Corina Machado y otros dirigentes de la Plataforma Unitaria Democrática para acompañar las primeras manifestaciones contra lo que calificaron como un fraude electoral.

En una de esas vigilias fue detenido. Pasó 11 meses preso en El Helicoide, donde su salud se deterioró hasta requerir traslado a urgencias. Recuperó la libertad en junio de 2025, mucho antes de la proclamación de la Ley de Amnistía. Hoy se mueve con una carpeta bajo el brazo: allí guarda el decreto de sobreseimiento que acredita su libertad plena, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el plan de ruta con el que la oposición busca forzar una transición.

Esta es su primera salida internacional desde que fue amnistiado. ¿Se puede decir así? ¿Cómo fue esa salida? ¿Tuvo problemas, tuvo que reportarle a alguien?

Fue una salida normal, en el sentido de que tomé cierta cautela, porque obviamente es la primera y, como ha habido algunos obstáculos para algunas personas que han tenido incluso sobreseguimiento, y algunos organismos de seguridad los paran y les preguntan, entonces uno tiene que andar con el decreto de sobreseimiento para demostrarlo.

Pensé que algo de eso iba a suceder, pero no ocurrió. Yo salí por la vía de San Antonio del Táchira hacia Cúcuta, y de Cúcuta a Bogotá. No tuve ningún problema de esa naturaleza. Ando con todas las informaciones públicas que han salido sobre el tema, porque uno nunca sabe si lo paran, y así tengo un documento para justificar la libertad de movilización que estoy teniendo en este momento.

Usted queda libre hace casi un año, más o menos, y luego es amnistiado hace un par de meses. ¿Qué cambió en ese tiempo?

En ese período de tiempo yo salí excarcelado el 18 de julio de 2025, así que ya casi van diez meses, nueve meses. Es un proceso de excarcelación que no es más que una libertad condicional, porque yo salí con régimen de presentación: cada 25 días me tenía que presentar en un tribunal. No tenía —digámoslo así— libertad para declarar por redes sociales ni por ningún medio de comunicación, ni por mí mismo ni por interpuesta persona, y tenía prohibición de salida del país.

Entonces, no tenía libertad plena. Y, además, tenía frente a mi casa una patrulla del SEBIN; donde yo vivo había presencia policial, cosas así. O sea, no había libertad plena. Hasta hace aproximadamente un mes, mes y pico, que me salió el decreto de sobreseimiento. Entonces, obviamente ha habido un cambio, porque ya no tengo la presencia de organismos policiales. Ya estoy aquí, es decir, ya puedo salir y he declarado, pero no me han devuelto mi vehículo.

Ese es uno de los puntos esenciales: los bienes muebles e inmuebles que fueron incautados a quienes fuimos detenidos no nos los han devuelto. Mi vehículo es mi vehículo personal, no está en cadena de juicio, y ya he ido cuatro veces al tribunal. La última, la semana pasada, me dijeron que volviera dentro de 15 días porque iban a consultar. Yo le dije a la secretaria del tribunal de juicio: ¿consultar qué? La propiedad privada es un derecho humano esencial. ¿Cómo van a consultar si el carro es mío? Me dijo: “Bueno, no te puedo decir mayor cosa, ven dentro de 15 días”.

Ese es un tema que hay que subrayar, porque se trata de la propiedad privada, que la están violando. Y así como en mi caso, hay periodistas a los que no les entregan su computadora, no les entregan sus celulares; si las casas de alguna persona —dirigente político o social— han sido allanadas, las desmantelan por completo; si son fincas que han sido incautadas, no se las entregan. Si se está hablando de seguridad jurídica en Venezuela para atraer inversiones, ¿cómo va a haber seguridad jurídica si el derecho de propiedad no se respeta?

¿Usted siente que se mueve con libertad, tanto dentro como fuera de Venezuela?

