En aprobación de vigencias futuras para el metro: ¿metió la pata el Concejo de Bogotá?

Con la indagación a 28 de sus integrantes, el cabildo enfrenta su primer gran lío, que también enreda al alcalde. El denunciante, la militancia política del nuevo fiscal, la cantidad de implicados y el problema de fondo, los principales ingredientes.

El alcalde Enrique Peñalosa, el secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo y 28 concejales fueron denunciados por posible prevaricato.

“Los 28 concejales no podemos hablar, por instrucción de los abogados”. Esa fue la respuesta que recibió El Espectador al abordar a los cabildantes que quedaron en el ojo de la opinión pública desde el jueves pasado, cuando el fiscal general (e), Jorge Fernando Perdomo, confirmó que el organismo investigador realizó una inspección judicial en el Concejo para verificar si ellos cometieron un delito al aprobarle al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, vigencias futuras por $4,1 billones para financiar el 30 % del metro. El hermetismo se suma a la preocupación que, se dice, muchos de ellos han manifestado en voz baja después de conocer la noticia.

La Fiscalía –que no ha abierto una investigación formal– comenzó a indagar si, como lo argumenta el denunciante, Germán Navas Talero, representante a la Cámara del Polo Democrático, los concejales incurrieron en prevaricato al aprobar las vigencias futuras sin que la obra cuente con estudios de detalle, como manda la ley. El aparente lío está en que Peñalosa solicitó la aprobación de esos recursos a sabiendas de que los destinará al metro elevado que pretende construir (que carece de esos estudios) y no al subterráneo (que ya cuenta con estos).

Pero, más allá de la tarea que desempeñe la justicia en el caso, que aún es incipiente, hay elementos que de entrada le dan relieve a los ojos de la opinión pública. Lo primero es el denunciante: Navas Talero es recordado porque llevó ante los tribunales, con éxito, los escándalos de la yidispolítica y de la financiación del referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe. En diálogo con El Espectador, Navas dijo: “Nunca denuncio sin estar absolutamente seguro de lo que estoy afirmando. En principio me buscó el concejal Manuel Sarmiento (Polo) y me contó cómo aprobaron las vigencias futuras, a pesar de que otros concejales advirtieron la ilegalidad. Le dije que si las cosas eran así, estábamos frente a un prevaricato. No requería mucho análisis. La Ley dice que para autorizar vigencias futuras se necesitan estudios técnicos y las inversiones, pero las aprobaron sin tenerlos. La prueba es que aún no se sabe si los estudios son para un metro elevado o uno subterráneo. La denuncia no la inventé. Está respaldada en informes del Concejo. Frente a las explicaciones de la administración, lo único que puedo decir es que cada vez que el alcalde de Bogotá habla, es para embarrarla. Si se quedara callado, le haría menos daño al Distrito”.

El abogado Carlos Gallego, experto en temas presupuestales, considera, sin embargo, que en principio no se vislumbra un delito, sino “una falta disciplinaria que podría llegar hasta la destitución”. A su parecer, las vigencias finalmente se aprobaron para la misma obra. “¿Cuál es el problema de cambiar los diseños? La falta de certeza frente a los costos y las cantidades de obra, pero al final el destino de los recursos será el mismo. Lo que veo es una falta disciplinaria al principio de planeación contractual”.

También hay que tener en cuenta el momento en el que esto ocurre. El fiscal Perdomo se tomó en serio la denuncia y, a pocos días de dejar el cargo, ordenó la inspección en la Secretaría del Concejo, con todo el ruido que eso genera. Así, su sucesor, Néstor Humberto Martínez, recibirá el caso cuando está en boca de todo el mundo. No deja de ser curioso que Perdomo acelerara. Aunque puede interpretarse como una muestra de eficiencia en medio de un sistema judicial aletargado, hay quienes lo interpretan como un calculado golpe de opinión, sobre todo porque suena para la Procuraduría. Por el lado de Martínez, el cotorreo y la suspicacia radicarán en lo obvio: ha militado en Cambio Radical, el partido que avaló a Peñalosa y al que pertenecen ocho de los 28 concejales encartados (ver galería) . ¿Será igual de acucioso que su antecesor?

El momento también es relevante porque ha sido este Concejo el llamado a dejar atrás los escándalos judiciales después de que el carrusel de la contratación le causó una mancha negra difícil de borrar. Ya es hora, pues la historia reciente de la corporación ha estado marcada por alborotos que involucran masivamente a sus integrantes. Solo basta recordar la caída de Juan Martín Caicedo como alcalde en 1992 (que a la postre salió indemne) por haber girado millonarios recursos a organizaciones de beneficencia vinculadas a concejales. Cerca de 40 de ellos estuvieron metidos en ese lío. Los últimos dos períodos (entre 2008 y 2015) estuvieron marcados por detenciones y sentencias contra cabildantes involucrados en el saqueo a Bogotá.

El último punto que realza esta nueva incursión de la Fiscalía en el Concejo es el metro como eje de la controversia de fondo. La financiación de la megaobra es lo que está en juego, pues los $4,1 billones aprobados por vigencias futuras corresponden al 30 % con el que se comprometió el Distrito para que la Nación aportara el 70 % restante ($9,6 billones). Como lo informó ayer El Espectador, los 28 concejales votaron, en medio de las inquietudes legales, confiando en la tranquilidad que les dieron el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo (también denunciado), y la de Hacienda, Beatriz Arbeláez. Surge, sin embargo, una nueva pregunta: ¿Por qué la administración, como lo sugirieron algunos concejales oficialistas, no esperó unos meses más para pedirle al Concejo que le autorizara ese presupuesto? ¿Por qué no lo hizo cuando estuvieran más avanzados los estudios que sustentaran la idea del alcalde de hacer la obra elevada?

Como la solicitud la presentó el Distrito en el mismo proyecto en el que pedía que le autorizaran la creación de la empresa metro, algunos concejales argumentaron que no podían darle vida a esa entidad sin presupuesto para operar. La principal razón, no obstante, de acuerdo con dos concejales peñalosistas consultados, fue que el Gobierno Nacional, para comprometerse de lleno con la plata que le corresponde, le exigió a la Alcaldía las vigencias futuras aprobadas. Uno de ellos le dijo a este diario que, de todas formas, tampoco le ve sentido a la premura con que la administración manejó el tema. “Pudo más la terquedad de la secretaria de Hacienda”, concluyó, “porque el Gobierno Nacional sabe que puede confiar en Peñalosa. Ya no está tratando con Petro”.

@chernandezoso
@alexmarin55