La Contraloría de Bogotá advierte sobre el inminente riesgo de pérdida en el que estarían 40.615.000.000 de pesos desembolsados por la administración distrital para las obras del proyecto San Victorino.
El ente de control tomó la decisión de iniciar una advertencia fiscal ya que se detectaron algunas irregularidades, entre ellas que la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá (ERU) radicó de manera irregular ante la Secretaría de Planeación la solicitud para la aprobación del Plan de Implantación.
Otra de la falencias que detectó la Contraloría es que cuatro años después de haberse suscrito el contrato de gerencia con la empresa Urbe Capital (representante legal Julián Gómez) el 2 de octubre de 2007 no se ha cumplido la fase preoperativa del proyecto, ya que no se ha logrado el punto de equilibrio en las ventas estimado.
“Por cuenta de los retrasos, el distrito ha dejado de percibir importantes sumas de dinero por conceptos de ICA, predial, entre otros. Lo que estaría poniendo en riesgo intereses patrimoniales del Distrito por más de 40 mil millones de pesos entregados a la Fiduciaria Bogotá S.A.”.
También llama la atención a este ente de control situaciones particulares que vienen teniendo lugar con respecto a algunos contratos suscritos para el proyecto. Por ejemplo, el contrato de fiducia fue prorrogado tres meses más y vence el 6 de septiembre de 2011, mientras que el de gerencia (Urbe Capital) se extiende hasta el primero de abril de 2014 con la atenuante de que la gerencia del proyecto ha tenido varias remuneraciones por adiciones al contrato a pesar de los incumplimientos.
“En anticipos hay más de 1.600 millones de pesos y lo que más llama la atención es que desde el 17 de julio de 2009 hasta el inicio de la parte operativa, Urbe Capital recibe mensualmente 89 millones de pesos más IVA”.
El contrato de interventoría por 658.524.740 pesos está a cargo del consorcio Centro Comercial, compuesto por la firma Ponce De Leon, actualmente en liquidación.
A la fecha, el proyecto ha contado con recursos discriminados así:
Aportes directos de la ERU: $19.500 millones de los cuales se ha gastado 15.210 millones.
$21.115 millones representados en el valor catastral de predios de la manzana 22 y se tienen previsto 3.000 millones del Instituto para la Economía Social (IPES) cuando se inicie la fase operativa.