Yo nunca, espiritualmente, perdí mi libertad. Cuando estaba en El Helicoide, jamás me dejé llevar por la pesadumbre, por el nerviosismo, por el estrés o por la ansiedad. Nunca perdí la fe. Parte de mi venida aquí a Bogotá es para cumplir una promesa en la capilla de Santa Rita de Casia, donde fui un devoto seguidor. Entonces, voy a pagar esa promesa.

Por supuesto, no tenía libertad física. La movilidad era completamente restringida. Durante la libertad condicional fue así. En este momento, hay precaución. ¿Por qué? Porque el ministro de la Defensa actual (Gustavo González López) era el director del SEBIN y fue quien dio la orden de detenerme. Cuando me estaban interrogando, el comisario me decía que por él yo debería estar libre, pero que tenía órdenes superiores que debía cumplir. Entonces, ese aparato represivo sigue vigente. Eso genera ansiedad, inquietud, porque la Ley de Amnistía convive con normas (como la Ley contra el Odio o decretos de seguridad) que permiten que te vuelvan a imputar por delitos no amnistiados. Y esa es, digamos, la incertidumbre que existe.

¿A usted le pidieron algo a cambio de recibir la amnistía o cómo fue ese proceso?

No. Yo nunca tuve abogado privado, jamás. Yo dependí del defensor público. Y, como debía ir al tribunal cada 25 días, en febrero hablé con el defensor público y me dijo: “Mira, voy a solicitarte la amnistía”. Le dije: “Bueno, voy a buscar un abogado”. Me respondió: “No, no tienes por qué buscar abogado, yo me encargo”. Él solicitó la amnistía.

Pero aquí debo subrayar un hecho: me dan la amnistía y el decreto de sobreseimiento tenía una omisión gravísima. Mi cédula había sido cambiada; el número no estaba completo. Y a mí me habían acusado del delito de rebelión, y no estaba dentro de lo que me estaban amnistiando. Es decir, lo que era odio y asociación para delinquir estaba amnistiado, pero no la rebelión. Eso implicaba que me podían detener ahí mismo en el tribunal. Tuve que volver al tribunal ese mismo día en la tarde y hablar con la jueza de juicio, y decirle: “Aquí hay una omisión gravísima”. Esperé como tres horas y me dieron un segundo decreto de sobreseimiento, donde pusieron la cédula correcta e incluyeron el delito de rebelión y los otros dos delitos que acabo de mencionar, supuestos: incitación al odio y asociación para delinquir.

Hubo esa situación, pero a mí no me pidieron nada a cambio. Es que nosotros no somos culpables. Esa es la diferencia. Me estaban acusando de asociación para delinquir, incitación al odio y rebelión. ¿Dónde estaban los grupos? ¿De cuál grupo organizado delincuencial he formado parte? ¿Cuáles eran las pruebas de mi asociación con otra persona? No había cometido ningún delito. Eso no es ningún perdón. No es un regalo ni una concesión que me esté dando el régimen. Es que jamás he debido estar preso.

Todavía existen 475 personas presas (ONG como Foro Penal redondea la cifra casi en 500). Y tengo que aprovechar esta oportunidad, porque nosotros tenemos la Red de Excarcelados por la Democracia y es donde estamos denunciando esa situación, en donde estamos denunciando la tendencia que tiene el régimen de ponerle punto final a todo esto como si ya estuviera normalizado. Y no es así, porque la amnistía se les está negando a muchas personas, precisamente.

Ayer se presentó en Bogotá el último informe de Amnistía Internacional, con un capítulo bastante amplio sobre Venezuela. Frente a la Ley de Amnistía dice algo muy particular: la menciona, o más bien la cataloga, como parte del aparato represor del chavismo. ¿Usted qué opina de esa afirmación?

