Que hay un posible detrimento que supera los $50.000 millones, según la Contraloría; que no hay claridad en cómo y qué está cobrando la ETB al Distrito e, incluso, que cobra servicios que no ha prestado, y que no hay acceso a los subcontratos que ha hecho a cargo del presupuesto público. La lista de quejas alrededor del proyecto de modernización del Número Único de Seguridad y Emergencia (NUSE) o línea 123 va en aumento. Pero a pesar de que todas las alarmas están encendidas, para que al menos se exija una revisión minuciosa del convenio, la última orden del alcalde Gustavo Petro fue clara: se debe seguir adelante, y al que no le guste, que renuncie.
En estos términos se han llevado a cabo las últimas reuniones en el Palacio Liévano, en las que se ha discutido el futuro del convenio que firmó la administración el año pasado con la ETB, para modernizar la línea que integra todos los números de emergencia (Policía, Ejército, Bomberos, etc.) de la ciudad. Ha sido una lucha de poderes con dos bandos: el que integran los respaldados en los informes de interventoría que insisten en revisar el convenio y a conminar a la Empresa de Telecomunicaciones para que cumpla lo pactado, y el de los que buscan que el convenio se firme sin mayores reparos a las condiciones de la ETB.
Para entender lo que podría convertirse en un nuevo escándalo alrededor de la administración (del alcalde que denunció el carrusel de la contratación), hay que conocer los antecedentes. El año pasado, tras casi una década, el convenio que dio vida a la línea 123 (firmado con la ETB) llegaba a su fin, luego de una fuerte crítica de la Contraloría, que descubrió un posible detrimento por casi $50.000 millones, falta de operatividad de varios subsistemas de la línea y la incapacidad para detectar de dónde se hacía una llamada de emergencia desde un celular. Palabras más palabras menos, que había sido un sistema costoso y que había incumplido casi todo lo pactado
A pesar del informe, el Distrito no planeó una licitación para elegir una nueva compañía que se encargara de modernizar y operar el sistema. Sencillamente optó por la salida que tenía a la mano, para evitar que la ciudad se quedara sin el número de emergencia: en octubre pasado firmó un nuevo convenio con la empresa de telecomunicaciones, a seis años y por valor indeterminado, bajo el concepto de aunar esfuerzos para modernizar la línea. Sin embargo, no se sabe si por afán o por algo calculado se dejó para después la discusión de los anexos donde se consignarían los términos en aspectos técnicos, logísticos y financieros.
Es decir, la ETB siguió operando la línea sin una hoja de ruta, dejando al azar aspectos tan sensibles como el costo final aproximado de toda la modernización y la discriminación de cómo y qué se pagaría mensualmente. Lo más grave es que han pasado casi nueve meses y las partes aún no logran ponerse de acuerdo en los términos. Según fuentes cercanas al proceso, la empresa de telecomunicaciones no ha querido aceptar los términos que le ha propuesto el Distrito. Esto ha llevado a que el proyecto que se vendió como el más moderno de América Latina sigue sin mayores avances, como lo señalan informes de interventoría.
Los reparos
Y es que el panorama, según el último informe de interventoría conocido por El Espectador, no es alentador. Se hallaron varias falencias en el software que se tiene instalado en la línea 123, así como la desactualización de la base de datos de direcciones (en ocasiones usan Excel para suplir la falencia); cero avance en la mejora de la infraestructura de las sedes; cobro por equipos que no están funcionando o perdidos, como los de localización de vehículos o las terminales de datos (que permanecen guardadas). En general, el incumplimiento de los compromisos y el cronograma pactado.
Según el informe, existe resistencia en la coordinación del NUSE y de la ETB frente a la interventoría, razón por la cual no han podido tener acceso a documentos claves para el análisis del desarrollo del contrato. A pesar de esta situación, hay un problema adicional que permite toda esta situación: en el convenio no se establecieron mecanismos coercitivos para obligar a la ETB a cumplir. “La única herramienta fue la terminación por incumplimiento, la cual debe ser evaluada por el FVS si, dadas las circunstancias actuales, se amerita su aplicación”, sugiere la firma de interventoría Infotic.
Quizás uno de los asuntos que más resistencia ha causado es el sistema de geolocalización, que busca que cualquier llamada al 123 debe ser localizada en un máximo de 30 segundos, con una precisión de 50 metros, y que esa localización debe interactuar con la ubicación de las patrullas, ambulancias o ayuda más cercana, además de activar las cámaras de vigilancia cercanas. Este es el componente principal de la modernización.
