Los cinco dirigentes de la oposición venezolana refugiados en la residencia del embajador argentino en Caracas denunciaron este sábado que llevan “35 días sin luz”, parte de lo que antes definieron como un “asedio” a la sede diplomática.
“Es una violación a nuestros derechos humanos”, escribió en X Magalli Meda, mano derecha de la líder opositora María Corina Machado, allí desde marzo. “Nuestros salvoconductos son un derecho”.
“35 días sin electricidad”, añadió. “Es una embajada cárcel”.
Meda y el resto de los colaboradores de Machado están acusados de conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En principio eran seis, pero hace una semana uno de ellos, Fernando Martínez Mottola, se entregó y tiene libertad condicional.
La oposición liderada por Machado sostiene que su candidato Edmundo González Urrutia ganó las elecciones del 28 de julio y no Maduro, como anunció la autoridad electoral, acusada de servirle.
Los refugiados denuncian desde hace más de un mes un “asedio” policial contra la sede diplomática: sostienen que funcionarios armados la rodean, impiden la entrada de alimentos y cortaron también el suministro de agua.
El ministro del Interior, el poderoso dirigente Diosdado Cabello, negó tal cerco y dijo que el corte de servicios públicos respondía a falta de pago.
Brasil anunció en agosto que asumía la custodia de la delegación diplomática de Argentina con permiso de Caracas, que un mes después revocó su decisión. No obstante, el gobierno de Lula da Silva insistió en que seguirá defendiendo los intereses de su vecino.
“A esta embajada no ha venido ningún embajador, ninguno. ¿Lo han intentado? Seguro que alguno quisiera”, cuestionó Meda. “La verdad es que el régimen y su cancillería les ‘exige’ hacer silencio” o “de lo contrario los expulsan”.
La relación Buenos Aires-Caracas se ha tensado aún más tras el arresto de un gendarme argentino en Venezuela, al que acusan de “terrorismo”.
Su familia insiste que venía como turista para visitar a su pareja venezolana e hijo, que estaban en el país. El gobierno de Milei tachó la acción de “secuestro” y “un acto casi de guerra”.
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