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Las volquetas cargadas de escombros y tierra llegaron por primera vez el domingo 3 de septiembre de 2017. Fernando Parrado, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Fagua, en el municipio de Chía, recibió la llamada de alerta de uno de los vecinos de la zona. La carga estaba destinada a rellenar un tramo del cuerpo de agua que los locales llaman la Chucua, una quebrada de nueve metros de ancho que cruza la vereda.
Era domingo, por lo que Fernando Parrado tuvo que esperar un día para llamar a las entidades gubernamentales responsables. Se comunicó con Leonardo Donoso, alcalde del municipio, quien le dijo que iría a revisar lo que estaba sucediendo. Esto desencadenó una serie de visitas, tanto de la CAR como de funcionarios de la Alcaldía: la primera, realizada por el secretario de Medio Ambiente de ese momento, Juan Carlos Coral, y la personera delegada para Asuntos Ambientales, Marisel Hernández.
Tras la visita, la personera elaboró un reporte en el que citó un documento de la CAR que hacía referencia a la Chucua de Fagua. Se trataba del informe técnico 0558, del 31 de marzo de 2017, que señalaba: “El vallado de aguas lluvias existente en la vereda de Fagua —sector Guanata del municipio de Chía— no corresponde a una fuente hídrica natural; por lo tanto, cualquier actividad que se realice en su cauce no requiere autorización de esta Corporación”. Aunque este medio solicitó mediante derecho de petición dicho informe técnico a la CAR, la respuesta fue que no existía en los archivos de la entidad.
Quizás este primer documento (que, según fuentes, estaba en posesión de quienes realizaban el relleno) sirvió de excusa para que la CAR tardara más de un mes en expedir otro auto en el que se imponían medidas preventivas para frenar el relleno. Durante ese mes, la CAR hizo una serie de visitas para determinar si lo que había en ese predio era o no una fuente hídrica natural. Fernando Parrado, quien visitaba el lote diariamente, afirma que desde que se llamó a la CAR los conquistadores de la Chucua aceleraron el paso: “Se multiplicaron las volquetas, que trabajaban día y noche para rellenarla”.
Al descubrir el relleno de la Chucua, la comunidad se organizó para protestar ante la CAR y detener el movimiento de tierra. Parrado buscó la ayuda de otros activistas, como la fundación Alianza por el Agua, para dar a conocer el caso y fortalecer los argumentos. Lo que descubrieron los expertos contactados por la comunidad y los equipos técnicos de la CAR (mediante la Dirección de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial) fue que la Chucua —conocida como riachuelo o quebrada— tenía funciones de humedal y, por lo tanto, debía ser protegida.
Johanna González, administradora ambiental y habitante de Chía, fue una de las expertas consultadas. Según ella, la Chucua nace en los cerros del municipio y baja hasta la vereda de Fagua, donde sus meandros (las curvas de ríos y quebradas) funcionan como humedales. Agregó que en el POT de Chía, aprobado en 2016 (un año antes de que se rellenara la Chucua), se nombraron los tipos de cuerpos que debían ser protegidos, pero no se especificaron cuáles eran, creando un vacío jurídico. Este es el caso de la Chucua de Fagua y de las otras dos que existen en otras veredas de Chía, que no son nombradas ni delimitadas en el POT de 2016.
La Secretaría de Medio Ambiente, liderada en 2017 por Juan Carlos Coral, realizó un diagnóstico de la estructura ecológica del municipio para la formulación del POT. En este documento se identificaban plenamente las chucuas de Fagua, Tíquiza y Cajicá. Además, se hablaba de ellas como “necesarias para prevenir inundaciones” y se nombraba el decreto 1449 de 1997, que determinó una ronda (es decir, un espacio de protección) de treinta metros para estos cuerpos de agua.
José Vicente Gutiérrez, director de la regional Sabana Centro de la CAR, aseguró al El Espectador que la Chucua sí aparece en el inventario de la Corporación como un cuerpo hídrico natural, que tiene funciones de humedal y su ronda debe ser respetada en cualquier plan parcial. El actual alcalde, Leonardo Donoso, a pesar de todas las evidencias, sigue afirmando que aún no se ha determinado si la Chucua es un humedal, un vallado o un canal de aguas lluvias.
Los culpables
José Antonio Parrado es uno de los líderes políticos que ha defendido la Chucua de Fagua. El antiguo concejal de Chía lidera una iniciativa contra el crecimiento desmedido de la Sabana. Alega que el caso que hoy concentra su atención es consecuencia de un POT con muchas irregularidades.
