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Alcira Tapia Henríquez, una economista oriunda de Sabanalarga (Atlántico), se puso este año al frente de la operación del relleno sanitario Doña Juana. Fue nombrada por el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), que está a cargo del relleno desde octubre de 2010 y lo integran las firmas Estre (Brasil), Genivar Ltd. Partnership (Canadá), el Grupo Roca y USA Global Market (Colombia).
Entre sus planes más importantes está mejorar el tratamiento de lixiviados (líquidos tóxicos que generan los residuos); desarrollar proyectos para aprovechar la basura y no tener que enterrarla toda, y ampliar la licencia de operación que va hasta 2022, pues, a su juicio, por lo pronto es más viable que les aprueben su funcionamiento en terrenos del actual de relleno que definir un nuevo sitio de disposición final de basuras para Bogotá.
¿Cómo encontró Doña Juana?
No ha sido fácil. Venía con muchos rezagos debido al gobierno anterior (Gustavo Petro, 2012-2015). No teníamos interlocución. Por ejemplo, pasaban seis meses sin que le pagaran a CGR. ¿Cómo es posible que en una operación en la que les cobran a los usuarios no te paguen? Eso retrasó inversiones que a su vez generaron problemas de operación. Los socios comenzaran a poner plata y a endeudarse. Llevamos las diferencias a un tribunal de arbitramento, porque tan sólo en uno de los puntos están en juego unos $15.000 millones. Con esta administración, sin embargo, nos sentamos a dialogar y hemos avanzado.
¿Cómo ha evolucionado la cantidad de residuos que llegan a Doña Juana?
Se ha estabilizado, entre 5.800 y 6.400 toneladas diarias. Hay unos picos, pero no ha habido un aumento significativo. Eso es de rescatar si uno tiene en cuenta el crecimiento demográfico de Bogotá. Quiere decir que la separación en la fuente (de basura y reciclaje), aunque no esté organizada al 100 %, sí ha mejorado. Estimamos, además, que sin el trabajo de los recicladores recibiríamos unas 9.000 toneladas diarias.
Los lixiviados siguen contaminando el río Tunjuelo. ¿Qué harán?
El contrato decía que nos iban a entregar la planta de tratamiento de lixiviados en unas condiciones y que nos darían recursos para terminarla de adecuar. Pero descubrimos una tubería que ni siquiera el Distrito conocía, que llevaba el lixiviado directamente al río. Por eso, aunque tratamos el caudal máximo, es insuficiente e incumplimos los parámetros ambientales. La planta se tiene que ampliar, pero eso le compete al Distrito. Es algo en lo que las ciudades se están poniendo al día. En Medellín acaban de modernizar su planta. Ya publicamos unos términos de referencia y se presentaron 10 empresas interesadas. Esperamos que el 15 de enero nos presenten los diseños definitivos con presupuesto, para presentar un proyecto de modernización de la planta en conjunto con el Distrito.
¿Cuánto costaría?
No tengo el dato exacto, pero alrededor de $40.000 millones. La idea es presentar la modificación de la planta a la Comisión de Regulación de Agua (CRA), por si toca hacer algún incremento tarifario. Los lixiviados en Bogotá tienen muchos componentes que en otras ciudades no son evidentes. No sólo residuos de comida, sino también muchos de electrodomésticos o pilas que hacen más difícil el tratamiento. Esas particularidades se recogerán en una posible solicitud de modificación de tarifas.
A propósito de la tarifa, ¿a ustedes cómo les pagan?
En la tarifa que paga cada usuario por aseo, entre el 15 % y el 20 % corresponde a disposición en el relleno sanitario. A nosotros nos pagan $15.000 por tonelada de disposición final, pero en conversaciones informales con la CRA nos han dicho que hemos tardado en pedir una actualización tarifaria. En Medellín, por ejemplo, pagan casi $32.000, y en Cali, $20.000.
¿Y por qué invertir $40.000 millones en una planta cuando la licencia del relleno es hasta 2022?
