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El sur también existe

A localidades como Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal se les exige, entre otras cosas, ser reserva natural, solución de vivienda, cantera y depósito de basuras. Sin embargo, la normatividad no está de su lado.

Santiago La Rotta
05 de enero de 2011 - 10:22 p. m.

La vereda de Quiba queda en el extremo sur de la localidad de Ciudad Bolívar. Está encerrada por grandes montañas, en las que se ve cada tanto la cara desnuda del cerro, allí donde hay una cantera, más allá otra. En ella viven más de 800 personas, en su mayoría campesinos que desde el borde sur de Bogotá no alcanzan a ver el fin de la ciudad debido a la gruesa nata de contaminación en la que los bogotanos respiran cada día. Hay una escuela, una plaza, una iglesia. Sin embargo, desde hace 10 años la vereda de Quiba existe parcialmente para las normas de la ciudad que aún no la incluyen como un centro rural poblado, sino como un terreno rural con desarrollo restringido.

Además de sus parajes montañosos y húmedos, Quiba guarda dos tesoros naturales sobre los que no se habla mucho. Uno son los acuíferos de diferentes tipos que hay debajo de la zona y que, en palabras sencillas, son enormes depósitos de agua, dinero líquido para algunos. Por otro lado, se encuentra una suerte de vegetación que pasaría por un simple matorral, pero que resulta ser un ecosistema que en el país sólo existe en pequeñas zonas del Magdalena, Boyacá, Cundinamarca y la Costa Caribe, conocido como subxerofítico. Sin embargo, a pesar de su importancia ecológica (es cobertura vegetal que protege yacimientos de agua, además de ser un laboratorio biológico para analizar los efectos del cambio climático sobre el bosque andino) y de su escasa presencia en el territorio nacional, este ecosistema aún no es reconocido oficialmente por las autoridades ambientales y los primeros estudios al respecto apenas los está haciendo el Jardín Botánico.

Al cruzar el mapa de la ciudad con el de la existencia de títulos mineros, la zona de Quiba (sin ser estipulada aún oficialmente como centro rural poblado, con importantes acuíferos y un ecosistema de gran singularidad aún sin reconocer) aparece rodeada por tres grandes propiedades con vocación minera, todas en manos de particulares, que a su vez colindan con por lo menos 17 más que se extienden por toda la localidad de Ciudad Bolívar, en suelos rurales y urbanos.

¿Qué pasaría si la norma de planeación cambiara para la vereda, se reconociera la importancia ecológica del subxerofítico y se protegieran los acuíferos (que en zonas como el Tunjuelo han sido gravemente dañados por las compañías mineras)? La minería, si bien es posible que pueda seguirse realizando, tendría que reducirse enormemente para no afectar el casco rural de la población, el subxerofítico y las aguas subterráneas.

Además del cerco de la actividad minera, la vereda de Quiba cada día se incorpora más a la expansión siempre caótica de Bogotá. Hoy, la línea que establece el perímetro entre el suelo urbano y rural sólo es visible en el mapa. Desde 2004, mil personas han llegado a edificar sus viviendas en esta zona, en la que no está permitido este tipo de desarrollos, según datos de la Secretaría de Planeación.

¿Qué consecuencias tiene esto? Uno, que las nuevas casas y urbanizaciones (generalmente con bajas condiciones de vida) son consideradas como ilegales, pero reciben servicios públicos y le tributan a la ciudad que los considera invasores por fuera de la ley. Y, dos, que la capital continúa un proceso desenfrenado de expansión que rápidamente consume recursos y suelos en pro del concreto y el asfalto. De acuerdo con los cálculos de la Secretaría, al ritmo en que se asientan los ciudadanos, en cinco años no habrá vereda de Quiba, sino varios barrios más.

Lo ocurrido con Quiba no es un caso aislado, sino un ejemplo de lo que sucede en la mayor parte del borde sur de la ciudad, en donde se concentran altos porcentajes de los mejores suelos aptos para la agricultura, así como la salida al páramo de Sumapaz, el más grande del mundo. Para 2020, cuando el sistema Chingaza funcione al tope de su capacidad (que hoy provee algo así como el 70% del agua que consumen los bogotanos), la gran reserva de agua se ubicará en el sur de la capital.

Hoy, allí, en el sur, se concentra buena parte de los asentamientos ilegales del país (Ciudad Bolívar es la localidad que más acoge a la población desplazada), fuera de que, históricamente, la mayoría del territorio de localidades como Usme, San Cristóbal y la misma Ciudad Bolívar se pobló de mano de los urbanizadores piratas, que en décadas pasadas  reemplazaron al Distrito en aquello de la planeación urbana.

En la actualidad, Bogotá produce apenas el 1% de los alimentos que demanda. De acuerdo con los cálculos del área que la ciudad posee en terrenos aptos para la agricultura (el 70% del área de la capital es rural), este porcentaje debería ser de 25%. La mayoría de estos suelos, exceptuando la Sabana en el norte, se encuentran en Usme y Ciudad Bolívar.

Buena parte del déficit de vivienda, con especial énfasis para la población de menos recursos, se planea solucionar en el sur de la capital con el megaproyecto “Usme, ciudad futuro”, que pretende edificar 53 mil viviendas en 900 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los más grandes de su tipo en Latinoamérica.

Asimismo, la disposición de los desechos de toda la capital se hace exclusivamente en el relleno sanitario Doña Juana, también en el sur, que el año pasado, entre peleas y denuncias, fue adjudicado a una nueva empresa. Históricamente, los habitantes que viven en las cercanías del relleno se han quejado de problemas respiratorios, entre varios otros. En las veredas Mochuelo Alto y Bajo suele haber miles de moscas por habitante.

Al sur de la ciudad se le piden muchas cosas: depósito de la basura, proveedor de alimentos, reservorio de agua y lugar de acomodación de los más necesitados. ¿Qué tan sostenible es esta posición? ¿Qué tan justa?

Por Santiago La Rotta

 

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