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Un nuevo plazo les dio la Secretaría de Planeación a los dueños y administradores de bodegas de reciclaje para acatar la regulación que busca ponerlos en orden. A pesar de que la reglamentación se expidió en 2013, se modificó en 2015 y se fijó marzo de 2016 como último plazo para hacerla cumplir, hace unas semanas la administración tuvo que extender de nuevo el plazo, hasta marzo de 2019. Detrás de este dilatado proceso hay una razón: los recicladores han sido renuentes, ya que lo consideran un plan que solo los perjudica.
Estas bodegas son los puntos donde la mayoría de recicladores llevan el material aprovechable. No todos son iguales. Mientras en algunos solo lo pesan y organizan, en otros adelantan, incluso, parte del proceso de aprovechamiento.
Estos sitios surgieron hace 40 años, en inmediaciones de los botaderos de basura de la época: El Cortijo, sobre la calle 80, en el noroccidente de la ciudad, y Gibraltar, que funcionó a cielo abierto en la localidad de Bosa hasta que empezó a operar el actual relleno Doña Juana.
Tras la desaparición de estos sitios de disposición final, las bodegas migraron y no hubo mejor lugar que El Cartucho. Además de ser por años uno de los lugares con la mayor concentración de habitantes de calle del país, contaba con las características precisas para la reubicación de las bodegas: casas grandes y en un lugar céntrico para captar el material reciclable.
Entonces no hubo regulación ni tuvieron problemas hasta que desmantelaron la zona. Muchos de estos negocios se trasladaron a sectores aledaños, sobre la avenida Caracas y el barrio Santa Fe, mientras que otros, sin normas ni ley, terminaron en la zona industrial o en zonas de riesgo y de protección.
Para esa época, en 2001, la Universidad Javeriana reportó que en la ciudad había 1.186 bodegas de reciclaje, por lo que se hizo necesaria su regulación. Hubo varios intentos, pero solo en el 2010, ante la necesidad de realizar una nueva licitación de aseo, se fijaron las bases para su funcionamiento.
Las condiciones
En 2013 se expidió el decreto en el que, sin importar su tamaño, las bodegas debían establecer áreas de ingreso, de salida, de carga y de descarga dentro del establecimiento. También, tener un lugar para la aglomeración de personas, equivalente al 20 % del área construida, y un plan de mitigación que incluyera la instalación de cámaras, la señalización en zonas contiguas y la adecuación y mantenimiento de andenes. Las bodegas grandes y medianas, por su parte, en conjunto con la Secretaría de Movilidad, debían construir y garantizar el mantenimiento de cruces peatonales semaforizados en las zonas adyacentes al predio, y un plan de manejo de tráfico.
Estas medidas no han sido bien acogidas por los recicladores. De acuerdo con Nohora Padilla, una de sus líderes, “es un decreto que busca eliminar definitivamente todas las bodegas, porque, por ejemplo, nos obliga a hacer un montón de cosas en vía y adecuarlas como si fueran un centro comercial”.
Estos reclamos se han escuchado desde que se expidió el decreto. Incluso, al afectar a una población vulnerable como los recicladores, el Distrito no tuvo más opción que extender inicialmente el plazo hasta noviembre de 2015 y luego hasta marzo de 2016. Sin embargo, tampoco se cumplió.
En los dos últimos años se han realizado diferentes mesas de concertación entre los recicladores y el Distrito, sin muchos resultados. “Hemos tenido muchísimas discusiones, pero ninguna solución. Lo único que hemos logrado es ampliar el término de implementación”, agrega Padilla.
El objetivo de los dueños de las bodegas va más allá de simples ajustes. Ellos, a través de una acción popular, esperan que se anule el decreto, al considerar que su único fin es acabar con estos centros de acopio y afectar a la población recicladora.
Organizarlos
Ante las quejas de recicladores y bodegueros, la Alcaldía aclara que su idea no es afectarlos, sino cumplir los estándares nacionales y disminuir la tercerización en las cadenas de reciclaje, que se presenta con las pequeñas bodegas, donde solo se puede pesar y clasificar el material. Esta afirmación la respalda la Secretaría de Planeación, que agrega que este plan no afectará la prestación del servicio público de aseo. Reitera que estos establecimientos, al ser comerciales y privados, tendrán hasta el 31 de marzo de 2019 para cumplir la norma.
En cuanto a las dificultades que la medida puede generar a la población recicladora, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) señala que viene trabajando hace cinco años con esta población, con el fin de organizarlos y formalizarlos, a través de un proceso de ocho fases, en el que tienen la posibilidad de crear estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECA) bajo los mismos parámetros que exige la norma. Sin embargo, aclara que al final, controlar el cumplimiento de la norma será responsabilidad de las alcaldías locales.
Los resultados se vienen cumpliendo de a poco. Según la Secretaría de Hábitat, en Bogotá hay 21.951 recicladores y de estos apenas 6.938 hacen parte de alguna organización. Ahora el reto será ordenar las 1.429 bodegas, a donde llegan 900 toneladas de las 6.000 que produce a diario Bogotá. En marzo del próximo año se conocerá el resultado.