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El Distrito sigue trabajando en definir la tarifa que les cobrará a los dueños de carros particulares que quieran evitar el pico y placa. La Secretaría de Movilidad revisa un estudio, conocido por El Espectador, que elaboró la Subsecretaría de Política Sectorial. En él se sugiere el posible monto del cobro: alrededor de $4 millones anuales. El estudio, que estuvo publicado en páginas del Distrito y que descolgaron ayer al conocer que se publicaría este artículo, hace un recuento del pico y placa en Bogotá, un análisis sobre el impacto del aumento del parque automotor y una simulación de cómo la medida afectada la velocidad de circulación en la capital. (Lea: Hasta los blindados tendrán pico y placa)
El análisis, luego de proyectar los efectos con tres tarifas diferentes ($2 millones, $4 millones y $6,2 millones), concluye que un cobro intermedio cumpliría dos objetivos: no golpear mucho la velocidad de desplazamiento, así como lograr un recaudo considerable para cubrir en parte el déficit del Sistema Integrado de Transporte y mejorar la malla vial de la ciudad. (Lea: Permisos fraudulentos para evitar pico y placa, en la mira del Distrito)
No todo es perfecto. El análisis también sirvió para poner al descubierto dos problemas a solucionar antes de implementar la medida: la necesidad de depurar el Registro Distrital de Automotores (RDA), para saber a ciencia cierta cuántos carros particulares circulan en Bogotá, y ajustar el mecanismo para diferenciar los vehículos con exención (por pago o por ley) y los que tienen la restricción.
Crear un mecanismo de pago por libre circulación fue una iniciativa del alcalde Enrique Peñalosa, aprobada en el Plan de Desarrollo (art. 73), que justificó en la necesidad de crear una fuente para cubrir el déficit del SITP, que al año alcanza los $600.000 millones, y tener más recursos para recuperar la malla vial, que puede costar otros $600.000. Es decir, ambos presentan una carga anual de casi $1,2 billones. “Esta necesidad puede cubrirse parcialmente con esta medida”, dice el estudio.
Los escenarios
Según el Registro Distrital de Automotores (RDA), en Bogotá hay casi 1,7 millones de vehículos particulares, de los cuales el 64 % están en hogares de clase media, el 18 % en estratos bajos y el 18 % en estratos altos. Se estima que al día se realizan 1,8 millones de viajes en auto particular, de los cuales, el 10 % se inician entre las 6:30 a.m. y 7:30 a.m. Con el actual pico y placa (pares e impares), al menos 850.000 carros salen de circulación. Sin embargo, casi 20.000 están exentos, como la caravana presidencial, las carrozas fúnebres, los carros de organismos de seguridad, los de emergencia, los diplomáticos, los de servicios públicos y los blindados (nivel 3 o superior), entre otros. Actualmente la velocidad promedio de desplazamiento en la ciudad es de 25 kilómetros por hora.
Con estos datos se adelantó el estudio, mostrando que, a distintos niveles de tarifa, se logran efectos en el recaudo y en la congestión. Por ejemplo, si se cobran $2 millones anuales, la exención sería más accesible y el Distrito lograría el máximo de recaudo, pero con un alto costo sobre la velocidad promedio de la capital. El tiempo de desplazamiento aumentaría casi el 14 %, es decir, un recorrido de 60 minutos aumentaría 9 minutos.
En el otro extremo, con una tarifa de $6,2 millones, serían menos los que pagarían y solo beneficiaría a los ciudadanos con mayor poder adquisitivo. En este sentido, al ser menor la demanda (cree que pagarían 30.000 propietarios de vehículos), los efectos en la movilidad serían mínimos (aumentarían los desplazamiento 1,4 %, es decir, menos de un minuto en un viaje de una hora) y “el recaudo sería, en el mejor de los casos, menor a $200.000 millones”.
En cambio, con una tarifa de $4 millones, sería más equilibrada. El tiempo de desplazamiento aumentarían 5 % (tres minutos en un viaje de una hora). “El recaudo estaría entre los $167.000 millones (42.000 carros), en el caso más desfavorable, y los $398.000 millones (99.500 carros), en el mejor de los casos. La incertidumbre depende del registro que se use para estimar el número de carros que circulan en la ciudad”, señala el estudio.
Por esta razón, “considerando el equilibrio entre congestión y consecución de recursos, se recomienda implementar una tarifa cercana a los $4 millones para circular sin pico y placa. Las estimaciones de recaudo y de disminución de la velocidad serían las bases sobre las cuales se debe monitorear esta política”, sugiere el análisis.
Los peros
A pesar de la recomendación, el estudio encontró dos situaciones por ajustar: que no hay un mecanismo efectivo para regular los vehículos exentos de pico y placa, y la incertidumbre en las cifras del Registro de Vehículos (RDA), ya que no coinciden con las últimas encuestas de movilidad. Actualmente, los dueños de los 20.000 carros exentos de pico y placa deben ir cada año a una oficina de la Secretaría de Movilidad a refrendar el beneficio, llevando los documentos que acreditan la exoneración. Más allá de eso y del control policial aleatorio en las calles, no existe un mecanismo para corroborar quién está libre de la restricción. “En ese orden de ideas, las personas con vehículos en Bogotá que deseen realizar el pago voluntario, usarían un procedimiento similar”.
Por esta razón, el estudio recomienda variaciones en el control. “La diferencia es la dificultad de reconocer a priori y con base en características observables a los vehículos que han pagado. Por tal motivo, es necesario una campaña educativa en la que la gente se concientice de la importancia de cumplir la regulación, así como usar los operativos de control como mecanismo disuasivo”, indica.
De otro lado, se resalta el RDA como un punto crítico para un futuro recaudo, pues no hay certeza de la cantidad de carros particulares que recorren la ciudad. “A diciembre de 2016, el Registro Distrital Automotor (RDA) contabilizó 1’694.840. Sin embargo, diferentes encuestas dan cuenta de una cantidad menor”. Entre las razones para la incertidumbre en esta cifra está que los hogares no entregan toda la información sobre sus bienes y que “al no existir norma que regule los procesos de chatarrización, las matrículas no tienen fecha de expiración y la única forma de observar bajas es por cambio de matrícula o la cancelación de la licencia de tránsito. En este documento se hizo palpable que la incertidumbre sobre el RDA puede causar problemas de planeación de la política. Se conmina a realizar una revisión de este registro administrativo para planificar mejor futuras políticas”.
Ante el estudio, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, aclaró que no es definitivo y que lo están analizando, por lo que podría cambiar radicalmente y por esta razón no tienen fecha para expedir el decreto para poner en marcha la medida. “Hay cambios en las versiones más actualizadas en datos como monto a cobrar, cantidad a pagar y posible recaudo. Los estudios tienen varias versiones y la que tienen está desactualizada. Usted me pregunta y le digo que el estudio está mal y ha venido ajustándose. Tenemos que decir que a pesar de que les dijimos que la información no era la definitiva, se desinformó”, señaló Bocarejo. Al preguntarle por los nuevos datos, dijo que no daría información hasta que terminara el análisis.