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A pocos días del inicio del mandato de Donald Trump en Estados Unidos, el mundo ha sido testigo de la firmeza con la que busca implementar su agenda política. Sin duda, la gestión de la inmigración ha sido el tema central en las primeras semanas de su administración, provocando diversas reacciones tanto en la región como en el mundo, que ya responde ante su agresiva estrategia.
Por el momento, el conjunto de políticas implementadas para el manejo de la inmigración ha incluido redadas, vuelos de deportación a varios Estados incluidos Brasil, México y Colombia, la revocación del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de venezolanos, además de la decisión de Trump de utilizar el centro de detención en Guantánamo para recluir a inmigrantes en situación irregular. Estas medidas refuerzan la visión actual de securitización del fenómeno migratorio, relegando a un segundo plano la protección de los derechos humanos.
Adicionalmente, frente a estas políticas, han surgido nuevas tensiones internacionales. Un ejemplo de ello es el reciente percance diplomático entre Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro, debido a la decisión de este último de no aceptar dos vuelos con connacionales deportados. Ante la negativa de Petro, el gobierno estadounidense amenazó con la imposición de aranceles progresivos y la suspensión de visados, entre otras medidas, lo que evidenció hasta dónde puede llegar el nuevo presidente norteamericano para cumplir con sus objetivos. A pesar de que en esta ocasión se logró una salida diplomática, en la que Colombia evitó la imposición de sanciones, estas tensiones plantean varios interrogantes respecto a la manera en la que el nuevo gobierno se relacionará con la región. Especialmente, frente a la reciente consolidación de la dictadura de Maduro en Venezuela, que ha profundizado la inestabilidad política y social.
Si bien Trump es un crítico del régimen de Nicolás Maduro y en su primer mandato endureció las sanciones económicas contra compañías como PDVSA (la empresa estatal venezolana de hidrocarburos), suspendió vuelos comerciales y hubo una ruptura de relaciones diplomáticas, en esta ocasión la historia podría ser distinta.
Recientemente, Trump reconoció a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela y expresó su total apoyo a la oposición. Sin embargo, ha dado pocas declaraciones sobre cómo actuará Estados Unidos frente a la dictadura de Maduro. Entre estas, mencionó la posibilidad de dejar de comprar petróleo a Venezuela, de revisar las licencias actuales que tiene la empresa estadounidense Chevron para la extracción de este hidrocarburo en territorio venezolano y de seguir ejerciendo presión para reestablecer la democracia. No obstante, las decisiones que ha tomado el mandatario no reflejan lo que comenta públicamente.
El 31 de enero, el presidente estadounidense envió a Richard Grenell a Miraflores con el objetivo de negociar la llegada de vuelos de deportación. Posteriormente, la Casa Blanca anunció que Venezuela aceptó recibir a sus connacionales deportados, incluidos a los miembros de la banda criminal, el Tren de Aragua. Los aviones, que proporcionó directamente el gobierno venezolano, ya aterrizaron en el país latinoamericano. Aunque el secretario de Estado Marco Rubio insistió en que este movimiento diplomático no legitima a Maduro como presidente, esta acción sugiere que la administración Trump podría continuar negociando en el futuro con el régimen en temas clave, como la migración. Favorecería así el cumplimiento de su agenda política mientras adopta una postura más pragmática frente a Venezuela.
Por otro lado, después de estas negociaciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó automáticamente la licencia número 41 que le permite a Chevron mantener sus operaciones en Venezuela, hecho que contradice las declaraciones previas del presidente que permitió esta renovación. Si bien Donald Trump es partidario de que la mano dura es necesaria contra los inmigrantes, varios de ellos de nacionalidad venezolana, cuando se trata del régimen de Nicolás Maduro no es coherente entre sus declaraciones y sus acciones.
De esta forma, se han tomado pocas medidas para ejercer presión internacional al régimen de Maduro. Aparte de la incautación de un avión F900 perteneciente a Venezuela, el gobierno estadounidense no ha tomado medidas más estrictas para cumplir con sus declaraciones. Hasta el momento, es claro que la región se enfrenta a un mandatario que prioriza cumplir sus promesas y preservar el interés nacional por encima de cualquier otra situación, incluso de una dictadura.
* Natalia Rodríguez Arenas es asistente de investigación del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, y del Radar Colombia Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.
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Por Natalia Rodríguez Arenas
