Lo que debía ser una fecha de júbilo se transformó en una jornada de resistencia. Este 29 de mayo, cuando se celebraba el Día del Adulto Mayor, las calles cercanas al Ministerio de Educación en Caracas se llenaron de consignas y carteles que exigían el fin de lo que muchos califican como una política de “exterminio”.
A las 10:00 a. m. la concentración ya tomaba cuerpo y la consigna era clara: “No estamos desfilando, estamos protestando”. La ruta trazada pretendía llevar sus reclamos desde el Ministerio de Educación hacia el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para luego avanzar al Ministerio de Finanzas, seguir a la sede de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y, por último, a la Vicepresidencia.
Sin embargo, la voluntad de los manifestantes chocó con la respuesta del Estado venezolano que fue el cerco policial. Apenas una cuadra después de iniciar la marcha, al menos tres piquetes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), apoyados por las unidades de barrera conocidas como “murciélagos”, sellaron el paso, impidiendo que avanzaran hacia las sedes institucionales.
Óscar Murillo, coordinador general de Provea, acompañó la actividad de los adultos mayores y repudió el despliegue policial, recordando que la protesta pacífica es el único medio constitucional para exigir derechos.
“Son titulares de derechos, pero además son agentes de cambio”, sentenció Murillo. Además, criticó la política sistemática de obstrucción contra un sector que ha visto su salud y estabilidad fragmentadas por la crisis y la migración forzada.
Sobrevivir entre la nostalgia y el hambre
Entre la multitud destacaba Irma Madriz, una enfermera jubilada de 68 años jubilada del IVSS. Para ella, la jubilación no ha traído el descanso merecido, sino una profunda tristeza.
“Cuando yo era activa, el dinero me alcanzaba. En vacaciones me podía ir para Margarita; hoy en día, el dinero nada más se va en un poquito de comida y medicinas”, relató con nostalgia.
Así como miles de adultos mayores, Irma depende hoy de la ayuda de sus hijos para no “verse ahogada” por la precariedad.
La sensación de abandono es compartida por Ismael García, de 79 años, quien porta un cartel con una sentencia devastadora: “quiero morir de vejez, no de hambre”.
“Nunca creí que llegaría a este estado. Aquí no estamos viviendo, estamos sobreviviendo", confesó. Entre decepción, lamentó que, a pesar de tener fuerzas para trabajar, la sociedad lo descarte por su edad.
“Nos quieren llevar al exterminio”
La protesta no fue solo un reclamo caraqueño. Eudi Lobatón, representante del Comité de Jubilados y Pensionados del estado Lara, viajó a la capital para denunciar lo que calificó como una política de “exterminio” que afecta a más de 5 millones de adultos mayores.
Lobatón alzó la voz por los más vulnerables, asegurando que mueren de hambre y mengua. También se refirió a los 30.000 jubilados en el exterior que desde 2015 no reciben ningún tipo de beneficio.
En medio de la actividad, un grupo de docentes jubilados logró ingresar a las inmediaciones del Ministerio de Educación para entregar sus exigencias, mientras otro grupo hacía lo propio en la sede del IVSS.
Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados de la capital, denunció la desnaturalización de la protección social y criticó que insumos médicos y ayudas técnicas, que antes proveía el Seguro Social, ahora sean entregados por consejos comunales con fines de proselitismo político.
“Si hay dinero para la corrupción, debería haber para montar un comedor en cada parroquia del país”, reclamó García, quien además anunció que los adultos mayores se sumarán solidariamente al paro convocado por el magisterio para el próximo 10 de junio.
La jornada de este 29 de mayo cerró con una certeza amarga: la dignidad de los adultos mayores sigue intacta, pero su vida pende de un hilo en un país que, según sus propios testimonios, los ha dejado a su suerte en la etapa más vulnerable de sus vidas.
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Por Mairen Dona | El Pitazo
