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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabitó al exconcejal Andrés Camacho Casado por 13 años debido a faltas que cometió en el denominado carrusel de la contratación de Bogotá.
El Ministerio Público afirmó que el excabildante aprovechó su cargo para que contratistas como Emilio Tapia y Julio Gómez, -relacionados con ese mismo escándalo de corrupción-, lograran contratos de la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá (UMV).
En consecuencia, la decisión quedó sujeta a apelación, y además el órgano de control manifestó que Camacho incurrió en faltas de cohecho y tráfico de influencias, que califica como gravísimas.
De acuerdo con la Procuraduría, Camacho recibió $300 millones por parte del representante legal de la empresa Patria Conalvías como parte de una contraprestación por adjudicarle una licitación en 2010.
El exconcejal también presionó para que Iván Hernández fuera nombrado en la UMV, con el objetivo primordial de obtener beneficios en la entidad.