Caracas acusó este sábado a la Marina de Estados Unidos de retener durante ocho horas a un barco pesquero venezolano en su zona económica exclusiva, en un nuevo episodio de tensiones entre ambos países marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y las acusaciones de narcotráfico contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El Ministerio de Relaciones Exteriores denunció que el destructor USS Jason Dunham abordó de manera “ilegal y hostil” al pesquero “Carmen Rosa”, tripulado por nueve pescadores de atún, cuando navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla.
Según Caracas, 18 efectivos armados ocuparon la embarcación durante ocho horas, lo que calificó como una “provocación directa” y un “uso ilegal de exagerados medios militares”.
“Quienes dan la orden de hacer esas provocaciones están a la búsqueda de un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe”, advirtió la cancillería venezolana, que exigió el “cese inmediato” de este tipo de acciones por parte de Washington.
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La versión de Estados Unidos
Un funcionario estadounidense citado por ABC News confirmó que personal de la Guardia Costera a bordo del Jason Dunham inspeccionó la embarcación venezolana tras recibir una alerta sobre un posible cargamento de drogas.
Según esa versión, la operación no duró ocho horas y se desarrolló en aguas internacionales, no en la zona económica exclusiva de Venezuela. La revisión no halló drogas ni contrabando.
El Pentágono sostiene que la presencia naval en el Caribe forma parte de las llamadas operaciones contra el “narco-terrorismo”, anunciadas por el presidente Donald Trump a comienzos de mes.
El 2 de septiembre, Trump dijo que había ordenado un ataque contra una lancha que, según Washington, transportaba miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, en el que murieron 11 personas. Caracas denunció entonces que se trató de una ejecución extrajudicial contra civiles.
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Un Caribe militarizado
El incidente se produce en medio del despliegue de ocho buques de guerra estadounidenses en el Caribe sur, lo que Maduro ha descrito como un “asedio” disfrazado de lucha antidrogas. Washington no reconoce al mandatario como presidente legítimo y lo acusa de encabezar una organización criminal conocida como el “Cartel de los Soles”, ofreciendo hasta US$50 millones por su captura.
En respuesta, Maduro ordenó movilizar 25.000 efectivos militares en estados fronterizos y en el litoral caribeño, y ha llamado a los ciudadanos a integrarse en la Milicia Bolivariana, compuesta por civiles armados.
El viernes, Maduro convocó a reservistas y milicianos a entrenamientos tácticos de fin de semana, en preparación —dijo— ante una “amenaza de invasión”.
Una disputa de soberanías
La legalidad del abordaje está en el centro del pulso. De acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un país tiene soberanía sobre los recursos de su zona económica exclusiva —hasta 200 millas náuticas desde sus costas—, aunque terceros conservan libertad de navegación.
Caracas insiste en que el pesquero estaba en aguas bajo jurisdicción venezolana. Washington, por el contrario, asegura que la operación se llevó a cabo en aguas internacionales y bajo protocolos de interdicción antidrogas.
El incidente refleja el creciente riesgo de un choque directo en el Caribe entre las fuerzas armadas de Venezuela y las de Estados Unidos, en un contexto donde la confrontación diplomática ya escaló al terreno militar.
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