Si las enfermedades no transmisibles, como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, constituyen la mayor carga económica para los sistemas de salud de prácticamente todos los países, y la principal causa del deterioro del bienestar de la población, ¿por qué no pensar en gravar la comida menos saludable con un impuesto?
Esa es la pregunta que han lanzado investigadores de la Universidad de Oxford siguiendo el ejemplo de países como Francia, Hungría y Dinamarca, donde ya se han dado algunos pasos para controlar a través de impuestos la comida chatarra, base de dietas a las que se achaca la epidemia de sobrepeso.
Según los expertos, un impuesto especial del 20% es el mínimo necesario para observar un efecto en la salud de la población. Cuando se aplicó uno menor, cercano al 8%, no se observó un cambio en el comportamiento de los consumidores. Las conclusiones del análisis fueron publicadas en la prestigiosa revista British Medical Journal.
La idea de controlar la dieta de la población mediante impuestos a la comida poco saludable se abre cada día más espacio, pese a la oposición de grandes sectores de la industria de alimentos. El año pasado, la ONU debatió los efectos de este tipo de gravámenes y podría volver a ponerlo sobre la mesa en la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, que tiene lugar esta semana.
Por tratarse de una medida relativamente nueva y confinada a ciertos países, no ha sido posible demostrar con absoluta certeza su eficacia. Una de las críticas que se han planteado es que el aumento en el precio de esos productos perjudica a los más pobres. Por lo general, son las capas más pobres y con menos educación las que sustentan su dieta en alimentos con alto contenido de grasas y azúcares.
De ahí la propuesta del grupo de Oxford de pensar integralmente y acompañar los altos impuestos de otras medidas como una subvención de los alimentos más saludables (verduras, frutas). De esta manera, en el mediano y largo plazo la dieta de la población se tornaría más sana, con las obvias consecuencias en la salud.
Pero la mayor barrera quizás no sean los grupos de presión de la industria, sino los mismos individuos reacios a que los gobiernos determinen con leyes lo que se llevan a la boca. Algunas encuestas en Estados Unidos han señalado este malestar, aunque como sucedió con los impuestos al tabaco, con el tiempo y la insistencia sobre sus beneficios, tiende a diluirse.
El presidente del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiología de la Obesidad y Nutrición (Ciberobn), Felipe Casanueva, ve con simpatía la propuesta. “Nosotros somos más partidarios de la educación que del tema impositivo, pero está claro que en los países donde lo han hecho los resultados han sido buenos”, afirmó al periódico El País de España: “el precio es un factor disuasorio, como se ha visto con el tabaco. Y la ventaja del sistema impositivo frente a prohibir es que se mantiene la libertad individual de consumir, aunque sea más caro”.