Tras la incursión militar del 3 de enero de 2026, denominada Operación Resolución Absoluta, el imaginario colectivo de que la salida de Maduro traería consigo una restauración democrática inmediata ha chocado con la persistencia de un aparato estatal que sigue, en lo esencial, intacto. Un cambio sin un plan político derivado del ejercicio real de poder garantiza exactamente esto: un cambio de cara, pero no de sistema.
En noviembre pasado, antes de la intervención, recurrimos en El espejismo del poder duro: los límites y riesgos de una intervención de EE. UU. en Venezuela a los casos de Panamá, Irak y Afganistán para sostener que una verdadera transición exige no solo un objetivo claro, sino instituciones capaces de sostenerla –y expectativas alineadas con su intención real.
La intervención fue justificada en clave de narcoterrorismo: Trump declaró el fentanilo como arma de destrucción masiva, extendiendo de facto la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar de 2001. Un informe de diciembre del 2025 de la Government Accountability Office concluyó, sin embargo, que son los cárteles mexicanos –no los venezolanos– quienes son responsables del flujo de prácticamente todas las drogas ilícitas que entran a Estados Unidos.
Las propias acusaciones contra Maduro no mencionan el fentanilo ni una sola vez. La justificación pública y la realidad documentada apuntan en direcciones distintas. La posesión de Delcy Rodríguez como presidenta interina el 5 de enero abrió una etapa que se entiende mejor como una transición supervisada por Washington, que optó por colaborar con figuras clave del antiguo régimen para preservar la estabilidad y asegurar el acceso a los recursos energéticos.
Si el pretexto era el narcoterrorismo, en la práctica la operación se desarrolló más como un arreglo económico. Resulta difícil imaginar una Venezuela plenamente comprometida con los derechos humanos cuando Washington estrecha sus vínculos con figuras centrales del entramado chavista. Delcy Rodríguez no solo fue retirada de la Lista Clinton el 1 de abril y vio restablecidas las embajadas: el propio presidente de Estados Unidos la elogió públicamente como una “persona fantástica”.
Y sin embargo, su trayectoria es inequívoca. Entre 2018 y 2021 ejerció control jerárquico directo sobre el SEBIN, el aparato de inteligencia que funcionó como policía política contra opositores; en 2020 un informe de la ONU concluyó que había motivos razonables para creer que conocía o debía conocer las detenciones arbitrarias y torturas cometidas bajo su supervisión. Bajo este paraguas diplomático, la infraestructura represiva no se desmantela: muta y sobrevive con los mismos actores que la hicieron posible.
Human Rights Watch advirtió en febrero que “el aparato represivo permanece intacto”, y exigió reformas reales bajo la amenaza de quedar frente a una “falsa transición”. La aprobación de la Ley de Amnistía el 19 de febrero de 2026 permitió la liberación de 621 presos políticos hasta comienzos de marzo, pero distintos organismos internacionales han advertido que la maquinaria legal y los sistemas de vigilancia masiva que hicieron posible la represión continúan operando.
La ausencia de una democratización real ha empujado a la oposición tradicional hacia una creciente irrelevancia. La mañana misma de la operación, María Corina Machado declaró que “la hora de la libertad ha llegado”; meses después, Trump ha puesto en duda su capacidad para asumir ese papel, afirmando que no cuenta con el respaldo necesario dentro del país. La tensión decisiva se concentra ahora en el calendario electoral.
Aunque amplios sectores de la población y líderes de la oposición consideran que las elecciones deberían celebrarse en menos de un año, el círculo de Rodríguez ha evitado fijar fechas, priorizando la recuperación económica sobre la legitimidad en las urnas.. Esa estabilidad no constituye un fin en sí mismo, sino el engranaje que Washington necesita para reconfigurar la industria petrolera venezolana bajo sus propios términos.
Washington tiene una larga tradición en Latinoamérica de cambiar la legitimidad democrática por estabilidad operativa y acceso a recursos: Guatemala en 1954, Chile en 1973, Panamá en 1989. Lo distintivo del momento actual no es la lógica transaccional sino la franqueza con la que se asume. La intervención de Trump en Venezuela no responde a ningún idealismo democrático: es nihilismo estratégico. El poder estadounidense se usa porque puede usarse, vestido con el lenguaje de la ley y el orden, sin pretensión alguna de articular qué viene después.
Marco Rubio resumió el horizonte con una frase que habla por sí sola: una Venezuela “que sirva a nuestros intereses, pero también a los del pueblo”. El orden de las palabras lo dice todo.
Intereses Petroleros
Tras la captura de Nicolás Maduro, quedó claro que el control de los recursos energéticos de Venezuela no constituía un efecto secundario de la Operación Absolute Resolve, sino uno de sus objetivos estratégicos. El propio mandatario admitió que el acceso al petróleo había sido una motivación central, coherente con su afirmación de 2023 de que Estados Unidos se debería quedar con “todo ese petróleo”.
