Código de Policía: ahora sí ¡a pagar!

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Se acabaron los comparendos pedagógicos del Código de Policía y a los infractores les llegó el momento de “meterse la mano al dril”. Desde el martes las alcaldías podrán cobrar las multas, que van hasta $786.000. Aunque todo debería estar listo, tras seis meses de proceso, las alcaldías coinciden en algo: faltan ajustes, incluso en Bogotá, que es la más avanzada. El sistema de recaudo, falta de recursos y de personal son algunos de ellos. (LEA: Así se aplicará el nuevo Código de Policía)

Según la Policía, hasta mediados de julio se impusieron 161.695 comparendos pedagógicos en el país. De estos, 3 de cada 10 fueron en Bogotá. Por su parte, la Secretaría de Seguridad reportó que hasta el 9 de julio aplicaron 49.524 comparendos en la capital, siendo el consumo de licor en vía pública la principal causa, con 8.555 casos (17,3 %), seguido por ingresar a Transmilenio sin pagar, con 6.493 (31,1 %); portar armas, con 5.302 (10,7 %), y ocupar el espacio público (vendedores ambulantes) con 4.793 (9,7 %). (LEA: Este es el texto completo del nuevo Código de Policía)

Aunque las cifras demuestran trabajo, con un promedio de 300 sanciones diarias en Bogotá, todavía los municipios enfrentan dificultades. Según el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, tras un diagnóstico que hizo el Distrito con varias alcaldías, se encontró que todas coinciden en falta de información y de reglamentación del Gobierno. “Renovar una norma de 46 años implica actualizaciones prácticas, físicas, de tecnología y de recursos humanos que nadie tenía. No obstante, Bogotá ha tenido un buen proceso, ya que el alcalde ha sido un defensor del Código y ha dispuesto lo necesario para sacarlo adelante”.

Aunque el Distrito es optimista en que cumplirá una buena tarea y marcará el camino a las otras poblaciones, hay preocupaciones. “Fuera de los recursos y de cómo organizar el sistema de recaudo de las multas, estamos tratando de solucionar los despachos comisorios. ¿Qué es eso? El Código les quitó tareas a los inspectores de Policía y quedaron en cabeza de los jueces. Sin embargo, éstos las están delegando en otros funcionarios como los alcaldes locales, que también tienen muchas funciones. Estamos hablando con el Consejo Superior de la Judicatura para encontrar una solución”.

Esta semana, la administración expedirá una serie de decretos reglamentarios y los artículos de un Código de Policía Distrital, que incluirá procedimiento y comportamientos específicos para Bogotá. “Ya establecimos que la Secretaría de Gobierno se encargará del control y la imposición de los comparendos, mientras que la de Seguridad se encargará de las medidas correctivas, como el recaudo y los cursos pedagógicos”, explicó Uribe.

Obvio, una de las dificultades de la puesta en marcha es la falta de personal y, puntualmente, de inspectores de Policía. “Recibimos 45 inspectores y ya tenemos 63. La idea es tener 82 en dos meses y 100 al finalizar el año. Con una particularidad: 17 serán especializados. Además, estamos fortaleciendo las inspecciones con personal y tecnología”, dijo el funcionario.

El cobro

Según el Código, el 60 % del recaudo será para que las alcaldías inviertan en programas de prevención, convivencia y cultura ciudadana, así como los cursos pedagógicos. El resto para inversión en temas de seguridad. Si se hacen cuentas con los datos de las nueve infracciones más frecuentes en Bogotá (ver infografía) y el potencial de recaudo, el cálculo arroja cerca de $9.000 millones.

Sin embargo, para el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, no se pueden hacer cuentas alegres con lo que se podría recaudar en la ciudad, ya que la cifra real es incierta. “El reto es que la gente realmente pague. Si con las multas de tránsito, que las autoridades pueden inmovilizar el vehículo, el porcentaje de recaudo apenas llega al 50 %, ahora imagínese con esto”.

Son varios los factores que hacen incierto ese recaudo. Por un lado, que en algunos casos los ciudadanos pueden librarse de la sanción económica asistiendo a un curso pedagógico. Por el otro, que quienes paguen en los primeros cinco días tendrían un descuento del 50 %. Es decir, el recaudo final podría llegar al 25 %. ¿Y si el infractor no paga? Aunque la norma dice que una vez se superen los 30 días, empiezan a cobrarse intereses de mora, que podrían alcanzar el 30 % de la multa, y luego de esto se podría iniciar el cobro coactivo, para esto también faltan herramientas.

“Hay que tener en cuenta que pueden ser pocos los que paguen. Y con los que no quieran pagar, nos vemos enfrentados a otro problema: en estos casos no hay posibilidades de embargar nada, como con las multas de tránsito. De ahí que veamos que el tema del recaudo será un asunto difícil. Por eso es que, por ejemplo, estamos dando la pelea para que nos dejen cobrar a través de la factura de teléfono las llamadas de broma a la línea 123”.

Y agrega Mejía: “Hemos trabajado en el tema del recaudo para atarlo con el sistema nacional de medidas correctivas. Con la Secretaría de Hacienda estamos definiendo cómo será y la impresión de los recibos de las multas. Aunque hemos avanzado y comparado con otras ciudades, Bogotá está más adelante, tenemos que seguir afinando detalles para tener una buena implementación”.

Las críticas

Aunque el balance muestra que se ha avanzado, la implementación del Código de Policía no ha estado ajena a las críticas. Algunos lo consideran una medida contra las libertades de los ciudadanos y anuncian protestas, como la fumatón de marihuana o los reproches de los vendedores ambulantes, quienes dicen ser los más perseguidos.

Al menos así lo manifiesta el congresista Inti Asprilla, quien ha tomado la vocería de este sector. “La experiencia con los comparendos pedagógicos nos indica que las autoridades van a cometer atropellos en contra de los vendedores ambulantes con la aplicación plena de las sanciones”, señala el congresista, quien agrega que si les empiezan a imponer multas, el alcalde estaría desconociendo los derechos de esta población vulnerable. “En la Sentencia C-211 de 2017, la Corte Constitucional protege a los vendedores informales y prohíbe la imposición de multas hasta tanto se les haya brindado estrategias para la reubicación o alternativas de trabajo formal”.

Asprilla hizo un llamado al general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional, para que defina un proceso de formación de los policías para que conozcan y respeten las sentencias de la Corte Constitucional y, de esta manera, evitar el hostigamiento a los vendedores ambulantes en Bogotá. “Nosotros continuamos enseñando en las calles a los vendedores informales cómo defender sus derechos por medio de la sentencia de la Corte Constitucional”.

Ahora que llega el momento de pagar, será la verdadera oportunidad para establecer los efectos de este nuevo Código de Policía, que busca mejorar con sanciones los comportamientos de los ciudadanos.