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A Amaia Landeta Machado, de tan solo seis años, le cayó una pared encima tras los terremotos en Venezuela. La Policía Nacional la llevó al hospital de Pariata y luego fue llevada a uno de Caracas, pero la familia no sabe a cuál. La han buscado por donde pueden en la capital. Solo saben que salió en estado crítico y por eso creen que debe estar en terapia intensiva. Sarah Ysea Caracciolo, apenas tres años mayor que ella, fue rescatada de un edificio de La Guaira, según el conserje, pero sus allegados tampoco han podido ubicarla. Al parecer, fue llevada a un campo de golf. Ante la duda de que no haya sido así, los suyos se aferran a la esperanza.
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Ha pasado casi una semana desde los letales sismos y esas son unas de las historias que la tragedia ha dejado a su paso, al menos son las que conoce la ONG CECODAP, que lleva 42 años trabajando por la niñez venezolana. Con el recuerdo vivo del deslave de Vargas y de las dudas que ese desastre dejó sobre los niños que nunca fueron encontrados, Venezuela vive una tragedia que suma un dolor y un trauma más para los suyos. Persiste una herida abierta desde 1999, y tiene que ver con las sospechas de sustracciones y de trata de personas alrededor de los niños de quienes nunca se volvió a saber nada, además de que hubo papás que en su desespero entregaron a los suyos para tratar de salvarlos. Hay antecedentes, y eso lo recordó Carlos Trapani, coordinador general de la organización, mientras todavía intenta entender las dimensiones de lo que está pasando.
Los temores son varios, pero tal vez uno de los más grandes es el de la separación familiar, un error que se ha visto en el pasado. Se necesita implementar un sistema de registro, identificación y localización, que ningún niño, niña y adolescente sea entregado sin verificar quién es la persona que lo recibe y, además, que no se promuevan procesos de adopción, acogimiento permanente u otras medidas, como sucedió en Colombia tras la catástrofe de Armero. Aún en búsqueda de la verdad y según el ICBF, se han conocido 179 casos de niños que fueron trasladados a orfanatos y entregados en adopción o al cuidado de terceros sin claridad sobre quiénes eran ni sobre la situación de sus familias.
Fernando Pereira, miembro fundador de CECODAP, tiene presente lo que vivió Colombia en ese doloroso 13 de noviembre de 1985, y lo hace porque, entre el caos que dejó el deslave de Vargas, que mostró que Venezuela no estaba preparada para enfrentar algo así, además de la falta de coordinación que hubo tras lo sucedido, una colombiana experta en emergencias que estuvo presente en Armero viajó del otro lado de la frontera para, de alguna manera y durante dos años, por intermedio de Save The Children, compartir sus experiencias y aprendizajes en medio de una emergencia de esa magnitud. Una de las lecciones que se llevó desde entonces, y que tiene presente ahora ante un nuevo dolor, es priorizar a los niños desde el primer momento.
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Si hace 27 años no había entrado en vigor la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece la primacía de ellos en la asistencia en cualquier circunstancia, hoy es un avance que algo así exista, sobre todo ante un escenario que una vez más está mostrando improvisación y desorganización, y que hay quienes están pidiendo reflexionar sobre el rol de las Fuerzas Armadas en medio de esto, como lo hizo Trapani: “Hay que problematizar cuál es el rol de los organismos de seguridad del Estado, llámese Policía o Ejército. Organizar la ayuda no significa limitar. En el deslave en Tejerías, un militar decidía qué se hacía y qué no, sin tener formación en lo social y mucho menos en un enfoque de protección a la niñez”.
El problema, o uno de los muchos que hay, es el divorcio entre el Estado y la sociedad civil, y eso viene de años atrás. A eso se suma la falta de recursos. Es difícil, por no decir imposible, afirmar que no se vaya a presentar un caso delicado de niños en Venezuela tras los mortales terremotos, que al cierre de esta edición han dejado 1.719 muertos y 5.034 heridos, y teniendo en cuenta que según UNICEF 680.000 niños necesitan asistencia humanitaria, pero al menos hay más herramientas para tratar de dar una respuesta. La tarea, que es titánica, está en vigilar que esos compromisos legales, que le competen a un Estado cuyas instituciones son débiles, se cumplan.
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