Claro que existe el aparato represor. Los mismos militares gobiernan en los cuerpos de seguridad del Estado; el SEBIN, los servicios de identificación como el SAIME, todo eso está en manos del mismo equipo represor. Los grupos colectivos tampoco se han desmontado, eso sigue. Por eso lo conecto con una de las preguntas que me hiciste: ¿cómo se siente uno? Uno se siente con ansiedad, porque existe ese mismo aparato represor.

La amnistía tiene un problema grave: tiene exclusiones individuales y exclusiones por ley. Es una aplicación selectiva. ¿Cuáles son las exclusiones individuales? Por ejemplo, el periodista Carlos Rojas: hace días le negaron la amnistía. Como él, hay muchos casos de personas que llevan años presas y están desaparecidas; no se sabe si están vivas o muertas. Tengo el caso de un señor que se llama Hugo Merino: tiene siete años desaparecido. Fue detenido por el DGCIM tras su llegada a Venezuela en 2019 para visitar a su familia, y no se sabe de su paradero. Eso ya ha sido denunciado. El 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una medida cautelar en beneficio de Víctor Hugo Quero Navas y su mamá, Carmen Teresa Navas, quien tiene 80 años. Víctor Hugo es un comerciante detenido desde el 1 de enero de 2025.

Y están las exclusiones por ley, que son los militares: no ha salido un militar, todos siguen presos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un paso, porque han sido liberadas 768 personas, pero, ojo, 186 han sido liberadas por la amnistía. Persisten 475 presos. No estamos hablando de que se esté cumpliendo un proceso de reconciliación. La amnistía, en teoría, habla de reconciliación y pluralidad política, pero seguimos con intentos de amedrentamiento, de hostigamiento, y con exclusiones individuales y por ley que hacen que pierda el sentido que debería tener.

No es que nos estén perdonando por delitos cometidos. Aquí hay algo clave: el Estado venezolano no ha reconocido su culpa. Y cuando no reconoce su responsabilidad, tampoco reconoce el derecho de reparación de las víctimas, que es un derecho universal en casos de violaciones de derechos humanos. La ley no establece un procedimiento de reparación, pese a que hubo daño y perjuicio. La víctima no es solo quien estuvo preso, también lo son sus familiares, que incluso son reconocidos como tal por organismos internacionales. Ese proceso no está contemplado en la ley.

Entonces, ¿no podemos hablar de una transición?

No, yo no lo creo. No puede haber una transición porque existe todo eso. Ese es el proceso, y por eso te doy la ruta, porque es el proceso que estamos haciendo todos en la oposición. Fíjate, ahí tienes un caso: el presidente de la comisión que nombraron para hacer seguimiento a la amnistía declaró hace días que María Corina no está amnistiada. Él considera que las declaraciones formuladas por ella recientemente en su gira en Europa la catalogan como una persona que está propiciando una invasión y que hace apología de lo ocurrido el 3 de enero de 2026. En consecuencia, no entraría dentro de los beneficios de la amnistía. Bueno, entonces, ¿cuál es la reconciliación? No la dejaron participar en unas elecciones en 2024. Ahora le dicen que no puede estar amnistiada.

Tuvo que salir clandestinamente del país para recibir el Premio Nobel. Los partidos siguen ilegalizados, están judicializados. ¿Cuál es la pluralidad política? Sigue el mismo CNE, sigue el mismo Tribunal Supremo de Justicia. No hay un proceso de transición. Nosotros tenemos que luchar para que ese proceso de cambio, que se abrió el 3 de enero de 2026 —que abrió las puertas para avanzar en democracia—, se profundice con la fijación de un cronograma electoral y con la existencia de condiciones objetivas para que no vuelva a haber una usurpación del poder como ocurrió el 28 de julio de 2024. Yo no creo que estemos viviendo una transición.

Y si en este escenario se llegara a convocar unas elecciones, ¿confiaría en ellas?

