Han pasado ocho meses desde que se conocieron los dos consorcios que cumplen los parámetros para construir la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Salitre (PTAR Salitre), como parte de una licitación internacional en la que está en juego un contrato de 480 millones de dólares.
Fue en mayo de 2015, y desde entonces, a pesar de que se han dado varias fechas tentativas para adjudicarle a uno de los interesados, hasta ahora no se ha definido. Con un agravante: comenzaron a surgir inquietudes que han puesto en tela de juicio la transparencia del proceso.
La principal tiene que ver con que se borró una parte del video que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entidad a cargo del proceso, grabó el 11 de mayo de 2015, día de la audiencia en la que se conocieron los dos consorcios habilitados, que son los que están en la puja.
Uno es el consorcio Aguas del Salitre, integrado por la brasileña Odebrecht y por la francesa OTV. El otro es el consorcio Expansión PTAR Salitre, conformado por la griega Aktor Technical Societe, la española Aqualia y la colombiana Cass Constructores.
La avería del video se conoció luego de que Odebrecht se lo solicitó a la CAR, y al verlo los representantes de la firma se percataron de que hacía falta una parte. Néstor Franco, director de la CAR, admite que ese hecho ocurrió, y agrega que la Oficina de Control interno de esa entidad investiga qué pudo haber ocurrido.
El abogado Jaime Lombana, que actúa en favor de Odebrecht, ha cuestionado, además del video, la que considera falta de transparencia, toda vez que no se permite que las partes que intervienen controviertan la evaluación que les hagan a sus propuestas antes de la adjudicación. De hecho, de acuerdo con el noticiero de La FM, en donde Lombana ha manifestado sus inquietudes, este ya presentó una denuncia disciplinaria contra Franco.
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, le envió, a su vez, una carta a Franco para que garantice la transparencia e invitándolo a que haga pública la evaluación de las ofertas.
El director de la CAR salió al paso de esas declaraciones y recordó que, como el dinero comprometido proviene de un crédito que hizo el Banco Mundial (BM), el proceso debe regirse bajo las normas de contratación de ese organismo multilateral. Fue un compromiso adquirido desde 2011, cuando el préstamo fue aprobado.
Eso implica, indicó el funcionario, que a diferencia de los procesos de contratación en Colombia, en el que las firmas interesadas pueden controvertir antes de la adjudicación, en este caso no es posible.
La CAR, ocho meses después, acaba de terminar su evaluación de las dos propuestas (que no puede conocerse) y este miércoles le envió su concepto al BM. Esta entidad deberá analizarlo y determinar si tiene objeciones, pero si da el aval, la CAR procederá a adjudicar.
“De acuerdo con el esquema de contratación del BM”, explica Franco, “una vez se adjudica es que comienza una etapa para elevar quejas sobre el proceso contractual. Eso debe hacerse ante la CAR, que a su vez le transmite esas inquietudes al BM para que evalúe la validez de las quejas. Incluso, podría ordenr la reversión del contrato”.
Otras dudas han surgido sobre la situación del consorcio que integran la brasileña Odebrecht y la griega Aktor. La primera está inmersa en un escándalo de corrupción en su país, que incluso tiene a su presidente en la cárcel. Sobre la segunda han surgido inquietudes por la posible afectación que pueda sufrir tras la crisis económica de Grecia.
El director de la CAR asegura que, ante estas dos situaciones, en junio de 2015 pidió el acompañamiento de la Procuraduría y consultó al Banco Mundial. Le dijeron, según él, que mientras no haya decisiones judiciales en firme contra la brasileña, esta puede continuar en el proceso. A su vez, el BM le dio tranquilidad sobre la situación de la firma griega.
Por lo pronto, hay que esperar si el BM le da vía libre a la adjudicación o presenta algún reparo. Franco admitió que desconoce cuándo recibirá respuesta.
La PTAR Salitre, actualmente, trata 4 metros cúbicos por segundo de aguas residuales generadas por 3 millones de usuarios del noroccidente de Bogotá. Se trata de un tratamiento primario que no logra que el agua quede cristalina para pasar al río Bogotá. El objetivo con su mejoramiento es ampliar la capacidad a 7,1 metros por segundo y lograr una limpieza tal, que el agua que reciba el río sirva para alimentar cultivos dentro de la cuenca.