A mediados del siglo pasado, Bogotá contaba con más de 50 mil hectáreas de humedales. Actualmente, apenas quedan 665 reconocidas oficialmente, que aún luchan en contra de los desarrollos urbanos ilegales, las licencias de construcción (éstas sí obtenidas legalmente), los transportadores de escombros, los urbanizadores piratas (que siguen existiendo, así sean una fracción de los que fueron en años anteriores) y los intereses de una ciudad que se expande en todas direcciones con su manto de cemento.
De acuerdo con información de la Política de Humedales Interiores de Colombia, apenas el 3,9% de estos ecosistemas están protegidos en el país. Según cifras de la Secretaría de Planeación de Bogotá, el 28,5% de la estructura ecológica principal de la ciudad (de la cual también hacen parte los humedales, junto con los cerros orientales y otras áreas de tratamiento ambiental) ha sido invadida por nuevos barrios o avenidas.
Hay casos, como el humedal de Capellanía, en donde el porcentaje de área de suelo protegida (la tajada intocable que le quedó al ecosistema) es de un solo dígito, pero el de construcción alcanza más de 50%. Sí, fueron los urbanizadores piratas. Pero también fueron las instituciones. Un estudio de la misma Secretaría habla de que, antes de 1998, cuando no existían las curadurías urbanas, se expidieron 130 licencias que, de alguna u otra forma, perjudicaron los humedales de la capital, que hoy suman 13.
Lo sucedido con los humedales de Bogotá se repite sistemáticamente en otras partes del país. En cierta medida lo ocurrido con la pasada ola invernal, la devastación sin misericordia de las aguas, está íntimamente relacionado con el secado y poblamiento de los humedales en todo el territorio nacional. Estos ecosistemas funcionan como una represa que maneja las crecidas de los ríos. Más que charcos y juncos son parte vital del equilibrio hidrológico de ríos y quebradas. Hoy, con el lago recientemente creado en Mosquera aún secándose, la Gobernación de Cundinamarca anuncia proyectos de varios miles de millones de pesos para recuperar meandros, zonas de inundación y, claro que sí, humedales.
Estos ecosistemas no sólo juegan un papel fundamental en el balance hídrico de una zona. Los humedales de agua dulce también son hogar para 100 mil especies de animales, de acuerdo con el Instituto Alexander Von Humboldt. Sólo el de La Conejera, en la localidad de Suba, alberga 110 especies de aves y es el último refugio en el mundo de la margarita de pantano, una planta que había sido declarada extinta por la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza.
En medio de la batalla con el progreso, en la que casi siempre perdemos todos, los humedales han demostrado ser un poderoso catalizador para la acción comunal. En la capital, la mayoría de las cosas buenas que se han hecho para recuperar y defender estos ecosistemas ha sido por iniciativa de vecinos que, con las uñas, se han enfrentado con los habitantes de sus propios barrios, los constructores siempre ávidos de ingresos y las instituciones que desde una oficina deciden trazar vías y barrios encima del humedal.
Según cálculos de la Secretaría de Planeación de Bogotá, sólo en las licencias de urbanismo expedidas por esta entidad hasta 1998 hay 14 hectáreas de humedales afectadas por desarrollos viales. Aún hoy, a pesar de que la normatividad nacional reconoce la importancia de protegerlos, muchos siguen siendo vulnerados bajo la mirada de habitantes e instituciones.