Ese es el segundo punto: ¿vamos a confiar en el mismo CNE que nos robó las elecciones del 28 de julio de 2024? Imposible. Ahora, ¿cómo se va a nombrar ese CNE? La Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez está anunciando que va a designar nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y que también vendría la designación de un nuevo CNE. Pero, ¿cómo se va a nombrar? ¿Quiénes son?

Nombraron a un fiscal (Larry Devoe) que era funcionario de la propia Fiscalía de Tarek Saab y a una defensora del Pueblo (Eglee González Lobato) que no ha tenido la aceptación de la sociedad civil ni de los distintos sectores del país. Entonces, hay desconfianza sobre cómo van a nombrar a ese CNE y a esos magistrados. Debe existir un proceso especial, un acuerdo en el que María Corina, la Plataforma Unitaria y los sectores democráticos sean reconocidos en esas postulaciones. No se puede ir a un CNE con las mismas personas que violentaron el derecho del pueblo a elegir a Edmundo González el 28 de julio de 2024. Las condiciones objetivas no están dadas para decir que estamos en una transición y que se pueden hacer elecciones ya.

Debo subrayar algo: eso no es argumento para no estar preparados. Eso ya se demostró el 28 de julio: que incluso con un CNE adverso se ganaron las elecciones, porque hubo una organización civil en la que partidos políticos, sociedad civil y otros actores conformaron una red de defensores del voto, de promotores, de testigos electorales y de actas, a nivel nacional e internacional, que garantizó el triunfo. Estamos preparados. Lo que no podemos aceptar es que los mismos que desconocieron esa preparación y esa voluntad soberana del pueblo pretendan seguir ahí.

Usted habla de la Asamblea Nacional, y ese órgano hoy tiene cierta participación de actores de la oposición. ¿Cómo ve esa decisión que se tomó el año pasado de participar en las elecciones parlamentarias en Venezuela?

Eso no está muy claro, porque esa Asamblea no fue reconocida. Incluso, Marco Rubio, a comienzos de este año, en una intervención en el Senado, lo dijo públicamente: que reconocía la Asamblea legítimamente electa de 2015, que fue la última elección legítima que tuvimos. Esta Asamblea no ha sido reconocida porque ellos adulteraron la composición: la llevaron a 275 diputados, sin una base clara de proporcionalidad poblacional, y además designaron diputados por listas nacionales, algo que no existe en el esquema tradicional.

Entonces, ves que muchos de esos diputados que hoy, supuestamente, son de la oposición, no fueron electos directamente, sino que entraron por lista nacional. Hay gente que ni siquiera tiene partido. ¿Sobre qué base electoral salieron electos? Ahí hay un acuerdo político, una interrelación entre factores que están alineados con la política que ha desarrollado Maduro y que ahora continúa. Además, tienen la titularidad de los partidos.

En nuestro caso, por ejemplo, yo represento a Acción Democrática en Resistencia. Nosotros no tenemos la tarjeta ni la simbología, porque fuimos intervenidos judicialmente y se la entregaron a otros. Eso no está claro, no es transparente. No hay pluralidad política ni una representación real. Tienen que venir elecciones en el país para legitimar un gobierno y una Asamblea.

Es decir, ¿el hecho de que haya opositores, como Henrique Capriles, no le da legitimidad a esa Asamblea?

No. Además, ¿ellos cuántos son? ¿Veinte diputados de 273? El Gobierno hace lo que le da la gana. Incluso, en el debate de la Ley de Amnistía vimos cómo vapuleaban a muchos de esos diputados. No, yo no lo veo como una representación fuerte del mundo democrático electoral de Venezuela. Aquí hay una cuestión muy clara, y por eso no la dejan participar: la líder legítima es María Corina Machado, y el Gobierno no la deja entrar. El régimen pone todos los peros. Como ya lo dije, Jorge Arreaza declaró que ella jamás podría ser beneficiada por la amnistía. Entonces, ahí no estamos hablando de pluralidad.