Tal reconocimiento pone de relieve la tensión entre la retórica de liberación democrática y lo que se ha denominado una forma de imperialismo de recursos. Esa centralidad del petróleo también se hizo visible en el lenguaje político de la propia Casa Blanca. El 24 de febrero de 2026, durante su State of the Union, Trump aseguró que Estados Unidos ya había recibido más de 80 millones de barriles de crudo venezolano.
Sin embargo, los registros de seguimiento marítimo y los cálculos de analistas financieros mostraron que los volúmenes realmente movilizados estaban muy lejos de lo proclamado. Esa distancia entre el discurso triunfalista y la evidencia disponible revela hasta qué punto el crudo venezolano pasó a ser parte de la narrativa con la que Washington buscó justificar, comercial y políticamente, su intervención.
El 20 de enero, el gobierno interino confirmó la recepción de los primeros 300 millones de dólares de un acuerdo de suministro con Estados Unidos. Días después, Rodríguez promulgó una reforma a la ley de hidrocarburos que abrió la puerta para que empresas privadas y extranjeras asumieran el control de la producción, desmontando uno de los pilares del modelo estatal construido por Chávez.
Mientras Trump prometía 100.000 millones en inversiones, el CEO de ExxonMobil advirtió que Venezuela seguía siendo “no invertible” por la inestabilidad de su marco legal — y la respuesta de Trump fue amenazar con excluir a Exxon de futuros contratos. El episodio puso en evidencia que la nueva arquitectura petrolera no estaba diseñada como una alianza empresarial normal, sino como un esquema de acceso condicionado por la obediencia estratégica a Washington.
Hacia febrero, el secretario de Energía Chris Wright reportó ventas ya superiores a los 1.000 millones de dólares, con proyecciones de alcanzar los 5.000 millones. No obstante, una parte sustancial de esos ingresos fue depositada en cuentas supervisadas por el Tesoro de Estados Unidos y en fondos ubicados en Qatar, con el propósito de financiar ayuda humanitaria y reembolsar a Washington por los costos de la operación.
La riqueza petrolera de Venezuela se administra donde los venezolanos no tienen voz.
Juicios a Nicolás Maduro
El proceso abierto en Nueva York convirtió la captura de Maduro en un nuevo frente de disputa política y jurídica. Los cargos –narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, delitos conexos de armas– no están orientados a establecer responsabilidad por los crímenes cometidos contra la población venezolana, sino a sancionar una presunta estructura criminal que habría introducido drogas en territorio estadounidense.
El caso no clausura la intervención: la prolonga por otros medios, trasladando al terreno judicial una lógica de seguridad nacional. Por eso el juicio no debe leerse sólo como un ejercicio de rendición de cuentas, sino como la traducción penal de una gramática de guerra, en la que el lenguaje del narcotráfico ayuda a justificar excepciones jurídicas y decisiones de fuerza.
Pero incluso con una condena, el proceso difícilmente ofrecería justicia plena. El pedido de extradición de la justicia argentina bajo jurisdicción universal apunta de forma más directa a ese vacío, al poner en el centro los crímenes de lesa humanidad –aunque sus probabilidades de prosperar parecen reducidas mientras Washington mantenga a Maduro bajo su control jurisdiccional.
El principal rostro del chavismo puede terminar siendo juzgado no por la totalidad del daño infligido a Venezuela, sino por aquella parte de ese daño que Estados Unidos puede traducir en un delito contra sí mismo.
La transición que no llegó
Trump ha insinuado que Cuba podría ser el próximo caso, y la guerra abierta con Irán ha dejado al descubierto un límite evidente: Washington no dispone de atención estratégica infinita. En ese desplazamiento de prioridades está el verdadero riesgo para Venezuela. El 3 de enero muchos celebraron la caída de Maduro como el inicio de una transición democrática; meses después, la mirada de Washington se desplaza hacia otro frente mientras la transición prometida sigue sin materializarse.
Lo que ha emergido no es una agenda neoconservadora de exportación de la libertad, ni un proyecto de nation building, ni siquiera una estrategia coherente de difusión democrática. Es algo mucho más antiguo y crudo: un ejercicio clásico de dominación hemisférica revestido con el lenguaje del terrorismo y del cumplimiento de la ley –una actualización de la Doctrina Monroe para la era de la presidencia imperial de Trump.
En Venezuela no ha surgido una democracia en transición, sino algo perverso: una cleptocracia supervisada con el sello de aprobación de Washington, en la que un autoritarismo ha sido reordenado, no desmantelado. Mientras tanto, los venezolanos que votaron por el cambio –y vieron en Trump a un libertador– siguen esperando una liberación que no se ve llegar.
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Por Dorian Kantor, Leonardo Carreño, Juan Diego Cubillos | Especial para El Espectador