Por ello, presentó una demanda de nulidad contra el Plan de Ordenamiento, en nombre de cuarenta líderes del municipio, que ya fue aceptada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Zipaquirá. Según él, este POT tiene la intención de favorecer principalmente a las constructoras que operan en Chía, como Amarilo y Capital. Alega que propiciaría la construcción de 16.000 a 40.000 unidades de vivienda en las zonas de expansión urbana, un crecimiento que, para él, sería insostenible. La Chucua de Fagua está situada en una de estas zonas de expansión a las que hace referencia Parrado.
Los cuestionamientos al POT de Chía son muchos. Carlos Hernández, periodista de La Silla Cachaca, encontró evidencias que indican que el POT de Chía fue calcado del POT de Cajicá, ya que 112 de los 193 artículos son idénticos a los del municipio vecino y 39 son similares. Además, el POT de Cajicá también ha sido objeto de denuncias y de oposición por parte de la comunidad. Tanto José Antonio Parrado como otros activistas de la Chucua denuncian que el POT aprobado por unanimidad en el Concejo de Chía no fue el que se había elaborado en conjunto con la comunidad antes de 2016.
El alcalde de Chía, por su parte, defiende el Plan de Ordenamiento. Para él es necesario el crecimiento, porque Chía tiene una presión demográfica enorme debido a su cercanía con la capital. “Este nuevo POT busca que el crecimiento de la ciudad sea ordenado”, expresó. Aseguró que solo a finales del año pasado se presentó un plan parcial en la zona de la Chucua, que busca la recuperación del daño y la protección del cuerpo de agua. Al recordarle que sí se había presentado un plan parcial casi un año antes de que se rellenara la Chucua, el 26 de agosto de 2016 (menos de un mes después de que se aprobara el POT), el alcalde respondió que ese plan se había suspendido y no fue estudiado.
La CAR señala en sus dos autos sobre la Chucua a Gertie Amaya de Díaz, María Teresa Rodríguez y Garnet SAS como dueños del predio y responsables del relleno. Desde el principio, se intentó determinar si estas personas eran efectivamente propietarias del lote. Garnet SAS está en liquidación, pero además tuvo un proceso de escisión; es decir, realizó una transferencia en bloque de parte de su patrimonio a otra sociedad, llamada curiosamente Anega SAS (“anegar” es ahogar un terreno sumergiéndolo completamente en agua).
A pesar de que estos son los dueños mencionados por la CAR, el asunto es más complejo. El 7 de marzo de 2014, el predio donde está la Chucua (llamado Lote 2) se englobó; es decir, se unieron varios terrenos que estaban separados. Es complicado determinar quiénes son todos sus dueños, ya que el lote englobado fue constituido en una fiducia mercantil, administrada por Alianza Fiduciaria, el 15 de julio de 2016, diez días antes de que se aprobara el último acuerdo del POT de Chía. Ese lote de 265.000 metros cuadrados corresponde exactamente al área delimitada en el plan parcial número 15.
Esta serie de acciones de los dueños y el cambio en el uso del suelo llevaron a que el valor del predio se triplicara. Para los activistas de la Chucua, esto puede indicar que hubo volteo de tierras. Este fenómeno ha sido denunciado en Cundinamarca por el exsenador Carlos Fernando Galán y sucede cuando el cambio en el uso no obedece a razones técnicas, sino a intereses privados.
La complejidad de este caso radica en la dificultad de señalar a los responsables directos del daño. No hay pruebas que vinculen al alcalde y a los concejales con las constructoras interesadas en intervenir el predio de la Chucua, aunque es claro que no se tuvo en cuenta este humedal en la formulación del plan parcial número 15, ni se incluyó en las zonas de protección del POT. La CAR, responsable de cuidar los bienes ambientales del municipio, tampoco alertó sobre el posible conflicto ambiental en el lote antes de aprobar el POT.
Y mientras el lío legal se resuelve y se toman acciones reales para la recuperación de la Chucua, la parte no intervenida del humedal se ha llenado de vegetación en descomposición por la falta de movilidad en el agua. Encima de las hojas podridas flota una nube de moscas.
*Esta investigación fue realizada para La Zaga, el nuevo podcast de El Espectador. Puede escuchar el podcast y la historia completa de la Chucua de Fagua en nuestra versión digital.