Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Justicia de Venezuela otorgó un total de 6.071 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero pasado para los casos de presos políticos, la gran mayoría de ellas a personas que tenían medidas cautelares, informó este martes el presidente de la Comisión Parlamentaria para la aplicación de la norma, el chavista Jorge Arreaza.
En una rueda de prensa en la sede del Legislativo, Arreaza indicó que el sistema de justicia venezolano recibió 9.419 solicitudes de amnistía, de las cuales fueron otorgadas unas 6.071 libertades plenas.
En ese sentido, detalló que la amnistía benefició a 245 personas que estaban “privadas de libertad” y a 5.826 que tenían medidas cautelares, la mayoría de ellos, añadió, son de los detenidos por la crisis postelectoral de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, mientras que la oposición mayoritaria denunció fraude.
“Ha habido mucha celeridad en el proceso y le rogamos a quien aún está esperando que el tribunal correspondiente tome la decisión o la sala de apelaciones, en el caso que haya habido una apelación, recuerden los 15 días cuentan a partir de la recepción de la solicitud de amnistía”, señaló Arreaza.
Igualmente, sostuvo que habrá una “depuración” de la lista total de solicitudes porque hay casos repetidos.
El diputado chavista también dijo que hasta el momento no ha habido solicitudes de amnistía de venezolanos que se encuentran en el exterior pero apuntó que hay personas que se comunicaron con diputados opositores y oficialistas sobre la voluntad que tienen para hacer el procedimiento.
Arreaza insistió en que la Ley de Amnistía debe ser considerada un “primer paso” que no le dará la paz a Venezuela “por sí sola”.
El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una histórica Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.
Asimismo, creó una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la norma, además de revisar casos “no contemplados” en la ley, una función que también cumplirá el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instalado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos a comienzos de ese mes.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, está verificando la cantidad de liberados tras la amnistía y el jueves en la tarde cifró en 568 el total de los detenidos por motivos políticos en el país.
Familias denuncian chantajes
Familiares de presos políticos en Venezuela denunciaron este martes supuestos cobros en dólares en algunos tribunales para entregarles la notificación que otorga la libertad plena a sus allegados como parte de la ley de amnistía aprobada el pasado mes por el Parlamento.
El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó el pasado 19 de febrero por unanimidad una histórica Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.
Asimismo, creó una comisión especial que revisa casos “no contemplados” en la ley.
“Los Tribunales Primero, Segundo y Tercero en funciones de Juicio con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo están exigiendo a nuestras familiares resmas de papel, cajas de bolígrafos y pagos en dólares en efectivo como condición para notificarles y entregarles copia de la decisión que les otorga la libertad plena”, dijo en una nota de prensa el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.
El comité, constituido por detenidos en el marco de protestas contra la reelección de Nicolás Maduro en 2024, señaló que las familias no cuentan con recursos para “cubrir cobros ilegales” y recordó que muchos de sus integrantes tuvieron que hacer grandes esfuerzos para costear los traslados hacia las cárceles en las que se encontraban sus parientes detenidos, la mayoría alejados de sus estados de residencia.
“La justicia es un derecho constitucional, no una mercancía. Los tribunales tienen la obligación de entregar la copia de la decisión de amnistía sin costo alguno. Este documento es indispensable para eliminar antecedentes y registros policiales relacionados con los hechos amnistiados”, añadió.
Por ello, las madres instaron a la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y al Programa de Convivencia y Paz del Gobierno venezolano que promueve el diálogo político, para que “constaten” su denuncia y exijan a las autoridades judiciales cumplir con su obligación sin solicitar un “pago arbitrario”.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.
Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!
📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com
