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José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español y “amigo personal” de Delcy Rodríguez —como él mismo lo afirmó en una entrevista radiofónica—, se convirtió en el primer expresidente del Ejecutivo español en democracia imputado por la justicia de su país. Deberá declarar el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional de España en el caso Plus Ultra, una investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido durante la pandemia a una aerolínea de capital venezolano.
Pero la citación también menciona gestiones ante autoridades aeronáuticas de Venezuela, empresarios venezolanos, operaciones petroleras, fondos supuestamente vinculados al país y conversaciones en las que aparece incluso Delcy Rodríguez.
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El punto venezolano más sensible está en el apartado sobre Inteligencia Prospectiva, una sociedad administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. El auto recoge conversaciones sobre operaciones petroleras en las que se menciona que Philippe Apikian, presidente de Swissoil Trading SA, y “los chinos” estaban listos para comprar barcos, y que había disposición para viajar a reunirse con “La Dama” y el ministro de Petróleo. El juez identifica a Delcy Rodríguez como “La Dama” y cita mensajes según los cuales ella “maneja la asignación directa de los barcos”.
El juez español considera que hay indicios de blanqueo de capitales por la posible creación de una estructura societaria y financiera internacional destinada a canalizar fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera de España.
Zapatero ha negado las acusaciones este martes y aseguró que “jamás” realizó gestiones vinculadas al rescate de Plus Ultra. También afirmó que sus ingresos fueron declarados y que nunca ha tenido sociedades mercantiles “ni directamente ni a través de terceros”.
Zapatero, en la diana judicial
El juez José Luis Calama sitúa a Zapatero como presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. El magistrado sostiene que esa estructura habría buscado “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.
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Plus Ultra recibió el 9 de marzo de 2021 una ayuda pública de 53 millones de euros del gobierno español de Pedro Sánchez bajo el argumento de que era una empresa “estratégica”. La decisión fue polémica: la aerolínea, de capital venezolano, operaba rutas hacia Venezuela, Ecuador y Perú y, según una carta enviada al Banco Santander en 2020, publicada por The Objective, contaba con una aeronave propia y tres alquiladas.
Plus Ultra fue durante años una de las pocas aerolíneas que mantuvo conexión directa entre Madrid y Caracas, en un contexto de reducción de rutas internacionales hacia Venezuela.
El auto judicial agrega que un informe pericial cuestionó que Plus Ultra cumpliera la condición de no estar en “situación de crisis” antes de la pandemia. Según la resolución, había dudas sobre su situación patrimonial, su liquidez y la posible existencia de insolvencia antes de recibir la ayuda. El juez también recoge que la empresa tenía una deuda aplazada con la Seguridad Social de 451.954,79 euros.
La investigación conecta el rescate con Venezuela por varias vías: gestiones ante el INAC para permisos de vuelo, empresarios venezolanos, operaciones petroleras, fondos supuestamente procedentes del país y negocios internacionales vinculados con petcoke, oro, acciones y divisas.
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Delcy Rodríguez es “La Dama”
La mención más relevante para Venezuela está en las conversaciones sobre operaciones petroleras. El auto recoge que Philippe Apikian, presidente de Swissoil Trading SA, y “los chinos” estaban listos para comprar barcos, y que había disposición para reunirse con “La Dama” y el ministro de Petróleo. El juez identifica a Delcy Rodríguez como “La Dama” y cita mensajes según los cuales ella “maneja la asignación directa de los barcos”.
Ese señalamiento aparece en el apartado sobre Inteligencia Prospectiva, una sociedad administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Según el auto, ambos intervenían en asuntos de política y negocios internacionales, particularmente en relación con Venezuela, de una forma que para el juez excedía la actividad ordinaria de una sociedad mercantil.
El juez también menciona una carta de intención enviada por China International Cultural Technology Resources Group CO LTD a la “oficina del presidente Zapatero”, a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, en octubre de 2023. Según el auto, para acceder a esa operación de compraventa de petróleo los potenciales compradores debían canalizar la gestión a través de la presunta red de influencia y dirigirse a Zapatero mediante una Letter of Intent.
La resolución afirma, además, que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, y mantenía contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países. También menciona una supuesta intervención directa de Zapatero en operaciones de “alto valor económico”, como petcoke —subproducto del refinamiento de petróleo usado como combustible—, oro, compraventa de acciones y divisas.
