Manuel Elkin Patarroyo se queda sin permiso para usar primates en investigaciones

Consejo de Estado canceló al investigador los permisos para cazar y recolectar monos A.

Manuel Elkin PatarroyoÓscar Pérez/El Espectador

El Consejo de Estado ratificó una decisión tomada por un juzgado de Cundinamarca -en julio de 2012- y canceló definitivamente el permiso para cazar y recolectar primates con fines de investigación contra la malaria que se había otorgado a la Fundación Instituto de Inmunología, Fidic, cuyo representante es el científico Manuel Elkin Patarroyo.

Según informó W Radio, con la decisión del alto tribunal se anularon las resoluciones expedidas por el Inderena y Corpoamazonía que otorgaron dichas licencias. Estas licencias vigentes hasta 2015 le permitían a la Fundación de Patarroyo cazar, con fines científicos, 800 monos nocturnos por año.

La sala precisó que con la decisión no se atenta contra la investigación científica del país, sino que, para el uso y aprovechamiento de los animales por parte del ser humano, es preciso que se cumplan los requisitos legales y se garantice que no se les someterá a un trato cruel y degradante”.

Para el Consejo de Estado es necesario cambiar el trato que reciben los animales. “Al igual que hoy no es permitida la esclavitud, el racismo, entre otros, tampoco se permita someter a los animales a espectáculos en los que el hombre satisface sus necesidades más primarias, al ver y disfrutar con el sufrimiento y sacrificio de seres capaces de experimentar placer, sufrimiento y lealtad”, señalaron los miembros del tribunal.

Con esta decisión, el Consejo de Estado les da la razón a dos ecologistas de la asociación Entropika, que acusaron al investigador de tráfico de animales por utilizar monos capturados al otro lado de la frontera colombiana.

En 2008, Ángela Maldonado, una activa defensora de los derechos de los animales, interpuso ante Corpoamazonia la primera de estas demandas. “Para ese momento ya teníamos una evidencia contundente del tráfico internacional de primates, pero la corporación nunca respondió frente a las evidencias. Como tampoco lo hicieron el Ministerio de Medio Ambiente ni la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, a los que también acudimos”, explicó Maldonado a El Espectador en un reportaje sobre el tema. Ella y algunos de sus colaboradores lograron entrevistas con traficantes brasileños y peruanos que reconocieron haberle entregado los animales al grupo de investigación de Patarroyo.

En abril de 2011, Maldonado interpuso una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y un año y tres meses después recibió la noticia que tanto había esperado: el fallo había sido resuelto a su favor. Ese es el mismo fallo que ahora ratifica el Consejo de Estado.

Esto es un gran logro para la conservación de la fauna silvestre colombiana y la defensa de los derechos colectivos relacionados con la protección del medio ambiente. También deja claro que aún podemos poner nuestras esperanzas en el sistema judiciario colombiano, y celebramos el fallo del Consejo de Estado”, le dijo Maldonado a este diario al conocer la decisión judicial.

Patarroyo se ha defendido a lo largo de este proceso argumentando que nunca incumplió la ley ambiental y asegurando que estas decisiones judiciales frenarán sus investigaciones. “Yo lucho por los que no tienen voz que son millón y medio de niños muertos al año”, le dijo a La Silla Vacía en julio de 2012, “y la gente está preocupada por determinar si unos micos vienen de la frontera o no”.