Hace siete años cambió para siempre la vida de Johana y Lena Acosta Romero. Era la Navidad de 2004 y en compañía de algunos amigos salieron a celebrar. Pero en las discotecas La Carbonera y Qka-yito, con endebles argumentos les negaron el ingreso. Después supieron la verdadera razón: el color de su piel. Desde entonces libran una batalla jurídica contra la discriminación racial, que la Corte Constitucional acaba de validar ordenando a un juez que asuma sin dilaciones el trámite de liquidación por los perjuicios causados.
Johana tiene 27 años, su hermana 25. Ambas son abogadas y hacen parte de una familia de cuatro hermanos cuyos padres son rectores de un colegio en Cartagena. Crecieron maravilladas por las historias de sus abuelos. El paterno, comerciante de tabaco, finquero y donjuán del pueblo de Sabana de Mucacal en San Onofre (Sucre). El materno, cazador de tigres, músico de banda y ganadero de María La Baja (Bolívar). Pero alguna vez Lena oyó a una compañera de colegio decir que no quería jugar con ella porque era negra. Comprendió que vivían en un mundo menos grato.
Se educaron sin mayores necesidades, pero entendiendo que aunque casi el 80% de su ciudad tiene el mismo color de su piel siempre han mandado representantes del 20% restante, de tez clara. Era normal y nunca fue su propósito explorar en los antecedentes de resistencia de su raza. Pero lo sucedido en la Navidad de 2004, cuando ya eran estudiantes de Derecho, las abocó al destino que hoy encarnan. Interpusieron tutela contra las dos discotecas por los actos discriminatorios y en octubre de 2005 la Corte Constitucional les dio la razón.
Esa sentencia fue histórica y el alto tribunal ordenó un procedimiento jurídico para que las dos discotecas pagaran por los daños cometidos. Y lo que parecía un camino expedito se volvió un sendero agreste. Después de muchas dilaciones y casi cuatro años más tarde, en febrero de 2009, un juez fijó en cien salarios mínimos legales mensuales el dinero a pagar por la discriminación a Johana y Lena. Pero súbitamente otro juez de Cartagena echó abajo la decisión bajo el argumento de que ya había caducado el tiempo para reclamar la liquidación.
En ese momento, Johana y Lena ya eran otras. No sólo por la pelea que habían dado para reivindicar a muchos otros jóvenes de su ciudad inmersos en el mismo dilema, sino porque la decisión del primer juez con la tasación del pago desató en su contra una ola de amenazas. “No van a vivir para ver la plata”, fue lo mínimo que les advirtieron. Les enviaron invitaciones a su propio sepelio. Con apoyo del Ministerio del Interior, tuvieron que trasladarse a vivir a Bogotá, donde reemprendieron su lucha, fortalecida por el ejercicio de su profesión.
Johana se vinculó al Idepac en el Distrito y Lena al Ministerio del Interior. “No caímos en paracaídas ni fue un acto de asistencia pública. Con conocimiento demostramos que teníamos condiciones como abogadas”, recalcó Lena Acosta. Y desde hace año y medio lo demuestran. Pero más allá de su desarrollo profesional, tenían una pelea pendiente que ellas mismas litigaron. Entonces interpusieron una nueva tutela, esta vez para que la Corte Constitucional hiciera respetar lo que algunos jueces de Cartagena estaban eludiendo.
Esta semana, con ponencia del magistrado Mauricio González, la Corte Constitucional volvió a darles la razón y le ordenó al juez primero civil de Cartagena que en 48 horas emprenda el trámite del incidente de liquidación de los perjuicios contra las dos discotecas que discriminaron a las jóvenes. Además, que en quince días debe existir una decisión final sobre el monto de los perjuicios. Un fallo que, en criterio de las dos abogadas, constituye una reivindicación de la comunidad afrodescendiente en Colombia.
Justo en el Año Internacional del reconocimiento a las personas afrodescendientes, como lo adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas para 2001, el fallo de la Corte Constitucional llegó como anillo al dedo. Johana y Lena Acosta lo asumen, más que como una victoria, como un reto. “No necesitamos ese dinero para salir adelante y sabemos que no será fácil concretarlo. Pero todo lo que suceda es un buen ejemplo para nuestra gente y un antecedente para que quienes crean que pueden seguir discriminando, se abstengan de hacerlo”.
Por lo pronto, ambas quieren seguir creciendo en conocimiento jurídico, pues sienten que aún les falta una eventual maestría en el exterior. Pero la tienen clara: no se van a apartar de la lucha que emprendieron en la Navidad de 2004. De hecho, ya las buscan otras personas que se han sentido discriminadas, para que las defiendan. Johana y Lena asumen que apenas comienzan. Sólo aguardan que cuando sean madres o constituyan familias, Colombia haya dado pasos convincentes para no volver a ser una sociedad excluyente.