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No cesa la controversia por las declaraciones de la representante a la Cámara por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien aseguró que "la masacre de las bananeras es un mito histórico". Pasada casi una semana del episodio y en respuesta a un documento firmado por 76 egresados del departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes –de donde es egresada–, la congresista insiste en su tesis y ahora aboga por un espacio académico para debatir su postura.
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En una carta enviada al rector de la institución, Pablo Navas Sanz de Santamaría, Cabal rechazó los términos de la carta que firmaron sus colegas, quienes la semana pasada se quejaron de las aseveraciones y llamaron la atención sobre la desinformación que éstas puedan generar. En respuesta, la representante acusa a los egresados de estar “guiados por intereses políticos y partidistas” y alerta de una agresión en su contra “sin fundamento”.
“Durante mis años de estudio y los que llevo como profesional, que recuerde, no ha existido jamás un hecho similar en el que un grupo tan nutrido de egresados de la facultad de Ciencia Política, haya agredido sin fundamento a una colega por expresar una opinión sobre un hecho histórico en el país, guiados por intereses políticos y partidistas”, aseguró Cabal.
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Según le manifestó la congresista al rector, “es más fácil derrumbar las pirámides de Egipto, que los mitos colombianos”. Se refirió también a la “osadía imperdonable” que, en su opinión, implica “poner el dedo en la llaga intelectual y moral de cierta ‘inteligencia criolla’”. Todo esto lo atribuyó a la ausencia de una consciencia crítica, “fundamento y razón de la universidad”.
Por ello, María Fernanda Cabal pidió a Sanz de Santamaría propiciar un espacio en la institución para abrir el debate en la esfera académica y “dar claridad a tan controversiales episodios de nuestra historia republicana sin ocultamientos, sin sofismas”. La representante se declaró atenta a la respuesta del rector y aseguró contar con la mejor disposición académica “a dar luz sobre los hechos que, por lejanos, son embriones de un largo proceso de desinformación nacional”.
“Afortunadamente, sigo aún con vida; al lograr evitar la guillotina final por tener a mano la prueba reina del mismo (Gabriel) García Márquez, quien desmintió su propia versión en entrevista realizada por el columnista Eduardo Posada Carbó en la televisión británica (…) Jamás he desconocido el hecho histórico de la huelga de las bananeras. Pero tampoco puedo admitir la veracidad de la cifra de 3.000 trabajadores asesinados por la Fuerza Pública, hoy falazmente afincada en la memoria colectiva del pueblo colombiano”, sostuvo la congresista.
En otro apartado del documento, la representante a la Cámara abogó también por “desentrañar los hechos reales” y formuló una serie de inquietudes sobre la disputa bipartidista entre liberales y conservadores, así como la supuesta incidencia de la Rusia comunista en la huelga. Pidió ubicar los testimonios de sindicalistas, obreros, campesinos y militares, sumado al de huelguistas capturados y personas heridas. Según Cabal, “resulta indispensable” además “reorganizar la Comisión de Investigación de los hechos; aquella que Jorge Eliecer Gaitán nunca quiso realizar en el Congreso de la República”.
En tanto se promueva el debate académico alrededor de la masacre de las bananeras, la congresista dijo que se podría replantear la denominada Comisión de la Verdad, “razonablemente cuestionada por sectores de opinión que la consideran ideológicamente sesgada, lo que no ayuda a sanar heridas sino a crear nuevos escenarios de desconfianza mediante la sistemática construcción de falsas verdades en el imaginario colectivo, nuevos mitos y distorsión de los hechos”.
La masacre de las bananeras es uno de los capítulos más dolorosos de la historia colombiana. Decenas de trabajadores de la United Fruit Company fueron asesinados en Ciénaga, Magdalena, en diciembre de 1928, mientras esperaban que la multinacional y el Gobierno respondieran un pliego de peticiones para poner fin a la huelga que exigía mejoras. Reclamaban por las condiciones indignas en las que laboraban, como jornadas de más de 12 horas de trabajo y la ausencia de puestos de salud.