¿Qué lleva a un estudiante de las aulas a la olla más grande de la ciudad? Las organizaciones criminales que operan en el Bronx han conformado estructuras que se dedican a atrapar jóvenes como nuevos clientes en sus redes de consumo de drogas e incluso reclutarlos para el crimen y la prostitución. Pero también pesa que las dinámicas impuestas por las organizaciones criminales han permeado el entorno en el que viven los menores, tanto en hogares como en centros educativos.
Esta es una de las conclusiones de la investigación que realizó el Programa Integral de Orientación Escolar (RIO), de la Secretaría de Educación, en la UPZ La Sabana, de la localidad Los Mártires. El informe hace una radiografía de los barrios con mayores índices criminales del sector, como San Victorino, Santa Fe y Voto Nacional, y cuyas dinámicas son jalonadas desde el Bronx. Aunque el diagnóstico se puso en conocimiento de las autoridades el año pasado, según los encargados del estudio, a la fecha nada ha cambiado.
En el documento se muestra que estudiantes de cuatro colegios oficiales de la UPZ son presas, por su proximidad, del ambiente delictivo del sector. Se trata del Liceo Nacional Antonia Santos, el Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, el Colegio Distrital República Bolivariana de Venezuela y el Colegio Panamericano.
En la zona de influencia donde se encuentran estas instituciones se identificaron al menos 19 puntos asociados con el expendio y consumo de drogas, entre ellos el Bronx, la Plaza España, y otras calles y esquinas de barrios como el Voto Nacional, Santa Fe o La Favorita. Asimismo, hay al menos nueve sitios donde se ubican vendedores ambulantes que comercializan cigarrillos, licor y drogas entre los menores de edad.
En todo el sector, el expendio de estupefacientes, dice el informe, lo manejan al menos tres grupos (identificados), que controlan la cadena criminal desde el abastecimiento de la marihuana, la cocaína y el bazuco, y su transporte desde otras zonas del país hacia la ciudad, hasta su comercialización. “Tanto la olla del Samber (calles 6ª y 4ª entre las carreras 10ª y 13), como la del Bronx, están controladas por facciones urbanas de antiguos paramilitares, quienes a su vez tienen lazos con transportadores y comerciantes de la central de Abastos de Bogotá”, dice el informe.
Después de la intervención de la pasada administración en el sector, en muchas zonas aledañas se han montado nuevos expendios de droga. Según informes de las autoridades, los expendedores tienen la mira en los colegios y universidades, porque ven en los estudiantes nuevos clientes. Señalan, incluso, que varias instituciones están sitiadas por los expendios, que les ofrecen a los jóvenes productos más adictivos, diferentes a la coca y el bazuco. “La droga que se vende en esta zona ha mejorado, por una razón: es una especie de estrategia ‘de mercadeo’ de los traficantes, porque saben que no pueden matar tan rápido a sus clientes”, agregan los investigadores.
Pero el peligro para los menores no se agota con el consumo de estupefacientes, que ya tienen un target importante entre los alumnos de esas instituciones, sino que se amplía a otras actividades, como la prostitución o el hurto, de los cuales los jóvenes también son presa. En la zona de alto impacto de trabajo sexual, dentro de la UPZ La Sabana, las autoridades han calculado alrededor de 100 establecimientos dedicados a estas actividades (moteles, casas de prostitución, residencias), en las mismas calles que ocupan los estudiantes de esos cuatro colegios.
En ese contexto, hay riesgo de que los menores caigan en la red. En los últimos tres años, hasta donde pudo establecer el estudio de RIO, en esas cuatro instituciones se reportaron seis casos de estudiantes de 15 y 16 años que han sido víctimas de prostitución y pornografía infantil, dos de ellos con anuencia de sus padres.
Los menores también son captados para la delincuencia. Las estructuras criminales les cobran cuotas, desde $200.000 mensuales, para que puedan ejercer como expendedores de drogas o ladrones en sus territorios. Y los grupos a los que tributan, según el estudio, son los mismos que “controlan el comercio sexual, la venta en espacio público vía microextorsión, la trata de personas y la pornografía infantil, el soborno a funcionarios, fuerza pública y autoridades”.
Por eso, la investigación relaciona directamente la organización de esas estructuras con el consumo de drogas, la extorsión, la prostitución y hasta la iniciación sexual temprana de los jóvenes, y más, de los que están dentro de la UPZ La Sabana, cuyas dinámicas están bastante definidas desde el interior del Bronx. El entorno de esas instituciones educativas está marcado por la monopolización irregular del comercio por organizaciones cerradas y muy sólidas, que lo controlan todo, en las escalas grandes y pequeñas. Y esas organizaciones masifican sus prácticas y sus “normas” a todo su entorno, el mismo del que hacen parte los menores de esas instituciones.
No es nuevo
Para el investigador Ariel Ávila, la presencia de menores de edad en el Bronx no es nueva y hay tres razones detrás: las organizaciones delincuenciales los reclutan para que sean jíbaros, campaneros o para ejercer la prostitución; se trata de menores adictos, que no tienen dinero y acuden allí para comprar droga barata, o son hijos de habitantes de la calle o recicladores que viven en la zona.
Agrega que lo que pasa en el Bronx es preocupante, pero resulta marginal frente a otras zonas donde se vive un problema mayor. Señala como nuevos focos, en el norte, zonas como Santa Cecilia y El Codito; en el centro, zonas como Las Cruces, y en el sur, sectores como Cuadra Picha, en la Primero de Mayo; Venecia (cerca de los moteles) y el barrio María Paz (detrás de Corabastos), en la localidad de Kennedy.
Para el investigador, las estrategias para poner fin a este crudo panorama, más allá de la represión, implicarían planes integrales para rescatar de las drogas a los menores que frecuentan la zona. “Ahora hay un escándalo, pero ese es un problema histórico, que no han querido solucionar. Siempre buscan represión. Como recuperar a un adicto es costoso, prefieren meter plata en otros programas. Por eso, un joven está condenado a volver, porque nadie lo ayuda”, concluye.