Cuando estos actores tomaron la decisión de participar en las elecciones del año pasado, pasó algo que ya había ocurrido antes: se empezó a fracturar esa unidad que ustedes lograron para 2024, que realmente no tiene precedentes y fue muy valorada. ¿Cómo está hoy la oposición? ¿Hay unidad o están fragmentados?

Muchos de los que participaron en esa elección parlamentaria no apoyaron a Edmundo González ni formaron parte de la Plataforma Unitaria, esa es la gran realidad. Si tú analizas quiénes integran esa fracción, Libertad u otros que están allí, ellos no apoyaron a Edmundo González. Y, como acabo de decir, la oposición está unida en ese documento de la Plataforma Unitaria. Ahí hay representación de siete partidos políticos, más otras organizaciones que participan como observadoras, y que tienen el respaldo tanto de Edmundo González como de María Corina.

Nosotros hicimos un evento hace tres domingos en el cual hubo una participación de cerca de 15.000 a 16.000 activistas de la Plataforma Unitaria en los lugares más pequeños del país, lo que demuestra que hay un músculo electoral. Ahí es donde se aprobó esta ruta, donde participaron, repito, María Corina y el presidente Edmundo González. Es decir, hay una demostración de capacidad organizativa, de fuerza; ahí hay unidad.

En ese sentido, la unidad que participó el 28 de julio de 2024 está intacta. Y fíjate que el respaldo de ese acto donde se presentó esta ruta fue la tarjeta de la Manito, que ha sido la más votada en los procesos electorales del país. El régimen trató de eliminarla, pero no pudo. Esa tarjeta sería la que nos agruparía a todos los factores de la unidad.

¿Cómo se imagina a Venezuela en un año?

Mira, yo soy optimista. Yo, a pesar de todo lo que hemos hablado —que todavía persisten el Estado opresor y las irregularidades; que existen presos políticos, desaparecidos y una amnistía que ha sido negada de manera arbitraria, y que no hay defensa privada que asista a las víctimas, pues nosotros no tuvimos derecho a la defensa—, pese a que hay una situación económica difícil, que la inflación es fuerte y que el costo de la vida es alto, hay un resurgimiento de los movimientos sociales que han salido a la calle.

Los trabajadores, los mismos estudiantes y los partidos comienzan a movilizarse en función de exigir en la calle derechos sociales, como salarios, salario mínimo, contratación colectiva, mejoramiento de las pensiones y de las jubilaciones, la legalización de los partidos políticos.

Hay que aprovechar, porque ahorita no tendría razón el régimen interino para seguir manteniendo condiciones económicas deplorables, cuando se supone que están recibiendo ingresos. Se incorporaron al FMI y la presidenta encargada dice que va a solicitar USD 5.000 millones al fondo. Hay un fondo en Catar donde los ingresos provenientes del petróleo los están administrando. A lo mejor no entran dentro de la tesorería del régimen encargado, pero ella puede presentar proyectos.

Entonces, no hay razones para que sigamos teniendo el mismo problema de salarios paupérrimos, de pensiones paupérrimas, que las universidades estén sin presupuesto. Por ejemplo, la electricidad: yo soy de Mérida. En mi estado se va tres veces la luz diaria, y el promedio es de cuatro a seis horas. Eso ya está sucediendo en Caracas, en Maracay, en muchas partes.

Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Puros anuncios, pero no se le ve el queso a la tostada, como decimos. Hay que seguir presionando. Yo tengo optimismo, sin embargo, en que vamos hacia un camino de democracia. Tendrán que venir elecciones. Yo no creo que vayamos a repetir la situación anterior. El gobierno interino sabe que está allí para desmantelar el Estado represor.

Como expreso político, yo no estoy lleno de odio. Yo creo que tiene que venir un proceso de reconciliación, de paz, pero no puede haber impunidad. Tiene que haber justicia, tiene que haber verdad, tiene que haber reparación y tienen que haber garantías de no repetición.

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