Sin embargo, mientras el Distrito insiste en la necesidad y que es vital para la modernización de la línea 123, la ETB ha pedido desde el comienzo que se elimine del convenio, a pesar de que desde el principio se dijo que era un requisito clave. Los argumentos de la empresa de comunicaciones han sido varios: primero, que no había en el mercado productos que cumplieran esos estándares, algo que quedó desvirtuado cuando un asesor señaló que había al menos cinco empresas que podían suministrar el complemento. Luego, que eso es obligación de los operadores celulares y es en la que se han mantenido. Ni el Fondo de Vigilancia ni la interventoría han accedido por ahora a esta petición, por ser un elemento diferencial imposible de excluir del proyecto.
Cobros
Los reparos alrededor de las cuentas de cobro que ha enviado la ETB al Fondo de Vigilancia desde noviembre a la fecha no se han hecho esperar. Todas han sido objetadas por la interventoría, al encontrar que no hay una justificación precisa de qué se está cobrando. Incluso, tras un análisis que hizo uno de los supervisores del convenio, señala que la factura por $1.510 millones, que presentó la empresa de telecomunicaciones, sólo se deben pagar $1.009 millones, al encontrar que muchos servicios se prestaron supuestamente de forma incompleta. Esto ha sido otro motivo de discordia entre las partes.
Para completar, el proyecto que se calculó a seis años, con un costo aproximado de casi $119.000 millones (según el borrador del anexo financiero), ahora resulta que podría costar casi el doble. Según las proyecciones de un documento de la ETB, conocido por este diario, el costo que proyecta esta empresa superaría los $250.000 millones, cifra que tiene a más de uno preocupado en la administración, ya que cotizaciones que por su cuenta han solicitado a otras empresas, señalan que un sistema como el que quedó pactado en el convenio no costaría más de $100.000 millones.
Las últimas reuniones
Estas observaciones, que se han repetido en casi todos los informes de interventoría de Infotic, se han puesto en conocimiento de la administración y, especialmente, del alcalde Gustavo Petro, quien vale recordar, también es el presidente de la junta directiva de la ETB. Esto ha motivado una serie de reuniones entre el Distrito y la ETB para tratar de destrabar el convenio. Sin embargo, todos han sido rechazados por la empresa de telecomunicaciones. El último fue un proyecto de otrosí, en el que se le exigía cumplir varias de las recomendaciones de la interventoría. A la fecha, sigue sin ser aceptada la modificación del convenio.
Cansados con la falta de avances, la semana del 8 de julio, cuando Itenca (empresa que en la práctica opera la línea) amenazó con apagar sus equipos, se realizó una reunión de urgencia en la Alcaldía, a la que no asistió Petro. Esa noche la secretaria general, Martha Lucía Zamora, le dijo a este medio que la conclusión del encuentro había sido garantizar la operación de la línea durante un año, mientras se hacía una verdadera licitación internacional. Agregó que la ETB había aceptado, porque reconocía que era lo mejor para la ciudad. A pesar de este anuncio, al día siguiente, en una nueva reunión en el Palacio Liévano, esta vez sí con el alcalde a bordo, la orden fue echar todo para atrás y seguir adelante con el negocio de la ETB y pagar las facturas atrasadas.
Los que han participado en la interventoría e, incluso funcionarios del Distrito que han tenido que participar en algunos de los análisis documentales, se atreven a decir que es un negocio que por la forma como se viene desarrollando, podría rayar en lo penal. “Este es un negocio que quiere hacer la ETB para cobrar unos recursos de forma injustificada, a costas del erario, ya que estaría cobrando un costo altísimo, con un servicio de pésima calidad. Sin los componentes que se están exigiendo y que la empresa de telecomunicaciones no quiere incluir, lo que tendría Bogotá sería un costoso call center”.
Hoy, luego de un largo camino y lucha de varios funcionarios por que se corrija lo que podría ser un detrimento para la ciudad, la orden de que se sigua con el convenio está vigente, al igual que el pago de las facturas que ha presentado la ETB. Lo único que ha frenado el pago es que hay procedimientos legales que se deben cumplir y, hasta el momento, no hay forma de justificarlos. La pregunta que queda es: ¿cuál es la obstinación de Petro en este convenio?