La Universidad Nacional hizo unos estudios de los lugares donde es posible hacer rellenos sanitarios. Identificó cuatro: una al norte, en la vía Suba-Cota, y tres al sur, cerca al centro poblado Pasquilla (Ciudad Bolívar) y en la vía entre Usme y Sumapaz. La verdad, no parece viable hacerlo en ninguno y al final se terminará manteniendo Doña Juana donde está.
Pero el Distrito planea abrir espacio en otra parte.
La licencia hasta 2022 cubre las partes que estamos usando, pero en 2011 la Uaesp hizo un estudio según el cual al relleno aún le queda mucho tiempo de vida útil si se licencian otras zonas dentro del terreno donde opera. Nuestro contrato de concesión tiene una particularidad: el Distrito fijó la vigencia hasta cuando termine la licencia ambiental o hasta que se termine la vida útil del relleno. O sea que si nos licencian 30 años más, operaremos 30 años más.
¿Entonces planean pedir licencia en otras áreas en el relleno?
Sí. Esperamos comenzar ese proceso el año entrante.
La vida útil se alargaría aprovechando y no enterrando residuos.
Hemos escuchado sobre proyectos de aprovechamiento que terminan siendo carreta, porque no son propuestas maduras. Conocemos experiencias, como la de Medellín, con la producción de abonos, y otras en Bucaramanga. Pero, en general, no son exitosas al 100 %. Hay quienes vienen y muestran una planta que funciona en Francia o Alemania, pero al intentar adaptarla en Colombia cambian muchas condiciones.
¿Y qué ha intentado hacer CGR?
El contrato nos permite aprovechar hasta el 20 % de la basura que llega al relleno. Tenemos un proyecto de utilización de escombros que nos lleva a cumplir con el 5 %. Hemos analizado, además, las experiencias de cuatro empresas que están dispuestas a hacer proyectos piloto. Sin embargo, sacaremos unos términos de referencia para que nos lleguen todas las ofertas posibles. La idea es que entre febrero y marzo montemos cuatro proyectos de aprovechamiento para ver cuál funciona mejor.
A CGR lo cuestionaron por recibir escombros en Doña Juana, y eso no es permitido. ¿Lo siguen haciendo?
Son escombros mixtos. Es decir, contaminados con basura, que no reciben en una escombrera tradicional. Al principio los aprovechábamos: los limpiábamos y pasaban por un proceso de aprovechamiento, para usarlos en algunas vías que son hechas sobre basura. Eso genera un balance ambiental positivo, porque no sacamos de las canteras el material para las vías. En 2012, la CAR dijo que en el relleno se estaban disponiendo escombros, lo cual no era cierto, porque se trataba de ese proceso de aprovechamiento. Sin embargo, nos tocó pararlo. Este año insistimos a la CAR que queríamos continuar con el aprovechamiento en las vías. Ya lo aprobó y lo retomamos hace dos meses.
Pero cada rato hay quejas, por el mal estado de esas vías.
Son vías sobre residuos, que siempre funcionarán así, pero son operativas. Aquí hay muchas variables. Por ejemplo, la mayoría de carros son viejos y superaron su vida útil de ocho años.
¿Cómo reducir los malos olores?
La licencia ambiental nos dice qué debemos hacer para mitigar los impactos ambientales. Con respecto a olores, hacemos monitoreo, usamos cal y cubrimos la basura. Para esto último, por ejemplo, importaremos unos mantos que tienen mejor cobertura que el plástico que venimos usando. Pero realmente hay épocas, como las de lluvia, en las que se agudizan los malos olores, por más mantenimiento que hagamos.
La comunidad de Mochuelo Alto y Bajo, padece los efectos de vivir al lado del relleno. Y parece que eso se extenderá más tiempo. ¿Qué hacer?
No sólo hacemos monitoreo adentro sino afuera de Doña Juana, para controlar contaminación de fuentes hídricas, por vectores (mosquitos) y roedores. También desarrollamos brigadas de salud y se ha vinculado el sector privado. Apoyamos proyectos productivos de los habitantes. Pero el tema social es complejo y el Distrito tendrá que mirar un gran plan que defina si se reubican esas familias.