Bogotá quedaría expuesta a multimillonarias demandas por firma del POT

No solo el Gobierno Nacional rechazó la firma por decreto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en el Concejo de Bogotá tampoco gustó el hecho de que el alcalde Gustavo Petro haya pasado por alto el concepto de esa corporación, que hundió la iniciativa propuesta por la Administración Distrital dos meses atrás.

Ni siquiera los Progresistas apoyaron al alcalde, pues la concejal Angélica Lozano aseguró que con esa actuación, el burgomaestre capitalino está embarcando a la ciudad, a futuro, en millonarios litigios por su posible ilegalidad.

Lozano advirtió sobre los riesgos que corre la ciudad una vez se oficialice esta determinación anunciada por el alcalde Gustavo Petro.

“Es prematuro e impositivo que la actual administración resuelva cambios estructurales tan profundos en los que se han evidenciado más diferencias que consensos, como la prohibición del uso y aprovechamiento de antejardines en zonas comerciales, o la mezcla de usos urbanos sin tener controles claros, solo por citar dos ejemplos”, señaló la concejal Progresista.

Igualmente pidió que se reabra la discusión en el Concejo de Bogotá una vez se conforme, el próximo año, una nueva Comisión de Plan que analizaría con mayor objetividad esta modificación extraordinaria.

“Corremos el riesgo que una nueva administración llegue y someta a una revisión estructural el POT, e incluso decida derogar un decreto que será expedido con afán, y que sólo se vería en el territorio, en la práctica, en los próximos 4 o 5 años. Los nuevos cambios que quiere incorporar la administración, no los conocemos, no han sido socializados a la opinión pública, sin embargo el principal responsable es el Concejo, que aplastó por oposición, sin debate ni argumentos, la iniciativa. No decide nada, o lo poco que decide, lo hace a última hora”, puntualizó.

Por su parte, el concejal Javier Palacio, uno de los principales opositores del proyecto POT presentado por Petro dijo: “la ciudad queda expuesta a multimillonarias demandas y la vivienda de interés social y prioritario tendrá sobrecostos del 40%”.

En este sentido, agregó: “fiel a su estilo el alcalde Gustavo Petro sacó por decreto el POT, como siempre cuando las decisiones judiciales o el ordenamiento jurídico le es adverso él desconoce la ley, la asocia a mafias y busca imponer sus intenciones por encima de la constitución y de la ley”.

Según Palacio, los alcaldes no pueden sacar el POT por decreto. “A fecha presente, el proyecto de modificación del POT se encuentra archivado, el Concejo se pronunció de fondo y negó el proyecto, el alcalde debió presentar nuevamente el proyecto para estudio del Concejo y la decisión que hoy toma expone a la ciudad a multimillonarias demandas por modificar normas a mediano y largo plazo como las ambientales y de gestión del riesgo que solo se podían modificar hasta 2016 unas y hasta 2020 las otras”.

También dijo que “echa a la basura multimillonarias inversiones en proyectos como el de cielos abiertos en San Victorino, podría paralizar la ampliación del aeropuerto ElDorado y deja sin dientes los planes zonales”.

A su vez, la concejal María Victoria Vargas indicó que la decisión que tomó el alcalde Gustavo Petro al expedir el POT por Decreto, lo percibe como una señal de desconocimiento hacia las competencias que tiene el Concejo de Bogotá.

“Los miembros de la Comisión del Plan que estudiamos a fondo esta iniciativa nunca cerramos la puerta para que se pudiera estudiar nuevamente en la Corporación”, dijo Vargas, quien además sostuvo que sí es ilegal la expedición por decreto.