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Con la anunciada liquidación de la EPS Solsalud que adelantará la Superintendencia, un total de 1’240.000 afiliados a esa entidad en todo el país (sumando los del régimen contributivo y el subsidiado) deberán decidir en los próximos 44 días a qué otra EPS afiliarse. De lo contrario, las entidades territoriales trasladarán a los usuarios hacia otras empresas promotoras que el Gobierno elija.
Mientras se cumple ese plazo, que corresponde al del cierre total de la compañía, Solsalud deberá seguir garantizando todos los servicios y procedimientos médicos a los que sus pacientes y afiliados tienen derecho.
Así lo explicó Gustavo Morales Cobo, superintendente nacional de Salud, un día después de anunciar que la liquidación de esta entidad (intervenida hace 14 meses) es inminente: “Esta es una decisión administrativa, por lo que los usuarios no tendrán ningún problema en seguir siendo atendidos. Desde el 27 marzo de 2012 escudriñamos las cuentas y el funcionamiento de esta EPS y no encontramos viable sanearla. Tiene márgenes de solvencia negativos y los usuarios no confían en la empresa. Solsalud fue un desastre administrativo, se decían mentiras en los estados financieros, se disminuían ficticiamente su deudas”, dijo en entrevista con Blu Radio el superintendente.
Durante la misma charla, Gustavo Morales puso sobre la mesa las presiones políticas a las que, dice, se ha expuesto desde que asumió el cargo en octubre pasado. “Me sorprende que una entidad privada (como Solsalud) se convierta en un ajedrez político”, dijo Morales, quien aseguró que el presidente del Senado, Roy Barreras, visitó su despacho para pedirle que cambiara al actual interventor de esa EPS.
El superintendente también mencionó a los congresistas Karime Mota y Antonio Correa entre los nombres interesados en las investigaciones del sector salud que visitaron su oficina.
Enseguida el senador Antonio Correa negó haber presionado al superintendente para solicitarle puestos, mientras que el presidente del Senado, Roy Barreras, aceptó que sí le solicitó hace seis meses al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que cambiara el interventor de Solsalud y que apoyara las labores de investigación con funcionarios de la Fiscalía, debido a que la entidad continuaba en manos de ilegales.
Por su parte, la senadora del Partido de la U, Karime Mota, afirmó que sí se le pidió al superintendente el cambio de varios interventores de las EPS “por su mal manejo”, pero que en ningún momento “se le plantearon nombres ni se llevaron hojas de vida”.
Los vínculos de Solsalud con los funcionarios públicos son de vieja data. Esta EPS fue fundada en 1996, entre otros, por el entonces diputado de la Asamblea de Santander Luis Alberto Gil, conocido como El Tuerto.
En 2002, Gil llegó al Congreso de la República con 42 mil votos que obtuvo con la ayuda de los paramilitares. Por ello la Corte Suprema de Justicia lo condenó a siete años de prisión en 2012. Ya para ese momento había sido sancionado por la Procuraduría por estos hechos.
La justicia descubrió que los paramilitares habían apoyado a Gil y, a cambio, tenían acceso y poder en Solsalud. Así lo indicaron, entre otros, el exjefe de Informática del DAS Rafael García y el exparamilitar José Gelvez Albarracín, alias El Canoso, quien aseguró, en su momento, que a través de Solsalud en Magdalena muchos integrantes del bloque Norte de las autodefensas terminaron afiliados y con seguridad social.
También declaró que se obligó en la zona de Buritacá y de Guachaca (Magdalena) a empleados y administradores de las fincas de banano a que se afiliaran sí o sí a Solsalud. “Ahí se hizo el embuchado de afiliar a nuestros hombres en armas”. La idea era engrosar las listas de usuarios que después serían potenciales votantes de Gil. Más adelante entraron al negocio de la salud Dieb Maloof y el hermano de Trino Luna, Juan Carlos.
Esto sin contar las ‘vueltas’ que hicieron los paramilitares para sacarles tajada a algunos jugosos contratos para la prestación del servicio de salud en la Costa Caribe.
Durante los 14 meses pasados la Superintendencia de Salud intervino administrativamente esta EPS, alegando el no pago de sus obligaciones a la red prestadora de servicios de salud, la falta de confiabilidad de sus estados financieros y los reiterados incumplimientos a las órdenes del órgano de control. Ahora que concluye que es imposible sanearla, quedan sólo 44 días para que el capítulo que se inició en 1996, se cierre.