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Era su lugar de trabajo y conocían sus recovecos de memoria. Sin embargo, en la mañana del 17 de octubre no ingresaron directo a sus oficinas como era habitual o a ocupar los sitiales de honor en las salas de audiencia en el complejo judicial de Paloquemao. Esta vez dos jueces y ocho asistentes de despacho lo hicieron corriendo, esposados, con la cara tapada y custodiados por miembros de la Dijín de la Policía. Iban para una sala, pero a sentarse en el banquillo de los acusados.
La noticia ocupó todos los titulares: eran señalados de integrar una red que se dedicó, entre 2012 y 2013, a alterar el reparto de expedientes, otorgar libertades y desviar investigaciones a cambio de millonarias sumas de dinero. “Se trata de un hecho muy grave de corrupción”, dijo el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, al asegurar que la organización la integraban dos jueces, abogados, secretarios de despacho e, incluso, un estudiante de derecho.
A pesar de la gravedad de los hechos y de ser procesados por delitos como falsedad en documento público, cohecho, revelación de secreto y concierto para delinquir, hoy, cuatro años después, la mayoría están libres o en prisión domiciliaria. Sus condenas fueron mínimas. Los únicos que faltaban por conocer su sentencia eran los implicados de más alto rango: los dos jueces. A uno lo notificaron hace una semana. Al otro le leerán su condena en dos semanas.
De juez a delincuente confirmado
Ricardo del Cristo Rodríguez Vilar, quien ejerció como juez 26 de control de garantías, conocía todas las mañas para dilatar un proceso. Quizá por eso, particularmente, su proceso tardó tanto. Su culpabilidad se confirmó este año. Tras su captura, en 2013, no aceptó los delitos que le endilgaron. Sin embargo, dos años después y ante la contundencia de las pruebas, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía.
De esta manera, el 3 de septiembre de 2016, el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 10 años y cuatro meses de prisión, le impuso una multa de casi $180 millones y lo inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por casi ocho años. Pese a este acuerdo, Rodríguez Vilar apeló ante la Corte Suprema al considerar que en su caso se “cercenó la posibilidad de ejercer la contradicción y el derecho a la defensa”.
La semana pasada la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en su contra, como una de las cabezas del “carrusel de las libertades”. En la sentencia de 27 páginas el alto tribunal ratificó que en varias audiencias en las que Rodríguez Vilar actuó como juez “se adoptaron decisiones contrarias a la legalidad”.
Los casos
Y es que los hechos que reposan en el expediente no lo dejaban bien librado. Las pruebas indican que el togado cobraba desde $500.000 por manipular decisiones judiciales, con el fin de favorecer a personas investigadas por conductas graves. Según el acta de preacuerdo -que se basa en pruebas aportadas por la Dijín y la Fiscalía- existen casos en los que Rodríguez Vilar tuvo injerencia directa para distorsionar el sentido del derecho.
Aunque en el complejo judicial de Paloquemao se utiliza un sistema que asigna de manera aleatoria los procesos a cada uno de los juzgados, para evitar anomalías, el condenado logró que varios casos se los asignaran de manera “manual”, para poder manipular las decisiones.
Entre los casos documentados está uno del 21 de diciembre de 2012, en el que cobró $500.000 para concederle “irregularmente la libertad por vencimiento de términos” a un hombre investigado por porte ilegal de armas; el que se registró un mes después, en el que dejó en libertad a un detenido por hurto, o el caso de cuatro procesado por tráfico de estupefacientes, en el que, según los investigadores, se exigieron $150 millones.
En 2013 tomó las decisiones más sospechosas. En julio, con ayuda de su secretaria, logró que lo escogieran para celebrar una audiencia preliminar en la que se negoció y acordó el traslado de un condenado de la cárcel La Picota de Bogotá a la de Facatativá (Cundinamarca), a cambio de la suma de $13 millones, de los cuales al juez le correspondieron $4 millones. En el fallo se asegura que Rodríguez Vilar contactó a un servidor del Inpec para concretar el acuerdo.
Dentro del expediente también se consigna un episodio en el que Rodríguez Vilar pidió $4 millones para mediar ante el ICBF y el Inpec para ayudar a trasladar del sitio de reclusión a un hombre condenado a cinco años de cárcel por actos sexuales con menor de 14 años.
Rodríguez, oriundo de Barranquilla, le ha insistido a la justicia que sufre de diversas enfermedades y que ha recibido intimidaciones a raíz de este caso. La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, no cedió ante sus alegatos.
Barbón espera su sentencia
El otro juez implicado en este escándalo es Francisco Javier Barbón López, quien el día de su captura, en 2013, ejercía como juez 38 de garantías. A pesar de que la Fiscalía contaba con pruebas que lo vincularían a la banda dedicada a influir en las asignaciones de los procesos judiciales, el togado quedó en libertad y al día siguiente se le vio celebrando audiencias en la URI de Puente Aranda.
Si bien siguió vinculado al proceso penal, insistió en su inocencia. “Proferí una decisión el 20 de diciembre de 2012 en una audiencia normal. Me llegó la carpeta al despacho y tomé la decisión que, en mi concepto, consideré que procedía. Pero no tenía conocimiento que se venía adelantando una investigación en el centro de servicios de Paloquemao, donde supuestamente se estaban cometiendo hechos irregulares”, le dijo a este diario en 2013, tras quedar en libertad.
Los hechos que vinculan a Barbón López se remiten a 2012, cuando un notificador del centro de servicios judiciales realizó el reparto de una audiencia al juzgado que él presidía. Previa entrega de una suma que supera los $5 millones, al parecer se direccionó al despacho de Barbón un proceso que se adelantaba contra una mujer por recobros fraudulentos al Fosyga y al Ministerio de la Protección Social.
En la audiencia se buscaba sustituir la medida de aseguramiento (carcelaria por domiciliaria) y en efecto Barbón así la otorgó. “Consideré que los elementos que presentaron en la audiencia daban para conceder la libertad”, dijo Barbón, quien insistió en que se trató de un malentendido.
El proceso en contra del juez -por el delito de prevaricato- se sigue en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde el próximo 5 de abril se leerá la sentencia por este caso.
El Espectador intentó obtener una versión del juez, pero insistió que -por recomendación de su abogado- no se pronunciará teniendo en cuenta la proximidad del fallo. Finalmente, de la operación que se adelantó par desmantelar el “cartel de libertades” en el complejo judicial de Paloquemao, en 2013, la mayoría de los capturados hoy están en libertad.
Marvin Quecano Urueña, empleada del centro de servicios judiciales, logró demostrar su inocencia, mientras que los demás fueron condenados a penas que no superan los cinco años. Cuatro de ellos están libres y otros dos recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria. El paradero de otro de los investigados aún es incierto.
Las sumas de dinero se entregaban en efectivo
La investigación en contra de los implicados evidencia que existía una red de funcionarios (notificadores, secretarios y jueces) que tenían vínculos con intermediarios que se encargaban de concretar los beneficios judiciales. En uno de los interrogatorios que rindió Jaime Camargo Lucero, encargado del área de telegramas del Centro de Servicios Judiciales, aseguró que en 2012 fue contactado por Javier Yesid Español Palacios, secretario del Juzgado 26, con el fin de que direccionara un proceso hacia ese despacho. Español le entregó la suma de $5 millones para que se encargara del reparto de la audiencia. Ese monto fue repartido entre tres funcionarios. En la diligencia se buscaba revocar una medida de aseguramiento.