La presunta red de Zapatero
El juez José Luis Calama sostiene en su auto que las diligencias practicadas permiten afirmar, en esta fase de investigación, la existencia de “una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero”, orientada al “ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras”.
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La resolución sitúa la oficina privada de Zapatero en Madrid como supuesto “centro de coordinación de la red”. Desde allí, según el juez, se habrían impartido instrucciones, elaborado documentos, gestionado “comunicaciones sensibles” y articulado la operativa financiera y societaria.
El auto describe una estructura con tres niveles: Zapatero en el vértice; Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, como operador e intermediario, y personal administrativo encargado de facturas, documentos y soporte operativo. A esa estructura se habrían integrado sociedades como Whathefav —propiedad de las hijas de Zapatero—, Sofgestor, Inteligencia Prospectiva, Caletón Consultores, Voli Analítica e Idella Consulenza Strategica, usadas presuntamente para mover dinero y dar cobertura documental a pagos presentados como asesorías.
El auto también menciona a Manuel Aarón Fajardo como un operador clave en Venezuela. En una conversación citada por el juez, Rodolfo Reyes lo define como “la pieza de ZP en Venezuela”.
La mención a Fajardo también conecta con el “caso Koldo”: el empresario Víctor de Aldama declaró ante el Tribunal Supremo español que Fajardo le reprochó actuar en Venezuela “pisando a Rodríguez Zapatero”. Aldama ha dicho que tuvo relación directa con el entorno de los hermanos Rodríguez en Caracas.
En el caso de Fajardo, era el “lugarteniente con un ámbito de actuación específico en Venezuela” que se encargaba de “facilitar contactos al más alto nivel institucional, como se deduce de los mensajes en los que invita a los directivos de Plus Ultra a contactar con ‘Julito’ Martínez”, dice ahora el auto judicial contra Zapatero.
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Zapatero admitió en marzo, durante una comparecencia en el Senado español por el caso Koldo, que hizo trabajos de consultoría para Análisis Relevante entre 2020 y 2025. Según reseñó elDiario.es, dijo que esos trabajos consistían en informes, algunos “orales”, elaborados a partir de “fuentes abiertas”, y que cobraba unos 70.000 euros brutos al año. También reconoció que sabía que Julio Martínez Martínez tenía “alguna relación” con Plus Ultra, pero negó haber trabajado para la aerolínea o haber cobrado comisiones por el rescate.
El juez considera, en cambio, que hay indicios de que esos contratos de asesoría pudieron funcionar como cobertura para pagos. En la acusación, Análisis Relevante aparece como una pieza instrumental que recibió fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva, y luego transfirió dinero hacia Zapatero y Whathefav.
Permisos de vuelo en Venezuela
El juez sostiene que la estructura investigada no solo habría actuado para obtener el rescate español, sino también para lograr permisos de vuelo en Venezuela.
El auto recoge que Julio Martínez Martínez mantuvo conversaciones con el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz, presidente del INAC. En julio de 2021, Plus Ultra habría pedido a Martínez que intercediera para obtener la autorización de un vuelo Caracas-Madrid. El 31 de julio, una persona identificada como “Z” en la agenda de Martínez le envió el mensaje: “En tiempo y forma. Exitosa gestión (…)”. Después, Martínez agradeció a Teixeira y señaló que Plus Ultra le había indicado que los vuelos estaban aprobados.
Para el juez, esa secuencia muestra una segunda línea de influencia, dirigida a una autoridad extranjera, que debe considerarse parte del mismo delito de tráfico de influencias por su unidad de finalidad económica.
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Los pagos investigados
El auto detalla pagos que, según la investigación, terminaron en el entorno de Zapatero y de Whathefav. Análisis Relevante habría abonado 490.780 euros al expresidente y 239.755 euros a la empresa de sus hijas; Gate Center habría transferido 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, y el grupo Thinking Heads, 681.318 euros al expresidente y 12.297 euros a Whathefav.
La pieza venezolana de ese flujo es Inteligencia Prospectiva. Según el auto, esa empresa registró movimientos por 2,66 millones de euros entre 2020 y 2025, pese a tener poca actividad económica, y habría transferido 368.258 euros a Análisis Relevante, 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros a Gate Center.
Thinking Heads negó estar investigada y aseguró, según El País, que sus pagos respondieron a servicios efectivos y acreditables.
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Por Víctor Amaya | Tal Cual
