Las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela, cuyos resultados abrumadoramente favorables a la oposición fueron desconocidos por Nicolás Maduro, han abierto las puertas a una etapa de represión pura y dura que se ha convertido en su principal manera de mantenerse en el poder y reafirmado el carácter dictatorial de su gobierno.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral (2025), advirtió que los pasados comicios representaron una “alteración del orden constitucional” y concluyó que la opacidad electoral y las restricciones a los derechos políticos documentadas en este informe “impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Maduro goza de legitimidad democrática”.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), tan poco dada a declaraciones altisonantes, señaló el 10 de febrero que Venezuela “pasó de ser una autocracia hegemónica a una autocracia cerrada con todas las consecuencias que esto lleva consigo” y dejó constancia de que desde el pasado 28 de julio y tras las protestas poselectorales, los venezolanos han reaccionado con “temor, perplejidad e inquietud”.
Esta última aseveración de la CEV no puede extrañar si nos atenemos a que las referidas protestas se saldaron con más de 20 muertos en pocos días y la detención de más de 2 mil personas, desde dirigentes políticos y autoridades municipales de la oposición, líderes sociales y de oenegés, testigos electorales que estuvieron presentes en las mesas de votación, hombres y mujeres cuyos teléfonos celulares eran revisados en las calles para constatar si contenían mensajes poco amigables para el gobierno y, en una muestra adicional de la crueldad desplegada, hasta menores de edad.
La CIDH no ha dudado en calificar estas actividades represivas del régimen madurista como “prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes”. Entre las violaciones documentadas menciona en su informe “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, cancelación de pasaportes, muertes violentas, y un sinfín de violaciones a las garantías judiciales y a la libertad de expresión”.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela afirmó el 18 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el gobierno de Maduro sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, a través de la persecución política, detenciones arbitrarias, encarcelamientos y otros actos graves contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas.
La ONG venezolana Foro Penal, en su último reporte del 21 de abril señaló que a esa fecha había 890 presos políticos en las cárceles venezolanas, entre ellos 90 mujeres y 5 adolescentes, y reflejó que sobre 61 personas no se conoce su destino o paradero. Desde 2014, cuando Maduro asumió por primera vez el poder, se han registrado 18.330 detenciones políticas en Venezuela.
El gobierno ha venido excarcelando a algunos de los detenidos, pero les ha mantenido activos sus procesos judiciales, imponiéndoles medidas cautelares de presentación ante los tribunales, la prohibición de declarar ante los medios de comunicación o de salir del país. Según Foro Penal más de 10 mil venezolanos siguen sujetos, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad.
Los patrones de la represión son recogidos en el informe presentado en febrero de 2025 titulado Crisis de Derechos Humanos en Venezuela alrededor de la instalación de un gobierno de facto (10E), conocido también como El libro rojo de Nicolás Maduro, que preparó Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, una iniciativa de organizaciones venezolanas que se agrupó bajo este nombre para continuar denunciando y documentando las violaciones que se producen, resguardando la integridad de los activistas que se mantienen en terreno.
Según este informe, “a las personas se les desaparece, así sea dentro de este esquema de desaparición forzada breve en los primeros momentos de arresto”. También “se las detiene sin que estén cometiendo delitos y sin orden de captura” y “se les imputan básicamente los mismos delitos que se le imputaron a todos los que fueron detenidos en las elecciones, el año pasado: terrorismo, instigación al odio, asociación para delinquir”. Todo esto se ve agravado por la práctica de que “a todos los detenidos se les niega el derecho a estar asistidos por abogados de su confianza”.
Otros patrones de represión, según da a conocer El libro rojo de Nicolás Maduro, es la política de detener y perseguir a familiares a través de amenazas y hostigamientos, así como la detención de extranjeros, como “ficha de canje para negociar con otro gobierno”. De acuerdo con Foro Penal, al 28 de febrero se encontraban detenidos en Venezuela 65 extranjeros o personas con doble nacionalidad por razones políticas, de los cuales el grupo más numeroso correspondía a colombianos con 22 presos (10 colombianos y 12 colombo-venezolanos). En la lista siguen españoles, italianos, estadounidenses y portugueses, entre otros.
El reciente informe correspondiente a 2024 de la más grande y antigua organización defensora de los derechos humanos venezolana Provea, titulado El apagón democrático, viene cargado de preocupantes cifras como que la violencia institucional policial y militar causó 522 personas asesinadas en distintas circunstancias (en los últimos cinco años policías y militares han asesinado a 6.414 personas); se registraron 2.635 violaciones al derecho a la libertad personal, un aumento de 1.347,8 % respecto al año anterior; y 2.224 personas fueron víctimas de tratos o penas crueles.
Por su parte la ONG Human Rights Watch en su informe sobre Venezuela publicado en abril, titulado Castigados por buscar un cambio: asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias tras las elecciones de 2024 en Venezuela, vincula a las autoridades venezolanas y a grupos armados partidarios del gobierno, conocidos como “colectivos”, con las violaciones generalizadas de derechos humanos.
También Amnistía Internacional, laureada con el Premio Nobel de la Paz en 1977, señala en su informe correspondiente a 2024 que en Venezuela se llevaron a cabo detenciones masivas sin orden judicial y sin que las personas afectadas hubieran sido sorprendidas cometiendo actos ilegales.
La acción represiva del Estado venezolano cuenta con un importante apoyo en la recientemente aprobada Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y afines, que en la práctica puede significar el fin de este espacio cívico que ha sido fundamental para paliar la emergencia humanitaria compleja que aún vive el país y la opacidad informativa que fomentan las autoridades, así como en la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, vigente desde 2017, que es utilizada instrumentalmente por el gobierno.
Igualmente, hay que tomar en cuenta la Ley libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela que establece penas de hasta 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros para las personas que apoyen o estén implicadas en sanciones contra el gobierno o las autoridades venezolanas, al igual que la inhabilitación política por hasta 60 años y la posibilidad de juzgar a las personas en ausencia. Está en trámite asimismo la Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares donde estas últimas tres categorías podrían perfectamente ser sustituidas por el de oposición.
Los defensores de los derechos humanos temen igualmente que la reforma constitucional anunciada para este año por Maduro contenga disposiciones que impliquen el agravamiento de la actual situación de violación de los más elementales derechos de la ciudadanía.
*Investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, investigador principal del Radar Colombia Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
“Esto no es una frontera, esto es un río”
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Por Txomin Las Heras Leizaola*
