El pulso entre Estados Unidos y Venezuela sigue latente, y desde Washington parecen decididos a apretar las tuercas necesarias para forzar un cambio en Caracas a cualquier costo. Ya la semana pasada informamos sobre “Lanza del Sur”, la operación militar anunciada para Latinoamérica, y el domingo el siguiente golpe vino por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, quien desde Argentina informó que planean designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista.
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El llamado Cartel de los Soles no funciona como un cartel tradicional, sino como una red integrada por militares, funcionarios y grupos criminales que operan dentro del Estado venezolano, cuya cabeza presuntamente es Nicolás Maduro, vinculada al narcotráfico y la corrupción. Para Washington, esa estructura ha sido clave en el envío de cocaína a Estados Unidos durante años, con la participación directa de altos mandos chavistas. La retórica de una banda narcotraficante obedece completamente a las acusaciones de EE. UU., pero la organización también puede ser interpretada como un entramado complejo de corrupción.
Si EE. UU. lo designa como organización terrorista, el señalamiento dejaría de ser solo un crimen transnacional para convertirse en una amenaza hemisférica. Ese paso abriría la puerta a sanciones más duras, operaciones conjuntas con aliados y un nivel de persecución similar al aplicado a grupos como las FARC o Hezbolá.
Sigue exactamente la misma línea de los últimos meses y semanas. El mayor portaaviones de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, ya está en aguas del Caribe entre las islas británicas y Barbados, cerca de las costas venezolanas y con más de 10.000 efectivos estadounidenses a bordo. Al mismo tiempo, “Lanza del Sur” ya tuvo su primer operativo formal bajo esta estrategia militar con un ataque a una embarcación pequeña en el Pacífico que, sumado a los anteriores, ya suma más de 20 y más de 80 ciudadanos latinoamericanos muertos.
En líneas generales, no es la primera vez que Washington apunta directamente al corazón del chavismo, pero esta vez el movimiento tiene implicaciones legales y geopolíticas más profundas. La pregunta central: ¿estamos frente a un giro decisivo contra Maduro o ante otra medida simbólica y de presión?
La lectura debe hacerse por líneas. A simple vista, Washington tiene sitiado al régimen, pero el momento de hacerlo tiene un impacto interno en el país norteamericano, y el anuncio llega semanas después de derrotas electorales contra el Partido Demócrata por gobernaciones clave como Nueva Jersey y Virginia, y en ciudades como Nueva York. Por supuesto, apelar a la mano dura siempre le va a servir al presidente Donald Trump, especialmente en sectores con sentimientos tan antichavistas como todo el estado de Florida. Todo esto será clave en 2026, año electoral para renovar parcialmente el Congreso.
Sin embargo, explica Víctor Mijares, analista y docente de la Universidad de los Andes, de cierta forma también hace que todo en conjunto aumente el precio y el costo de que Maduro se mantenga en el poder: “Trump trata de darle algún tipo de posibilidad a que Maduro plantee alguna solución negociada que permita, creo yo, lo que están buscando: una transición política. Ya me caben pocas dudas de que hay un objetivo distinto a un cambio político en Venezuela, y no sabemos muy bien cuál puede ser la fórmula”.
Esto tiene sentido si lo ponemos junto a las declaraciones del mismo Trump durante el fin de semana, quien dijo, regresando a Washington desde su casa en Florida, que podría tener discusiones con Maduro: “Podríamos tener algunas discusiones con Maduro y ver qué resulta de ello. A ellos les gustaría hablar. ¿Qué significa? Dímelo tú, no lo sé… Yo hablaría con cualquiera”, dijo. Con esto le abre la puerta a volver a negociar, algo que descartó por completo hace meses, frenando el trabajo de Richard Grenell, su enviado para Caracas.
Sin embargo, como todo con Trump, tiene varias capas. Presionar con la designación y forzar al diálogo es la cara visible, la de las declaraciones de prensa. No obstante, Mijares advierte también que toda esta movida puede hacer que, de ser necesario, pueda ejecutar una intervención militar sin necesidad de pasar por la aprobación del Congreso. Claro, hace unas semanas fracasó la propuesta legislativa que quería vetar las operaciones que hacen en el Caribe y el Pacífico, pero una eventual intervención, según la Constitución de EE. UU., tendría que pasar por el Capitolio.
Si volvemos a la lectura de presión, esto se queda en un plano simbólico, pues Maduro ya está hace años en la mira de EE. UU. Ya, de hecho, en la primera administración de Trump se estableció una recompensa de USD $50 millones, y pese a esto, el chavista sigue concentrando todo el poder en Venezuela. Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, interpreta la medida con matices temperamentales, pues, a pesar del ruido de los últimos meses, “lo que ha sucedido hasta el momento es que no se ha logrado concretar nada”.
“Si bien el régimen venezolano es un régimen dictatorial, este comportamiento norteamericano termina avalando lo que hace el régimen y lo termina convirtiendo en una víctima de esta situación, lo cual hace que actores de izquierda latinoamericanos y europeos se alineen con el presidente Nicolás Maduro, a pesar de ser una dictadura violadora de derechos humanos”, explica Rodríguez sobre el efecto interno.
Mientras tanto, la medida comenzará a regir el 24 de noviembre, pero en la práctica es otra gota que cae al vaso que Estados Unidos pretende llenar para provocar un cambio político en Venezuela. Sin embargo, Rodríguez advierte sobre esto que “muchas veces esos cambios ocurren por circunstancias, muchas veces sobrevenidas, no planeadas, o que se esperaba, o se pensaba, que no iban a tener un efecto o un resultado en esa dirección”.
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Por Hugo Santiago Caro
