Justo se cumplieron los primeros 100 días del gobierno de Delcy Rodríguez como lideresa encargada del poder en Venezuela cuando Estados Unidos apretó de nuevo el acelerador para normalizar las relaciones entre ambos países. El camino, no obstante, sigue siendo un largo trecho por recorrer. De forma consecutiva, esta semana hemos tenido las novedades del levantamiento de sanciones económicas contra el Banco Central de Venezuela (BCV) y el nombramiento sorpresivo del diplomático John Barrett como encargado de negocios en Venezuela, en reemplazo de Laura Dogu, quien dejará el cargo después de cuatro meses y regresará a Washington.
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Si bien el cambio diplomático sugiere que hay un proceso en marcha, el levantamiento de sanciones al BCV es el que realmente abre un camino clave para la recuperación de la economía. Aunque la apertura a la inversión de empresas extranjeras en el sector petrolero ya había empezado a movilizar esa industria, la medida de esta semana formaliza la reinserción de la economía venezolana en el sistema financiero internacional. Esto no solo facilita las operaciones en distintas divisas, sino que también reduce las trabas para realizar transacciones tanto del Estado como de las empresas, incluida la posibilidad de volver a operar en Estados Unidos.
Claro que no es el paso último ni definitivo, pero sí es un avance considerable. En palabras de José Ignacio Hernández, abogado constitucionalista venezolano y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, el paso lógico es “cumplir con un requisito adicional relacionado con la declaración o certificación que el Departamento de Estado debe otorgar al Banco Central de Venezuela bajo la Ley de la Reserva Federal, en lo que se conoce como la Declaración 25B, por la sección 25B de esa ley. Esta declaración, básicamente, acredita al Banco Central para operar como representante financiero de Venezuela dentro del sistema bancario de Estados Unidos”.
Asegura que muy probablemente eso ya esté en camino: es el complemento al levantamiento de sanciones o, en otras palabras, la licencia que les permite volver a operar. Dicho de otra forma, la eliminación de la prohibición no equivale automáticamente a la operatividad plena, pero sí es el punto de partida. De allí, el reto pasa de ser operativo y jurídico a recaer en lo reputacional y regulatorio. Es decir, como explica Hernández, el principal obstáculo práctico suele aparecer cuando los bancos, aun teniendo autorización para operar, evalúan el riesgo institucional asociado a Venezuela y optan por aplicar estándares de cumplimiento más estrictos o incluso evitar transacciones, lo que en el sector financiero se conoce como “overcompliance” o “de-risking”. En ese contexto, la reintegración plena no depende solo de la licencia, sino de la capacidad de ofrecer garantías de transparencia y gobernanza que reduzcan la percepción de riesgo.
Es en este punto que vale la pena recordar que la principal fuente de financiamiento del Estado chavista sigue siendo el petróleo. Ya no mediante mercados paralelos, cuentas en bancos de Oriente Medio y ventas clandestinas, sino a través de la nueva ruta trazada desde enero con Estados Unidos. Desde enero, las ventas bajo el esquema supervisado por EE. UU. han generado entre USD 1.000 millones y USD 2.000 millones, con una primera transferencia cercana a USD 500 millones y proyecciones de crecimiento si se mantiene el nivel de exportaciones.
La mesa está servida y las condiciones están dadas. Naturalmente, falta mucho para terminar de normalizar las relaciones entre ambas naciones, pero todo lo ocurrido en estos 100 días, y en especial esta última semana, ratifica que las bases para que la crisis venezolana empiece a encontrar una salida siguen dándose, por lo menos en lo que respecta a las condiciones que puso Estados Unidos al negociar con el régimen de Rodríguez tras la caída de Nicolás Maduro. Para Antonio De Lisio, docente de la Universidad Central de Venezuela, todo esto hace parte de lo que explica como un plan de tres fases de Donald Trump: “Estabilización (evitar el caos y asegurar el control petrolero), recuperación (reconstrucción económica y de infraestructura) y transición (elecciones y nuevas autoridades). Por lo que entiendo, mientras no se cumpla plenamente esta tríada, seguirán las restricciones”.
Esa parece ser la ruta por la que transitan en Caracas. Si bien hechos internos como la reinserción de Vladimir Padrino en el gabinete ministerial (ahora como jefe de Agricultura) dejaban dudas sobre la progresión real del cambio en el Estado, la información revelada el miércoles sobre una posible candidatura de Delcy Rodríguez confirma que no es descabellado pensar en unas prontas elecciones. El abogado Jihad Smaili fue registrado por ella en California para representarla en pleitos relacionados con PDVSA y su filial estadounidense Citgo, además de servicios relacionados con “la futura campaña política”, es decir, “su participación en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela”, según cita la agencia EFE. Mientras todo esto ocurre, vale la pena recordar que las sanciones funcionan bajo órdenes ejecutivas, por lo que el margen de flexibilización depende de decisiones políticas de Washington.
Es decir, su flexibilización mediante licencias específicas puede ampliarse, mantenerse o revertirse según evolucione la relación política entre ambos países. Un recordatorio de que la situación en Venezuela sigue siendo un proceso gradual, que debe observarse con lupa y que depende de muchos factores para alcanzar una normalización completa. Con Estados Unidos, claro, pero también a nivel interno, donde la democratización y el saneamiento de la situación de derechos humanos también son indispensables para aspirar a hablar de normalidad.
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Por Hugo Santiago Caro
