El gobierno de Donald Trump autorizó secretamente a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) la realización de operaciones encubiertas en Venezuela, lo que marca un giro drástico en la política de Washington hacia el régimen de Nicolás Maduro, según reveló este miércoles The New York Times.
De acuerdo con el diario, el llamado “hallazgo presidencial” —un documento clasificado que habilita acciones clandestinas— permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales dentro del país sudamericano o coordinarse con fuerzas militares estadounidenses en la región.
Esta autorización se produce mientras el Pentágono elabora opciones para una posible escalada, incluidos ataques dentro del territorio venezolano.
El contexto es de alta tensión: Trump puso fin a las conversaciones diplomáticas con Caracas tras el fracaso de sus esfuerzos por forzar la salida de Maduro, a quien su administración acusa de narcotráfico y de usurpar el poder. Estados Unidos mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
La decisión significa mucho más que una medida de presión puntual. Representa el regreso de las operaciones encubiertas estadounidenses en América Latina, una práctica con un historial ambiguo que va desde el golpe contra Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954 hasta la intervención en Chile en 1973 y la financiación de la “contra” en Nicaragua en los años ochenta.
En todos estos casos, la CIA jugó un papel decisivo en la caída o desestabilización de gobiernos que Washington consideraba adversarios ideológicos.
El Times señala que el actual despliegue militar en el Caribe —con unos 10.000 soldados, ocho buques de guerra y un submarino— refuerza la idea de que el gobierno de Trump busca mantener abiertas varias opciones, incluso las más riesgosas. El objetivo final, según funcionarios citados, sería “expulsar a Maduro del poder”.
“Ciertamente, estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar”, declaró Trump en el Despacho Oval ante una pregunta de la prensa sobre la posibilidad de realizar ataques en tierra.
El hallazgo presidencial, explica el diario, se discutió bajo estricta confidencialidad y solo un reducido grupo de legisladores ha sido informado. La supervisión del Congreso sobre este tipo de acciones es limitada, y su ejecución rara vez se hace pública, salvo en casos excepcionales, como la operación que culminó con la muerte de Osama bin Laden en 2011.
Para los analistas, esta autorización marca una evolución en la doctrina de seguridad estadounidense, que bajo Trump tiende a difuminar la frontera entre la lucha antidrogas y la intervención política.
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